El pasado domingo se produjo en de Norte de Santander un hecho que fue ampliamente informado por los medios de comunicación. Un pelotón de soldados que realizaba labores de control en la zona rural del municipio de El Carmen, fue sorpresivamente hostigado por el ELN, que, como se ha vuelto cada día más usual, los atacó mediante drones cargados de explosivos. El resultado fue de 3 soldados muertos y 8 heridos.
El mismo día, en el departamento de Arauca, limítrofe con Norte de Santander, dos policías que se desplazaban vestidos de civil en una camioneta por la vía que comunica a Yopal con Arauca, fueron interceptados por unidades del ELN en la zona rural de Tame, que los tomaron cautivos, acusándolos de estar realizando actividades de inteligencia. Hasta el momento se desconoce su suerte y con lógica razón se teme por sus vidas.
Cabe preguntarse, de modo desprevenido, qué argumentos puede esgrimir una organización como el ELN, para seguir realizando acciones como esas, que, sin duda alguna, causan un daño irreparable a sus víctimas y generan un ambiente de zozobra en la población de esas regiones, careciendo, sin embargo, de la menor relevancia en el sistema económico político colombiano, en sus instituciones, en sus relaciones de poder e incluso en el gobierno.
En términos prácticos, realistas, ese accionar violento, que no es solamente patrimonio del ELN, sino de los numerosos grupos de las disidencias de las antiguas FARC, que se siguen dividiendo aceleradamente, adolece de una inutilidad absoluta. Se tienen unas armas, unas organizaciones que las emplean siempre a mansalva, y que rebuscan recursos por todos los medios posibles, la mayoría ilegales, con el sólo propósito de subsistir para seguir haciendo lo mismo.
Un sin sentido. Se supone que un levantamiento insurgente tiene como propósito fundamental la toma del poder con el apoyo inmensamente mayoritario de la población. Lo cual necesariamente implica que una porción cada vez más grande de esta se identifique con el discurso rebelde, lo haga suyo y se movilice en su apoyo. Con el perdón de todos esos grupos, pero si un hecho es aplastante en Colombia, es el que hace mucho tiempo perdieron el mínimo respaldo popular.
Lo que el ELN llama bases, que en el lenguaje de las disidencias se denomina masas, esto es, la gente que cree en sus postulados, se encuentra reducida hoy a la población intimidada de sus áreas de operación, que, movida exclusivamente por sus intereses más inmediatos, no tiene otro recurso que respaldar a esos grupos armados. En términos sencillos, preferirían que esos grupos no existieran, pero les toca aceptarlos, no tienen otra salida.
En otras palabras, esas guerras supuestamente insurgentes perdieron su sentido. Mucho más desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, que, por encima de cualquier otra consideración, puso de presente que la lucha armada en la Colombia de hoy está mandada a recoger. Por si quedaran dudas, el triunfo electoral de Gustavo Petro ratificó que las luchas políticas en Colombia adoptaban nuevos escenarios en los que había que concentrarse con toda seriedad.
Así, la violencia de los grupos armados que se tildan de revolucionarios, pasó a ser sólo una manifestación de fanatismo ciego. Hay que matar, secuestrar, traquetear, amenazar, únicamente para tener la posibilidad de seguir matando, secuestrando, traqueteando y amenazando, en un círculo vicioso del que no hay forma de salir, salvo decidiendo desaparecer y reincorporarse de algún modo a la sociedad, mediante algún acuerdo político con el Estado.
Opción esta última que les parece ridícula, quizás apenas un medio para adquirir alguna relevancia noticiosa, como sucedió con la llamada paz total. Que la prensa difundiera sus nombres rimbombantes y publicara sus fotografías al lado de alguna personalidad fugaz del gobierno o la comunidad internacional. Tras lo cual, creyéndose legitimados, podrían volver a sus andanzas. No saben más, sólo de matar y vandalizar, perdieron toda noción de la política.
Para todos los de mi entorno fue claro que el hecho debía provenir de la Marquetalia de Segunda
Traigo a cuento mi situación. Hace un año sufrí un atentado criminal que falló simplemente porque no estalló el poderoso explosivo que colocaron bajo la camioneta de la UNP donde me movilizaba. Para todos los de mi entorno fue claro que el hecho debía provenir de la Marquetalia de Segunda. Ahora, tras el atentado a Miguel Uribe, se viene a comprobar que la misma banda seguía insistiendo en otro atentado en mi contra, y nuevamente aparece el nombre de ese grupo disidente.
Supongamos que lograran asesinar a Gabriel Ángel. En nada avanzarían hacia la toma del poder. Tras el éxito, la demente cabeza de los criminales pasaría a concebir un siguiente objetivo. Otros miles de millones. Quizás, los contactos políticos clandestinos entre Bogotá y Venezuela, donde se ocultan los determinadores, celebrarían emocionados. El delirio absoluto, el lamentable final para quienes un día soñaron con una causa y un triunfo justos.
Del mismo autor: Las contradicciones de Petro con Estados Unidos
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