Aunque coloquialmente los medios de comunicación la tratan como tal, la defensora del pueblo no es la cabeza de un órgano de control. La entidad a su cargo hace parte del Ministerio Público y eso implica que su jefe funcional inmediato es el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.
En esas condiciones, solo el Procurador podría evaluar su conducta y decidir si es verdad o no que ella se extralimitó en sus funciones como máxima garante de la vigencia de los derechos humanos y metió baza, de manera indebida, en el proceso de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará al saliente José Fernando Reyes.
En el despacho de Iris Marín quien resultó elegida de una terna solo de mujeres aseguran que esa extralimitación no ha existido porque ella se limitó a hacerle un llamado al Senado, cámara electoral de los magistrados de la Corte, a que su decisión de enmarque en el principio central de la actuación de la Rama Judicial. Su independencia, autonomía e imparcialidad. También, que en ningún caso mencionó nombres.
Entre quienes creen que sí actuó más allá de sus atribuciones está el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, para quien es claro que la defensora respaldó la aspiración de Patricia Balanta y disimuló mal su rechazo a la de su antecesor en el cargo, el exdefensor del pueblo Carlos Camargo Assís, que ha ido superando obstáculos de cara a la elección en el Senado que puede terminar favoreciéndolo.
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Lo que dijo la Defensora sobre la elección del nuevo magistrado de la Corte
Dos apartes del mensaje de la defensora puesto en redes resultan muy dicientes para quienes apoyan la idea de la extralimitación:
“Los jueces deben declararse impedidos cuando la decisión les genera un conflicto de intereses. Además, uno de los deberes de los jueces es el de la ingratitud (..) Una actitud gremial que se cierra por la autocomplacencia de los jueces no es sana para el Estado de Derecho”.
Ese primer aparte ha sido interpretado como una alusión indirecta pero sugerente a la decisión tomada por la Corte Suprema cuando rechazó los impedimentos presentados a la hora de votar por la integración de la terna, por tener familiares en la Defensoría del Pueblo nombrados durante la administración de Camargo.
“En cuando a la elección de esta semana, en la Defensoría del Pueblo hemos promovido una campaña para alcanzar la paridad en las altas cortes con base en fundamentos jurídicos constitucionales y del derecho internacional. Además, de debe avanzar en una judicatura que represente la diversidad étnica y regional de nuestro país (…) De elegirse un hombre, la única corte, exceptuando a la JEP, que se había acercado a la paridad con cuatro mujeres de nueve miembros, que es la Corte Constitucional, regresaría al 33 por ciento (…).
Este segundo fragmento ha sido entendido como un respaldo claro a la jurista Balanta, profesional afrodescendiente y mujer.
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, fija su posición sobre la elección de la persona que va a reemplazar al magistrado José Fernado Reyes en la Corte Constitucional.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 1, 2025
“El Senado tiene la responsabilidad de dar una discusión que se enmarque en el principio central de actuación de… pic.twitter.com/wql1vZuFJZ
A juicio de altos funcionarios de la Defensoría, las palabras de la cabeza de la entidad representan una interesante reflexión hecha en defensa de los derechos de última generación que la institución también está llamada a defender y a promover, sin que eso implique una intromisión indebida en un proceso que constitucionalmente está a cargo del Senado de la República.
El contrapunteo de la Defensora del pueblo con el Presidente +
Otro frente de conflicto que tendría abierto la defensora es con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien la ha señalado públicamente como una “opositora” a su gobierno. Y es que en la Casa de Nariño no han sido bien recibidas las alertas lanzadas por ella sobre el hecho de que los grupos armados ilegales ejerzan influencia y dominio en varias entidades territoriales.
En la Defensoría del Pueblo un reciente recorte en su presupuesto, que lo sitúa en $1,34 billones y lo desfinancia en casi $130.000 millones, es producto de una retaliación del gobierno ante las reacciones adversas que le generan ante la opinión las alertas tempranas emitidas por la Defensoría.
Sin esos recursos, la institución promotora y defensora de los derechos humanos se vería en dificultades para preparar el mapa de riesgo electoral, previo a los comicios de 2026.
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