El primero de octubre de 2004, cuando Luis Francisco Ruiz Aguilar -actual gobernador del Caquetá- llegó a Cartagena del Chairá para prestar allí su servicio social obligatorio, algunos habitantes pusieron en duda su acreditación como médico porque no lo vieron trabajar en el hospital, sino dedicarse a aplicar
inyecciones y a hacer curaciones menores en una farmacia popular.
Quizá por un error inicial en los registros oficiales, Ruiz figuraba como egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, institución en realidad graduó su primera promoción de facultativos trece años después, en 2017. Sin embargo, en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) se encuentra que obtuvo su título “mediante un programa universitario de origen local” (no precisa cuál) y que el 21 de julio de 2005, mediante acto
administrativo número 1801570, el Colegio Médico Colombiano lo habilitó para su ejercicio profesional.
Luego de terminar su rural el 31 de marzo de 2005, se especializó en gerencia en salud y en sistemas de garantía de calidad y auditoría de servicios de salud y cursó una maestría en administración. Con todo, sus calidades como experto en el sector fueron validadas como propietario o socio posterior de la Clínica del Chairáy de la Clínica del Yarí, en San Vicente del Chairá y por su ejercicio médico de planta de en el hospital Sor Teresa Adele, en El Doncello.
En abril de 2020, cuando llegó a la gerencia de la ESE Hospital Regional María Inmaculada en Florencia, ya nadie abrigaba dudas sobre sus destrezas y solidez de su preparación. Lo malo para él es que la justicia penal, que ya le tiene listo en banquillo en la Corte Suprema, tiene razones para creer que su talento no fue utilizado para desarrollar y fortalecer la institución sino para hacer uso indebido de sus recursos.
El poderoso sindicato que se le atravesó en el camino al gobernador
La Fiscalía, en primer término, probó las denuncias hechas en su contra del hoy gobernador por ANTHOC- Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia. - uno de los más poderosos sindicatos regionales del sector salud y lo acusó ante la Corte por los delitos de prevaricato por acción,
falsedad material y falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
Cuando encontraron que el gerente modificaba los manuales de funciones del hospital sin consultar primero que los trabajadores y sus organizaciones, como lo exigen las normas, los dirigentes sindicales advirtieron que las actas de junta directiva que supuestamente habilitaban más de medio centenar de
nombramientos irregulares y en el enganche de 800 contratistas, habían sido falsificadas.
La policía judicial verificó que la adulteración de documentos le sirvió al gerente para eludir el control de la gobernación sobre varios gastos administrativos y de viajes con solo una muestra de ellos comprobó que el gerente cobró en cuestión de pocos meses viáticos por cerca de $60 millones. También encontró convenios simulados que abrieron más las venas del desangre. Los recursos girados por el Ministerio de Salud para la formalización del personal médico y de enfermería estaban embolatados por falta de asesoría.
Los señalamientos que pesan sobre su gestión
Entre los señalamientos más relevantes se encuentran convenios con fundaciones privadas con sobrecostos, deficiencias técnicas en documentación soporte y presuntos favorecimientos en la asignación de contratos.
Finalmente, también se ha defendido frente a los cuestionamientos sobre el manejo de recursos para la construcción de la segunda torre del Hospital María Inmaculada. Ruiz Aguilar ha afirmado que los recursos utilizados hacen parte del presupuesto operativo institucional y ha sugerido que algunas observaciones por parte del Ministerio de Salud responden a presiones de tipo político más que a
argumentos técnicos.
“Un experto en salud le dio un zarpazo al sector y el impacto se resiente en esta época en las que el gobierno insiste en una reforma integral”, comentó un médico de la ESE.

Fuente X
Frente al recaudo incriminatorio el entonces gobernador Arnulfo Gasca, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 8 años y seis meses, su antecesor en el cargo, declaró insubsistente a Ruiz para dejar que se defendiera por sus propios medios, como un ciudadano del común. Aun así, el saliente director encontró que los vientos de la política seguían soplando a su favor y consiguió su meta de llegar a la
gobernación del departamento. Antes había sido alcalde en municipios azotados por la violencia de la guerrilla y otros armados ilegales.
Respaldos políticos que no lo han salvado
Samario de nacimiento, el gobernador mantuvo vínculos con políticos de su región de origen. Sus críticos aseguran que ha contado con el padrinazgo protector de la casa Char y del senador Carlos Mario Farelo Daza de Cambio Radical. Su campaña, bajo el lema “Revive Caquetá” y con el aval de Cambio Radical, logró una votación significativa de más de 72.000 votos.

El gobernador se ha mostrado un tanto elusivo frente al tema porque, según él, solo está obligado a explicar sus actuaciones a la justicia y no a sus malquerientes que buscan hacerle daño siguiendo claras consignas políticas. En julio de 2025, Ruiz Aguilar denunció públicamente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró su esquema de seguridad, a pesar de amenazas de muerte por parte de
disidencias armadas que operan en el sur del país. Según él, esas amenazas han crecido después de las acusaciones de las que viene siendo víctima.
Lo que sí ha pedido es que los órganos competentes escruten en su patrimonio porque no está dispuesto a aceptar que alguien diga que se ha enriquecido a expensas del patrimonio público. Por ahora figura como titular de una propiedad registrada en la ciudad de Florencia, con matrícula inmobiliaria correspondiente (420-107501) en la Diagonal 15ª #2e-26 Parqueadero 20 en el Conjunto
residencial Torres de Salen. Su esposa, Derly Arias Córdoba, cuenta con cuatro propiedades en Bogotá, Barranquilla y Riohacha.
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