La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt lleva sobre sus hombros el peso de dos de los procesos que suscitan el mayor interés público. Ella es la encargada de impulsar la acusación contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente de la República, por lavado de activos y también quien imputó cargos penales a Daysuris Vásquez, exesposa de aquel.
Aunque se suponen independientes, los dos procesos tienen vasos comunicantes y al entrecruzarse le generan a la funcionaria riesgos que podrían enfrentarla a un conflicto de intereses que parece asomar la cabeza al examinar el papel de los protagonistas.
Daysuris o ‘Day’ Vásquez -como mejor se conoce- cobró notoriedad en 2023, cuando denunció públicamente que en los tiempos de la campaña presidencial Nicolás, su pareja en ese momento, recibió dinero de personas cuestionadas como Santander López Sierra (‘El hombre Marlboro’, con antecedentes por narcotráfico en Estados Unidos) y Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca y se quedó para sí con por los menos $1.300 millones, aunque se trataba de aportes para la causa proselitista.
‘Day’ no negó que ella hubiera participado en algunas de las gestiones subrepticias para el recaudo del dinero. La justicia la vinculó también a ella al proceso, pero luego la acogió como testigo. Así, el mismo día que la Fiscalía pidió ante un juez de control de garantías la detención domiciliaria para Nicolás Petro, a ella le consiguió una libertad con pequeñas restricciones como las de no salir del país y no sostener contactos con personas relacionadas con el proceso, salvo con su abogado.
La situación de ‘Day’ se transformó luego dramáticamente cuando los mensajes de chats y correos en los que soportó sus denuncias iniciales fueron revelados ampliados y completos por la aspirante presidencial Vicky Dávila. De acuerdo con la lectura de la Fiscalía una cosa era un contenido de esa naturaleza revelado por una periodista, que goza del privilegio del sigilo profesional y no está obligada a revelar sus fuentes ni sus procedimientos reporteriles, y otra distinta cuando lo hace un particular que debe ceñirse en su búsqueda de información a normas que limitan el derecho a la intimidad. En otras palabras, una cosa era Dávila en escena como periodista y otro como precandidata presidencial.
Con base en una consideración de esa naturaleza aparecieron en los estrados, como denunciantes y víctimas, Laura Andrea Ojeda, la actual pareja sentimental de Nicolas Petro, y Génesis Fabiola Olave García, amiga suya. Las dos se quejaron de que varios de los chats usados como piedra de escándalo por Day y por Dávila fueron extraídos de sus celulares y de otros dispositivos personales. Aseguraron incluso que para eso fueron usados recursos tecnológicos, al que de ser cierto constituiría una violación a las comunicaciones privadas.
La Fiscalía abrió un nuevo proceso basado en la nueva “noticia criminal”. Reconoció como víctimas a Ojeda y a Olave y clasificó como única sindicada -en principio- a Day Vásquez. El nuevo proceso le correspondió por reparto nuevamente a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, una abogada del Externado, quien se desempeña como fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos.
En esas condiciones la fiscal Laborde quedó enfrentada a lo que parece ser una incómoda dualidad: por un lado, Day Vásquez es para ella un testigo al que debe proteger; por otro, una sindicada a la que en junio de 2025 le imputó cargos por el delito de violación de datos personales, contemplado en el artículo 296 del Código Penal.
Lo que inclinaría la balanza en contra de la imparcialidad a que está obligada la fiscal es que, después de la imputación de cargos, el proceso no marcha con normalidad y puede perderse por causa de una prescripción.
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Las2Orillas revisó los trámites y los videos de las actuaciones en relación con el caso y encontró que Day Vásquez no ha atendido las citaciones en por lo menos tres oportunidades y ni ella ni su abogado se han conectado virtualmente y tampoco han comparecido personalmente.
En una audiencia del 13 de agosto de 2025, frustrada a la postre por la ausencia de la sindicada, la fiscal la excusó y le dijo a la juez que en ese momento Day Vásquez participaba en conversaciones de negociación con representantes de las víctimas. Tanto las víctimas como sus representantes lo negaron y dijeron que en ningún momento fueron citados a alguna diligencia con ese propósito.
“Se configuró una desinformación en estrados que induce en error al juez y revictimiza a la denunciante”, aseguró el penalista Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro y apoderado también de Laura Andrea Ojeda Estupiñán y de Génesis Fabiola Olave García.
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“El proceso -asegura Carranza- permanece detenido, sin que se haya fijado fecha para la acusación o, si se ha hecho, sin que se haya logrado realizar por la inasistencia de la imputada y su defensa. Este letargo procesal implica un incumplimiento directo de los artículos 250 de la Constitución y 137 de la Ley 906 de 2004, que imponen al fiscal deberes de impulso oficioso y de información clara a las víctimas”.
Para el abogado de las denunciantes, la Fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt evidencia trato desigual, sesgo y pérdida de objetividad en beneficio de la misma persona, Daysuris Vásquez, que es testigo y beneficiaria en el proceso de Nicolás e imputada en los de Laura y Génesis. Alega por eso el que llama “conflicto estructural de intereses”.
Al despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, llegó ya una solicitud formal para que la fiscal de estos dos casos sea revelada como medida para resguardarla del temido conflicto de intereses. Copia de la misma petición les llegó a las superiores jerárquicas de la fiscal Laborde: Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales y Sandra Liliana Mesa Agudelo, directora de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos.
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