Como a finales del 2024 se lo exigió el presidente Petro a sus ministros y principales funcionarios, si, en realidad aspiran a elegir un sucesor y una significativa bancada de senadores y representantes que aseguren continuidad al programa del Pacto Histórico, este es el año de ejecutar los proyectos decantados de los numerosos esbozados por varios de sus ministros que lo acompañaron o continúan con él en los 29 meses transcurridos de este gobierno.
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Al convencerse que en los 20 meses que le restan le será muy difícil sacar adelante las reformas que propuso, con la incertidumbre internacional generada por la posesión de Maduro y Trump, y con el año 2026 en plena campaña electoral; en los 12 meses del 2025, su equipo de gobierno deberá concentrarse en sacar adelante las reformas más viables, o por lo menos, iniciar o dejar contratadas y financiadas obras esenciales prometidas a lo largo y ancho del país, tales como la variante Timbío-El Estanquillo, en el Cauca, para la que, a finales de 2024, alcanzaron a publicar los prepliegos de licitación. Además las obras y proyectos más viables a incluir en los municipios en infraestructura, salud, educación y cultura, producción agropecuaria, transición energética, etc, priorizados con las comunidades en la antes llamada Misión y ahora Pacto por el Cauca.
Reto nada fácil en medio del obligatorio apretón presupuestal; los enfrentamientos con el presidente del Senado; la incertidumbre sobre la decisión de la Corte acerca de la legalidad o no de la Reforma pensional; los partidos de oposición pensando en radicalizar el ambiente, con miras a las próximas elecciones y, junto a la mayoría de grandes medios de comunicación controlados por los principales grupos económicos del país, más empeñados en desacreditarlo, al maximizar en sus espacios casos de corrupción como el de la UNGRD; las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial con Nicolas Petro implicado, etc. Todo lo anterior sumado a la lenta ejecución del presupuesto y notorios errores de algunos funcionarios del gobierno; mientras minimizan el logro de haber sido clasificado Colombia por la OCDE entre sus afiliados, como el 6º país de mejor manejo de la economía en 2024, jalonada por la notoria reactivación de la producción agropecuaria, sus exportaciones y de algunos productos industriales, a la par que la inflación se redujo del 13 al 5%.
Sin los 12 billones que le negó el Senado para el presupuesto de este año, las obligaciones impostergables de la costosa deuda externa heredada del gobierno de Duque y con la DIAN recaudando menos impuestos de los calculados, desde los ministerios y principales entidades del alto gobierno con bisturí de cirujano deberán recortar nóminas y presupuestos para no afectar las inversiones en subsidios y proyectos básicos destinados a impulsar el desarrollo de las regiones y sacar de la pobreza absoluta a millones de colombianos.
Con o sin la aprobación de la reforma a la salud, el gobierno deberá evitar que el servicio continúe deteriorándose en las EPS intervenidas, en los hospitales y clínicas a las que no pagan a tiempo por servicios prestados y en el suministro de medicamentos; pues la percepción del deterioro creciente del servicio, los usuarios que a diario la sufren, se la pueden achacar al gobierno y no, principalmente, al manejo incontrolado de los billones que durante más de 20 años han hecho los dueños de las EPS presentando cuentas infladas y sin comprobantes, al igual que varias clínicas y hospitales, mientras exigen un mayor incremento de la UPC.
También, el ministerio de Salud deberá continuar en el fortalecimiento del sistema de prevención y atención básica iniciado por la Secretaría Departamental de Salud, en departamentos como el Cauca, para recuperar centros de salud abandonados, construir otros y hospitales de primer y segundo nivel, como los prometidos para El Bordo y Guapi, asegurando el personal médico y paramédico que los atienda en regiones olvidadas por las EPS que rigiéndose por la rentabilidad económica, concentraron sus servicios en las principales ciudades del país donde con recursos del Estado invirtieron parte de los billones desviados en beneficio propio, para construir edificios de sus sedes, clínicas y laboratorios.
Sin olvidar, que fuera de las dificultades que en todo el país afronta la intervenida Nueva EPS, en el Cauca se agrava la situación por las largas colas para la entrega de medicamentos; al igual en ASMET Salud y EMSANAR, con retardo en la aprobación de citas, exámenes, cirugías y otros tratamientos, con miles de afiliados, afectados cuando desde Bogotá, cometieron el error de enviar como interventores a unos costeños que no conocían la región y resultaron implicados en negocios turbios, al desviar plata de la salud, hacía un funcionario de apellido Uran, que manejaba los hilos desde la recientemente intervenida Coosalud. Este panorama desagradable en medio de la notoria desmejora del servicio para los usuarios.
2025, también es el año de enderezar el proceso de “paz total”, que con ingenuidad, pretendió que el ELN, las disidencias de las FARC, la Nueva Marquetalia, el Clan del Golfo y numerosas sucursales originadas de la escisión de grupos guerrilleros y paramilitares, a cambio de un generoso cese al fuego sin contraprestaciones, aceptaran la propuesta pacifista del primer gobierno de izquierda democrática elegido en el país y no la aprovecharan con sinceridad, engañándolo al estilo que hicieron los bolcheviques con el gobierno pluralista y de transición de Kerensky en la Rusia de 1917, y se fortalecieron en regiones como el departamento del Cauca, al enfrentarse entre ellos, sin importarles los campesinos e indígenas en medio de los combates por apoderarse de más municipios donde controlar el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el reclutamiento de menores.
Otro reto para el gobierno, será asegurar la plena presencia del Estado en el corregimiento de El Plateado y el cañón del río Micay, después que mediante la operación Perseo, fue tomado por el Ejército el cuartel de la facción del EMC de las disidencias, y donde han prometido obras como la construcción de un colegio, el hospital, el pleno acceso a internet, y el fomento a cultivos como el café, cacao, frutas, tomate y fríjol, cuyo mercadeo estaría asegurado con la cadena de supermercados La Montaña. Además del arreglo de vías, como la abierta entre la comunidad y la guerrilla, que desde agua Clara permite embarcarse en lancha para por el río llegar en 40 minutos a la cabecera municipal de López del Micay.
PS: En el Cauca sería otro grave error del gobierno, el no agilizar la compra y legalización de predios para ubicar a los damnificados de los desplazamientos de tierra del municipio Rosas, avaluados en menos de $20.000 millones, que descuidaron Olmedo López y sus compinches de la Ungrd, por estar cuadrando los torcidos en la compra de carrotanques y destinar miles de millones en municipios de otros departamentos del norte del país donde no los necesitaban, pero donde sí podían repartirse la plata con algunos congresistas, alcaldes y contratistas particulares.
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