Con la ley pensional 2381 del 16 de julio de 2024 y con la ley laboral 2466 del 25 de junio de 2025 se puede considerar que este gobierno ha cumplido de manera satisfactoria con parte de las reclamaciones que en materia social se han hecho históricamente, que fueron levantadas por el estallido social, que fueron incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo por el gobierno Gustavo Petro y que hoy a trancas y a mochas ya son leyes de la república y por tal motivo derechos que pueden reclamar el pueblo y los trabajadores.
Aclarando que para que se ponga en vigencia plenamente la ley pensional se requiere que la corte constitucional avale el trámite aprobado en la plenaria de la cámara del día 28 de julio, al subsanar un vicio de trámite. Esperamos que sea lo más pronto posible pues se esperaba que entraría en vigencia el 1 de julio.
De esta manera con la ley pensional se establecen una serie de derechos como el del ingreso solidario de $230.000 para cerca de 3 millones de adultos mayores de 65 años que nunca hayan cotizado; el establecimiento de una renta vitalicia para quienes hayan cotizado entre 300 y 999 semanas en vez de la simple devolución de los aportes; un régimen de transición para las mujeres de 750 semanas y para los hombres de 900 semanas para mantenerse en los regímenes en que se encuentren; se establece la pensión anticipada para aquellos trabajadores/as que estén entre 1000 y 1300 semanas otorgándoles dicha pensión en cualquiera de este periodo una vez cumplan la edad y para su efecto se le descontará de su pensión la cotización respectiva hasta que cumpla la 1300 semanas; adicionalmente para las mujeres se establece gradualmente para que en un término de 12 años puedan adquirir la pensión cuando completen mil semanas y reduciendo en 50 semanas por cada hijo el requisito de semanas de cotización.
La gran ventaja además de las acá resumidas, implica que a partir de la entrada en vigencia, el 78% de los recursos anuales de cotización serán del estado en una fiducia del Banco de la República, aproximadamente a precios de hoy $23 billones y los fondos privados solo se quedarán con el 22%, cerca de $7 billones, con lo cual se iniciará el marchitamiento los fondos privados y el estado fortalecerá sus finanzas, pues se reduce el déficit que mantiene al recibir los recursos mencionados. Con la ley 100 de 1993, los privados se quedaban con el 70% y Colpensiones solo el 30%. Por eso a la fecha tienen más de $470 billones del ahorro de los trabajadores.
Nos queda eso sí por resolver hacia el futuro en una lucha en el momento en que se tenga una mejor correlación de fuerzas de que el umbral mínimo de cotización no sea de 2,3 salarios mínimos como está en la ley, sino de por lo menos cuatro salarios mínimos, con lo cual se ampliaría a sectores que ganen hasta ese valor.
Con la ley laboral se recuperan los derechos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le quitó a los trabajadores con la ley 789 del 2002. A partir del 25 de junio ya los contratos de aprendizaje serán contratos laborales Y a partir del 26 de diciembre del 2025 se pagarán los recargo nocturnos a partir de las 7 de la noche y los dominicales y festivos empezarán a partir del primero de julio de este año a reconocerse el 80%, en el 2026 el 90% y en el 2027 el 100%.
Adicionalmente hay un avance en materia de estabilidad laboral seriamente golpeada por la ley 50 del 90 del gobierno de César Gaviria que estableció la flexibilización y la precarización laboral.
De esta manera los contratos de trabajo serán a término indefinido como norma general y los contratos a término fijo solo podrán ser máximo a 4 años a partir de la sanción de la ley.
La reforma también prevé la formalización laboral de las madres comunitarias y sustitutas como trabajadores oficiales en el instituto colombiano de bienestar familiar, ICBF, la formalización laboral de los trabajadores de los plan de los programas de alimentación escolar, PAE, así como a las trabajadoras domésticas, los trabajadores del arte y la cultura, entre otros.
En medio del debate para su aprobación se logró eliminar las medidas regresivas introducidas en la comisión 4 del senado que eran una contrarreforma patronal, tales como, el contrato por horas que acaba la estabilidad, la unidad de trabajo especial que implica contratos por debajo del salario mínimo y la jornada de 4 días de trabajo por 3 de descanso que implica jornadas agobiantes de 11 horas diarias que lesionan la salud física y mental y acaba con las horas extras.
Nos quedaron pendientes los derechos colectivos que fueron eliminados del proyecto de reforma laboral; licencias de mujeres menstruantes, el contrato agropecuario la formalización de los transportadores de carga y la eliminación del plazo presuntivo para los trabajadores oficiales.
Al igual que lo señalado para el umbral de cotización en la ley pensional, estos temas serán luchas que debemos seguir realizando para alcanzar más derechos.
Como se ve, sí es posible recuperar derechos cuando de una parte está el gobierno comprometido con ese propósito, una bancada importante en el Congreso que la acompaña y un movimiento social y popular y sindical respaldando en las calles mediante la movilización y el paro dicha reivindicaciones.
El proceso de estas dos reformas duró dos años ocho meses. A Uribe le bastó tres meses para hacer las medidas regresivas de las 789 del 2002.
La conclusión es simple, tenía mucha mejor correlación de fuerzas el gobierno Álvaro Uribe Vélez que el de Gustavo Petro.
Y esta es la gran lección aprendida, que debe ser tenida en alta consideración hacia las elecciones del año 2026, tanto para congreso como para presidencia de la república.
Se requiere tener la presidencia y mayorías en el congreso, tanto en senado como en cámara.
Por lo pronto concluyamos con lo que iniciamos esta columna y es que este gobierno de Petro sí sirvió.
Postdata: Y la lucha continúa por la reforma a la salud, la ley de competencias reglamentaria del Sistema General de Participaciones y la ley de jurisdicción agraria, entre muchas de alto contenido social.
X: fabioariascut
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