Alguien tuvo que haber hablado mal de Nicolás Castro, puesto que, sin que hubiera hecho nada malo, llegaron a su casa el 15 de julio a las 6 de la mañana cinco detectives de la Dijín que tenían una orden de allanamiento, no dijeron nada, como si se tuviera que aceptar tácitamente la presencia de estos agentes, se limitaron a decir que estaban allí por unas amenazas que se habían presentado en contra del hijo del presidente.
Los agentes agarraron el computador de Castro, también el de su hermana menor, y se fueron. Después de esto, el joven universitario supo que había comenzado su proceso, no tenía ninguna citación, ni nada que lo vinculara con las supuestas amenazas, solo sabía que había algo complejo que no entendía, pero que tampoco se podía entender.
Lo único claro era que unos extraños lo habían asaltado en su casa mientras él todavía dormía, y se habían llevado sus cosas y las de su hermana. Hasta ese momento todo parecía una broma de mal gusto, una contrariedad que no entrañaba ningún peligro, pero eso no impidió que lo empezara a invadir la preocupación de estar siendo acusado de algo de lo que ni siquiera estaba enterado.
Ante la confusión del hecho, el joven de 23 años decidió dirigirse a la Fiscalía para averiguar por los computadores, allí le hicieron un interrogatorio sin la presencia de sus abogados y no le dijeron nada más. Luego de esta primera visita, Castro fue en otras oportunidades para averiguar lo que estaba pasando, pero en esas inmensas instalaciones llenas de archivos, tinterillos e interminables corredores, ninguno de los escépticos funcionarios tenía datos ni consejos jurídicos que darle al joven estudiante de artes, nadie entendía lo que estaba pasando.
Lo único que sabía, según le dijeron los detectives durante el allanamiento, era que su proceso estaba relacionado con unas amenazas contra Jerónimo Uribe, hijo del entonces presidente Álvaro Uribe. Por otro lado, en la emisión central de Noticias Caracol días antes del allanamiento, habían informado que las amenazas a Jerónimo provenían de un grupo de Facebook, sin embargo, no se sabía más, puesto que el grupo había sido borrado de la red.
Pero Nicolás no era el creador de ningún grupo de Facebook, no sabía de qué se trataba todo lo que estaba pasando. Así que, indagando un poco se dio cuenta de que Jerónimo Uribe, ese muchacho que tenía matrícula condicional en la Universidad de Los Andes por hacer plagio, había podido poner una denuncia penal por las amenazas del grupo de Facebook, la cual le recibió el Fiscal Mario Iguarán el 10 de julio de 2009 a la 5:06 p.m., cuando ya la Fiscalía estaba cerrada y ningún ciudadano del común podía radicar una denuncia.
La denuncia hacía referencia a un grupo de Facebook que tenía solo 13 seguidores y llevaba por título “Te Vamo’ a Mata’” con una foto de Tomás Uribe y una descripción en la que se decía: “Un grupo para aquellos que quieren vengarse del bellaco tirano, gobernante legítimo, masacrador, genocida, cobarde, monstruo llamado Álvaro Uribe Vélez, asesinando a su no menos criminal, y no menos barbaro hijo Jerónimo Uribe (…)”. (sic)
En medio de la confusión que tenía el DAS en la investigación del caso de quien ellos creían un criminal de alto grado, le solicitó a la Embajada de los Estados Unidos que le suministrara las direcciones IP sobre las actividades del grupo en Facebook. Sin embargo, el informe de la Embajada no reveló quiénes habían creado el grupo, ni nada nuevo que no se supiera. Pero, el informe de los investigadores del DAS aseguraba que la Embajada había reportado tres direcciones IP que fueron utilizadas para algún movimiento dentro del grupo, entre ellas la IP del computador de la mamá de Nicolás, la señora María Eugenia Plested.
Es así como el 12 de agosto de 2009 los investigadores de la Dijín llegan al trabajo de la señora María Eugenia con una orden de allanamiento, similar con la que llegaron un día a su casa a llevarse los computadores de sus hijos, aunque la orden estaba restringida solo para el computador y el puesto de trabajo, los agentes resultaron revisando más puestos, entrevistando personas y llevándose tres computadores y dos memorias USB.
Los agentes de la Dijín informaron, según La Silla Vacía, que "en los computadores encontraron 35 referencias a Jerónimo Uribe, 1.418 a Álvaro Uribe y 25 a la palabra “rata”. Se llegó a hablar incluso de “documentos” sobre esto. Lo cierto es que en un informe de los propios peritos se dice que esto no hacía referencia al caso. “Son archivos guardados automáticamente por el sistema”, dice textualmente el informe, que además calificó este hallazgo como un “falso positivo”. En otras palabras, se trataba de términos que quedan almacenados por las páginas que se visitan en Internet. ¿Cuántas veces sale “Álvaro Uribe” o “Jerónimo Uribe” en El Tiempo o en El Espectador?"
Estos eran los códigos que se tenían para juzgar a Nicolás Castro, un muchacho que si había vivido algún caso similar era en alguna de las novelas de Kafka o en alguna obra de arte a las que había dedicado gran parte de su vida, se encontraba ahora dentro de una laberíntica burocracia donde la justicia parecía ser una completa farsa.
Finalmente, la Fiscalía presentó un archivo de Word donde supuestamente fueron copiados unos mensajes de Messenger de Nicolás con su novia, los cuales, supuestamente, inculpaban al joven artista, pero no apareció un expediente con la copia digital de la conversación tal cual como ocurrió. También se reveló la única reacción que había tenido Castro en el dichoso grupo de Facebook, en la cual decía:
“Este tipo con sus artesanías de Colombia no hace más que explotar indígenas y gente de bajos recursos, además está acusado de plagio en la universidad de los Andes y es bien conocido por acallar ese y otros tipos de problemas que ha tenido al interior de esa universidad, amenazando con matar a quien se le enfrente…hp”. Con estas “pruebas” materiales, Nicolás Castro fue acusado por el delito de instigación a delinquir agravada.
Fue así como, el 2 de diciembre del 2009, la policía se ufanaba con un heroico titular diciendo: “Gran trabajo policial para capturar al hombre que amenazó de muerte al hijo del presidente”. Luego de que Nicolás Castro fuera capturado en Chía y, posteriormente, trasladado a la cárcel La Picota donde, en principio, debía pagar una multa de $745 millones y 15 años de prisión. Pero, la defensa del joven artista, consiguió que este estuviera recluido por 4 meses, para luego pasar otros 4 meses en prisión domiciliaria. Hasta que fue dado en libertad, luego de que su vida se viera destruida por el solo hecho de haber escrito, como se dice coloquialmente, un madrazo.
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