A comienzos de 2025, Cali se sacudió con una noticia indignante: la Alcaldía de Alejandro Eder Garcés devolvió al Club Campestre la suma de 2.242 millones de pesos por concepto de impuesto predial correspondiente a las vigencias 2020 a 2023 de la anterior administración. La justificación oficial fue que las 125 hectáreas del exclusivo club habían sido declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), lo que le otorgaba la exención total del tributo.
La indignación ciudadana no se hizo esperar. ¿Cómo es posible que los sectores más poderosos de la ciudad no paguen impuestos, mientras a la mayoría se les exige cumplir con amenazas de embargo? El episodio dejó al descubierto la profunda inequidad tributaria de Cali y convirtió a Eder Garcés en el alcalde más impopular del país.
Frente a la ola de críticas, el mandatario convocó a una rueda de prensa con dos anuncios rimbombantes: la creación del “predial social”, para aliviar las deudas de los hogares vulnerables, y la revisión integral de las declaratorias de BIC. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que se trató solo de promesas vacías. El predial social nunca existió y las declaratorias BIC siguen intactas.
El informe de la Contraloría
El reciente informe de la Contraloría General de Cali confirmó las sospechas: la declaratoria del Club Campestre como BIC tuvo irregularidades. El predio no cumplía las condiciones de conservación y protección exigidas por la norma vigente, por lo que no podía acceder a la exención, mucho menos al 100 %. Aunque las responsabilidades individuales serán materia de investigación disciplinaria, la responsabilidad política es ineludiblemente del alcalde Eder Garcés.
La absurda solicitud del club de un beneficio extra
Como si no fuera suficiente, se reveló que el Club Campestre obtuvo un beneficio adicional de 313 millones de pesos, correspondiente al alivio tributario otorgado a los contribuyentes comerciales que vieron reducidos sus ingresos durante la pandemia. Esto implicó que, además de estar exento del pago total del predial gracias a su declaratoria como BIC, la Alcaldía le concedió otra ayuda sobre el mismo impuesto. El resultado es tan escandaloso como insólito: el club terminó recibiendo del Distrito de Cali una devolución equivalente al 135 % del impuesto predial de la vigencia 2021, es decir, más de lo que realmente pagó.
Solo ahora que el escándalo se hizo público y los entes de control intervinieron, el club devolvió los 313 millones de pesos que habían recibido como resultado de una política que venía de la alcaldía de Jorge Iván Ospina dirigida a compensar los efectos de la pandemia, dinero que el Club éticamente nunca debió solicitar ni recibir. Pero ese gesto no borra la pregunta de fondo: ¿cómo fue posible que la Alcaldía de Eder Garcés autorizara semejante exceso?
Un acto de odio de clase institucionalizado
Este episodio no solo destapa un entramado de privilegios y favores indebidos, también desnuda la lógica de una administración distrital al servicio de los más ricos. Mientras tanto, cientos de familias humildes que creyeron en la promesa del “predial social” siguen esperando un alivio que nunca llegó.
¿Cómo explicarle a una madre cabeza de hogar, endeudada por predial, que al Club Campestre no solo se le condonó el 100 % del impuesto de 2021, sino que además se le dio un auxilio de 313 millones? No es simplemente un abuso, es la expresión de un odio de clase institucionalizado: la norma acomodada a la medida de los poderosos, mientras la mayoría ciudadana recibe migajas o falsas promesas. La conclusión es clara: en Cali, bajo el gobierno de Eder Garcés, no habrá justicia tributa.
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