El empresario barranquillero Julio Gerlein, exnovio de Aida Merlano y financiador de su campaña cuando ella estuvo en el Congreso, irá al banquillo de los acusados para responder esta vez por intentar sobornarla para guardar silencio, no sobre su pasado tormentoso, sino sobre la manera como él habría lubricado maquinarias políticas para la compra de votos.
Su responsabilidad depende por ahora de las pruebas de las que disponga en su contra la Fiscalía, que acaba de imputarle el cargo de soborno en actuación penal.
Entre las evidencias que obran contra Gerlein se encuentran algunas llamadas que él habría hecho a la cárcel de Mujeres El Buen Pastor para que Aida autorizara el ingreso como visitantes a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón quienes habrían de llevarle la posible oferta.
Según la Fiscalía, los dos litigantes pusieron simbólicamente sobre la mesa $3.000 millones y, ante la negativa de Merlano, la subieron a $3.500 millones. La propuesta consistía en que ella, como testigo de primer orden, se abstuviera de involucrar a Merlano con la compra de votos en beneficio del hoy exsenador Arturo Char y también de candidatos de otros partidos.
Aquella sería la oferta principal, pero no la única. De acuerdo con el pliego de cargos, los dos abogados ya habían visitado a Merlano para ofrecerle, mediante una carta entregada a su mano, $500 millones para gastos médicos y para el pago de honorarios al abogado que la defendía.
Las actuaciones de los abogados, que la Fiscalía da como un hecho, les costará a ellos la imputación de cargos por soborno y falso testimonio, ya que han pretendido negarlas.
Son casi 7 años los que lleva Gerlein cercado por la justicia
Los líos para el empresario Julio Gerlein, quien contrató como abogado al penalista Jaime Lombana, se remontan a 2018 y comenzó con enfrentamientos con su pareja de entonces, que le reclamaba por posibles incumplimientos en la financiación de su campaña al Senado. Los testigos que han desfilado ante la Fiscalía refieren un episodio según el cual él tuvo que recordarle a ella que le había girado unos $12.000 millones de pesos para ayudarla a llegar al Senado. “Papi, ven acá, ¿a quién le diste la plata? Porque a mí no me ha llegado”, le habría respondido ella con su desparpajo caribe.
Grabaciones en poder de la policía judicial registran que la pelea se produjo por teléfono y en más de una ocasión Gerlein la interrumpió para ordenarle a alguien que estaba a su lado que le consiguiera todas las consignaciones, relación de cheques y los movimientos contables hechos para fortalecer la aspiración de su novia y candidata al Senado por el Partido Conservador.
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Durante el proceso fueron recaudados como prueba documentos sobre la manera como se movió el dinero. Por eso, la Fiscalía decidió convertir a Aída Merlano en testigo y lo hizo desde la época en la que ella estuvo refugiada en Venezuela después de haber protagonizado un espectacular escape en Bogotá.
Gerlein ya estaba acusado por el presunto delito de corrupción al elector porque, según documentos hallados el 11 de marzo de 2018, durante el allanamiento a la sede de campaña de la congresista, los dineros que salieron de sus cuentas y de las de uno de sus hermanos, Mauricio Antonio Gerlein, habrían sido usados también para “estimular” a los votantes.
Alguna vez Aida Merlano se declaró arrepentida de haber declarado contra Gerlein y le ofreció excusas por medio de una carta muy sentida. En su posterior condena quedó establecido que los millonarios aportes se movieron a través de la cuenta Bancolombia número 6920919416, perteneciente a los hermanos Julio Eduardo y Mauricio Antonio Gerlein.
La mayoría de las personas que han declarado en los dos procesos se han aferrado a la versión, según la cual por lo menos $4.000 millones que se movieron a través de esas cuentas provenían de un crédito obtenido, coincidencialmente en época de campaña, por una empresa de propiedad de Gerlein. Cuando la policía judicial le siguió el rastro al dinero encontró que se movió a través de cheques que salían a nombre de contratistas y de empleados de Gerlein y que luego, a través de una cadena de endosos, fueron a parar a los fondos de la campaña.
No menos de once empleados de Gerlein declararon que ellos aparecieron como beneficiarios de pagos ficticios y que jamás dieron autorización para que los cheques fueran girados a nombre suyo.
La empresa que quiso amparar los giros con sus registros contables es VALORCOM S.A.S., la firma de contratación pública fundada por Gerlein en 1992. En su momento, a la Corte le pareció poco o nada creíble que empleados de bajo nivel de la empresa tuvieran el nivel de confianza de Gerlein para ir a recoger sumas de hasta $1.000 millones.
Dos de los declarantes, Armando José y Adriana Jesús Blanco Ceballos, intentaron explicar los dineros recibidos con la supuesta existencia de contratos para transporte de materiales y presentaron facturas de compraventa por valor de $2.444.617.340, que jamás estuvieron registrados en la contabilidad.
Los empleados o exempleados de VALORCOM Sonia Márquez, Antonio Cantillo, Elkin Hernández, Ricardo Barros, Luis Gutiérrez, Carlos Parody, Froilán Cantillo, Karla Vargas y Mónica Molinares desconocieron los cheques girados a sus nombres. Otros empleados de esta empresa fueron contactados por Julio Gerlein para que figuraran como beneficiarios de títulos cuyo valor nunca recibieron. Entre ellos están Sandra San Martín, Jorge Barrera y Floris Murillo.
Mediante esos procedimientos llegaron a la tesorería de la campaña 21 cheques por un monto global de $1.076.535.000, lo que, a juicio de la Corte, contraria el desenvolvimiento normal de actividades empresariales porque se esperaría que se hubiese hecho un solo giro por el monto global y no parcelado.
Esta vez Aida Merlano parece dispuesta contar una verdad corroborable.
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