Con la creación de nuevos CAI (Comandos de Atención Inmediata) y la dotación de motocicletas a los policías, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confía en que estos recursos bastarán para reducir la criminalidad en la ciudad y su área metropolitana. Sin embargo, dicho accionar se limita a un maquillaje institucional: no solo omite las causas estructurales de la delincuencia, sino la investigación criminal, la inteligencia o la participación comunitaria en la detección, el análisis y la prevención del delito.
La reestructuración de la institución policial resulta indispensable para robustecer una estrategia integral de seguridad ciudadana. El ingreso a la fuerza pública debe condicionarse al título profesional en Derecho o en Ciencias Forenses con énfasis en investigación criminal, expedido por universidades acreditadas, e incluir de manera obligatoria módulos en derechos humanos y técnicas alternativas de resolución de conflictos. Asimismo, las pruebas de probidad (polígrafo y evaluaciones psicotécnicas) deben constituir requisito previo al nombramiento, mientras que una remuneración no inferior a cinco millones de pesos mensuales garantizaría un salario digno, mejoraría el desempeño y atraería talento. No puede soslayarse el pleno respeto a la libertad de asociación sindical ni el ejercicio efectivo del sufragio activo.
La verdadera estrategia contra la criminalidad exige una reforma profunda del sistema penitenciario, orientada a la resocialización y rehabilitación efectiva de los internos, conforme a los principios de dignidad humana y reinserción social consagrados en la Constitución Política (artículo 49) y en la Ley 65 de 1993. El modelo vigente no solo ignora estos fines, sino que posibilita la connivencia entre redes criminales y personal carcelario, subordinando la seguridad al interés de quienes lucran con el delito y fomentando la reincidencia.
De igual modo, el sistema de justicia penal requiere una transformación radical en sus fases de investigación, juzgamiento y policía judicial. El Congreso de la República debe emprender una reforma de fondo de su función legislativa y de control político, dotándose de la especialización y la visión estratégica necesarias para expedir normas penales verdaderamente disuasorias frente al crimen organizado, en lugar de concentrarse en debates menores que poco aportan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
La cooperación interjurisdiccional se erige como un pilar esencial para atajar la criminalidad transnacional. Mediante la adhesión activa a la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada y a los acuerdos de asistencia legal mutua (MLAT), los Estados pueden compartir inteligencia, coordinar operativos, intercambiar pruebas, proteger testigos y ejecutar órdenes de extradición y embargo de activos ilícitos. La ausencia de estos mecanismos incrementa el riesgo de impunidad y perpetúa la operatividad de las redes criminales.
Es atroz y cínico que las autoridades del distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico persistan en un esquema fragmentario, limitado a la ostentación de motocicletas y CAI, sin articular un plan estratégico coherente. De este modo se despilfarran ingentes recursos del erario, se conculcan de modo flagrante los principios de planeación, legalidad, eficiencia, responsabilidad fiscal y transparencia, y se somete a la ciudadanía a una inseguridad crónica y deliberada. Tal despropósito no solo constituye un agravio institucional, sino un incumplimiento rotundo del mandato constitucional de proteger la vida, la integridad y el bienestar colectivo.
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