Una creciente ola de incertidumbre jurídica y ambiental recorre los conjuntos residenciales ubicados en los cerros orientales de Chía, Cundinamarca, entre ellos Encenillos de Sindamanoy, Sindamanoy, Yerbabuena, Yerbabonita y otros desarrollos de alta valorización en los cerros de Chia.
La razón: la Corporación Autónoma Regional (CAR) ya tomó cartas en el asunto e inició visitas de inspección a estos proyectos de los cerros que llevan años de construidos, con el fin de verificar el cumplimiento ambiental, el estado de conservación del territorio y las condiciones en que fueron urbanizados estos sectores ecológicamente sensibles.
Estas acciones han cobrado fuerza gracias al trabajo de una exdirectora de la CAR, que actualmente lidera una lucha decidida por la protección de los cerros de Chía, y que ha venido alertando sobre múltiples irregularidades urbanísticas y ambientales en estos desarrollos.
Uno de los casos que más preocupaciones ha despertado es el de Encenillos de Sindamanoy, proyecto originalmente desarrollado por Pedro Gómez y Cía., cuyos pasivos siguen generando consecuencias. Como parte del proceso de quiebra del urbanizador, todas las zonas verdes del proyecto que lucen con orgullo los propietarios —a excepción de las manzanas de vivienda, las vías internas y el área de clubhouse— fueron entregadas a los acreedores financieros.
Este hecho ha generado un creciente temor entre los residentes, ante la posibilidad de que dichos acreedores puedan desarrollar, cercar o restringir el acceso a esas zonas naturales, que los copropietarios han considerado por años parte esencial de su entorno.
Lo más delicado es que ni la administración ni la junta directiva del conjunto han informado formalmente esta situación a los dueños de las viviendas, lo que ha encendido alarmas en muchos propietarios que no estaban enterados de esta realidad, que ha salido a la luz tras los recientes escándalos y acciones de inspección lideradas por la autoridad ambiental gracias al trabajo de la exdirectora de la CAR.
La combinación entre esta amenaza jurídica y el temor creciente sobre la legalidad ambiental del proyecto —construido sobre antiguas quebradas destruidas durante su urbanización— ha empezado a generar una devaluación real y progresiva de las propiedades en Encenillos, afectando tanto su valor comercial como la percepción de seguridad jurídica del conjunto.
Es decir que gracias a las denuncias se logró identificar que el proyecto fue desarrollado sobre una zona protegida, que nunca debió construirse, fuera de eso destruyo más de 7 quebradas (según información de la CAR) y desplazo una gran cantidad de fauna silvestre.
Conjuntos vecinos como Sindamanoy, Yerbabuena, Yerbabonita y otros ya están incluidos dentro del plan de visitas técnicas de la CAR, lo que augura una revisión generalizada del impacto ambiental acumulado en los cerros de Chía.
Los propietarios podrían estar enfrentando una tormenta legal y ambiental sin precedentes. De ser así, se convertiría en la mayor devaluación de la Sabana. Y lo más grave: la mayoría apenas se está enterando, fue gracias a las denuncias de una activista ambiental que fue directora de la CAR años atrás.
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