Pocos minutos antes de que un helicóptero militar lo rescatara del lugar donde el miércoles 13 de agosto sobrevivió atentado, el representante a la Cámara Julio César Triana divulgó dramáticas imágenes que mostraban cómo quedaron los vidrios de su camioneta blindada alcanzados por fuego de fusiles y pistolas de nueve milímetros.
La llegada de la nave, enviada por orden de la Casa de Nariño, debió resultarle providencial a un hombre que, como él, aguerrido crítico de las políticas de defensa y seguridad ha cuestionado en los recintos parlamentarios el pobre mantenimiento y la falta de capacidad operacional precisamente de los
helicópteros de las Fuerzas Armadas.
Analistas del gasto militar consideran célebre el debate realizado por el representante de Cambio Radical promovió cuando Iván Velásquez, actual embajador ante El Vaticano, se desempeñaba todavía como ministro de Defensa.Cifras en mano, Triana denunció que de la fuera una moderna flota de helicópteros
M-17 rusos solo quedaban al servicio de las tropas cinco. Todo porque desde 2012
ningún gobierno invertía en su mantenimiento.
Denunció entonces las 731 aeronaves que figuraban en el inventario oficial, solo 298 se encontraban operativas. Un total de 223 estaban en los hangares de mantenimiento y 210 sufrieron siniestros o estaban en vías de ser dadas de baja.
Sus denuncias calaron en la Aviación del Ejército, fuerza que solo contaba entonces con 55 helicópteros disponibles de la que alguna vez fue una flota de 121 unidades. Contemplados por 34 que estaban en situación de “no operativos”,el 54 por ciento de la flota no estaba en capacidad funcional.
“El mayor desafío que hoy enfrenta Colombia es el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, que se localizan en topografías de difícil acceso. Para llegar a esos territorios y realizar ataques militares, labores de rescate, misiones humanitarias y transporte de tropas es indispensable el uso de helicópteros”. Lo que le ocurrió a él en el Huila, al lado de su equipo de trabajo, quedó enmarcado precisamente en una misión humanitaria que sirvió para evitar que el país tuviera que lamentar la pérdida de otro de sus legisladores, luego de haber despedido a Miguel Uribe.
Acucioso en el control político, el representante Triana -uno de los más apreciados por Germán Vargas Lleras, jefe de la colectividad- suele tocar incluso a puertas de las misiones diplomáticas en busca de información. Lo hizo, por ejemplo, cuando mediante un derecho de petición consiguió que Rusia le explicara que varias de esas naves militares colombianas estaban inactivas porque el gobierno no había
querido suscribir contratos de mantenimiento.
“Tal vez el Gobierno desconozca la importancia del uso de los MI-17 para la seguridad nacional y por eso prefiere tenerlos abandonados en Tolemaida, exponiéndose a un arbitraje internacional que nada bien le haría a nuestro país”, concluyó entonces.
Su voz ha sonado alto también en los debates sobre la política oficial de la paz total. Ha hablado de “ineficiencia y despilfarro”. Y ha tenido cifras según las cuales a comienzos de este año el gobierno había gastado más de $302 mil millones en tareas asociadas a esa bandera, con resultados pobres. Solo para la mesa de negociación con el Eln se habían destinado alrededor de $25 mil millones: solo en viáticos y tiquetes, $9 mil millones.
Se ha quejado también del hecho de que el gobierno no haya caracterizado a tiempo a grupos armados con los que inició negociaciones de manera improvisada. “Las organizaciones de alto impacto delictivo no tienen diálogo político, sino que aceptan la justicia de acuerdo con el Código Penal y al Código Procesal Penal”, ha planteado.
Para él, los grupos armados, que ahora lo atacan, se han fortalecido financiera y territorialmente durante los ceses al fuego.
El Gobierno ha tomado nota de sus observaciones sobre el debilitamiento de los presupuestos destinados a la seguridad nacional y ha tomado decisiones para corregir déficits del 48 por ciento para los recursos del Ejército Nacional, 36 por ciento para la Policía Nacional, 30 por ciento para la Fuerza Aérea y 24 por ciento para la Armada Nacional.
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