A raíz del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, tras el atentado con arma de fuego del que fue víctima, se conoce, entre tantas declaraciones, una que llama especialmente la atención. Se trata de un comunicado firmado por Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado para la Paz, y Humberto de la Calle, Ex Jefe Negociador, los dos protagonistas centrales del Acuerdo Final de Paz de 2016, en el que recaban en la responsabilidad del gobierno actual.
A diferencia de otros que en forma grosera han acusado a Gustavo Petro de crear con sus intervenciones un clima de hostilidad, propicio para alentar la decisión criminal contra el hoy fallecido precandidato Uribe, los dos personajes imprimen a su opinión un sesgo que merece mejor atención. Si se hubiese implementado el Acuerdo Final de Paz tal y como quedó pactado, no estaríamos viviendo las dolorosas realidades que nos sacuden diariamente.
Claro, la responsabilidad por ello no puede endilgarse exclusivamente al actual gobierno. Santos tuvo año y medio para hacerlo, y el gobierno de Iván Duque Márquez contó con cuatro años completos, lo que hace que, al llegar Petro, habían transcurrido casi seis, un valioso tiempo desperdiciado. La diferencia estaba en que el gobierno que tomaba las riendas del país en el 2022 era de izquierda, progresista, democrático.
Es que, si lo pensamos bien, la vida da inesperadamente vuelcos asombrosos, que ponen las cosas al revés sin haberlo pensado antes. En Colombia, con excepciones honrosas, consecuencias del poder y la arrogancia del narcotráfico, los muertos por razones políticas habían pertenecido siempre a los sectores políticos alternativos. Al igual que los detenidos arbitrariamente, los exiliados, los torturados, los desaparecidos y demás.
El responsable de los crímenes contra la democracia era el llamado terrorismo de Estado, altos funcionarios y altos mandos militares que, aliados con terratenientes, ganaderos, mafiosos, gamonales, servicios de inteligencia y seguridad, se adjudicaban el derecho de sacar de en medio a todo aquel que resultara incómodo al poder establecido. Que no era otro que el de los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas de derecha que los sucedieron.
La nación colombiana todavía espera justicia. En el Acuerdo de Paz, aunque no sea propiamente el tema de esta nota, se creó la JEP, con la tarea exclusiva y preferente de investigar y juzgar los peores delitos sucedidos durante el conflicto. Hasta donde sabemos, esa jurisdicción se ha ensañado con los antiguos mandos guerrilleros, pero poco se ha ocupado de la ola de terror que desde las alturas del Estado se encargó de generar la respuesta violenta de los de abajo.
Pero, volviendo al tema, en La Habana se discutió cómo garantizar a los alzados que dejarían las armas y a todas las fuerzas políticas y sociales alternativas o de oposición, que pudieran hacer política por vías legales, democráticas y pacíficas. O sea, que no los asesinaran, desaparecieran o encarcelaran como en el pasado. Ellas eran la oposición perseguida y victimizada, las beneficiarias del Acuerdo. La democratización era el ingreso libre de estas fuerzas a la política.
A Santos no le alcanzó el tiempo para la implementación, aunque hubo actos legislativos y leyes que la iniciaron. Del período que siguió, ni hablar. ¿Alguien recuerda que hubo un presidente Duque? Así que llegado Petro, era a él a quien le correspondía, en los siguientes cuatro años, realizar efectivamente todo lo posible para que el Acuerdo no quedara en letra muerta. Todos nosotros creímos sinceramente que al fin se materializaría el sueño.
Lo que señalan Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, es que Petro no ha hecho nada por implementar ese Acuerdo en su sentido fundamental, las garantías para la oposición. Para la vida, el ejercicio tranquilo de la política. Con una pequeña salvedad mía, claro. Que ahora la oposición es esa clase política tradicional que durante décadas tuvo responsabilidad en la violencia y la sangre. Ahora, la sorprendente paradoja es que las garantías del Acuerdo son para ellos.
Los ex altos funcionarios tienen razón, lo que Petro mostró con el Acuerdo fue desdén, indiferencia, incluso desprecio
Es lo que se deduce, con sana lógica, de ese comunicado. Petro tampoco ha cumplido el Acuerdo, la violencia en la política sigue. No sólo por Miguel Uribe Turbay. 470 firmantes asesinados, miles amenazados y desplazados de sus lugares de reincorporación, decenas de desaparecidos. Los ex altos funcionarios tienen razón, lo que Petro mostró con el Acuerdo fue desdén, indiferencia, incluso desprecio. Llegó a llamarlo la paz chiquita, amargamente.
Las garantías deben ser para todos, sin excepción. Petro nos debe eso a los firmantes de paz y a todo el país. Habrá hechos cosas buenas e importantes, sí. Pero mantiene un enorme saldo en rojo, el Pacto Político Nacional. Por lo visto, queda esperar que un nuevo gobierno, en el 2026, se empeñe de verdad en construir la paz, que comienza, entiéndalo por favor, con la implementación integral del Acuerdo que tendrá entonces 10 años de firmado.
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