El 28 de julio, a las 8:30 de la mañana, se conocerá la sentencia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Este proceso, excepcionalmente rápido para la justicia colombiana, conocida por su lentitud y sobrecarga de casos, ha estado marcado por una profunda polarización política. Uribe fue acusado de ser determinador en los delitos de soborno y fraude procesal, excluyendo cualquier imputación relacionada con la conformación o pertenencia a grupos paramilitares.
La Fiscalía solicitó la condena del acusado, mientras que el Ministerio Público pidió su absolución por falta de pruebas. La defensa demandó la inocencia del acusado respecto de los cargos presentados. El alegato final del procurador incluyó una significativa cita del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Sagrebelsky: “El principio in dubio pro reo no es solo una regla interpretativa, sino una manifestación del derecho fundamental a la presunción de inocencia”. La defensa, citando al Rey de España, quien a su vez evocó a su maestro Francisco Tomás y Valiente, concluyó: “Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que se hace con ellas”.
La Fiscalía no logró probar la responsabilidad penal del acusado en los delitos imputados. El análisis de las pruebas presentadas durante el juicio no demostró la materialidad de los delitos imputados. En consecuencia, la Fiscalía no desvirtuó la presunción de inocencia del acusado. Como acertadamente señaló el procurador delegado, las dudas superan a las certezas, implicando una absolución conforme al principio in dubio pro reo. La defensa demostró la inocencia del acusado más allá de toda duda razonable, refutando completamente la acusación fiscal, que no probó ni la autoría ni la participación del imputado.
La condena penal exige certeza absoluta sobre la comisión del delito y la responsabilidad del acusado, requisito irrenunciable del debido proceso y la presunción de inocencia. Dicha certeza debe sustentarse en pruebas sólidas presentadas y debatidas durante el juicio oral. En el caso de Uribe Vélez, la sentencia deberá determinar su culpabilidad o inocencia respecto a los delitos por los que fue acusado, analizando la evidencia probatoria y los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa.
La fiscalía intentó archivar este caso dos veces antes del juicio, lo que evidencia la fragilidad intrínseca de la acusación desde su inicio. La fiscal actual, quien no formuló la acusación —claramente precipitada y deficiente—, heredó un caso insostenible. Su desempeño ha sido poco convincente, insegura e inconsistente, e incluso incurrió en una conducta poco ética al añadir una palabra (“de acuerdo”) a la declaración del acusado que este nunca pronunció. Su esfuerzo por demostrar delitos no cometidos resultó notablemente infructuoso.
El juicio desmontó la credibilidad de los testigos de cargo. Juan Guillermo Monsalve —considerado testigo estrella contra Álvaro Uribe Vélez— no logró incriminar a Uribe en ningún delito, declaró no conocerlo personalmente y negó haber recibido ofertas del expresidente para modificar su declaración. Mintió al afirmar que había sido condenado por paramilitarismo, siendo realmente por secuestro y otros delitos. Su estrategia para implicar a Uribe con grupos paramilitares, con el fin de acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y obtener una rebaja de pena, quedó al descubierto. Las declaraciones de su padre y un hermano, realizadas durante el juicio, contradijeron su versión.
Se probó que el senador Iván Cepeda visitó cárceles en Colombia y Estados Unidos para reclutar testigos que declararan contra Álvaro Uribe Vélez, ofreciéndoles beneficios jurídicos, traslados carcelarios, protección para sus familias e incluso asilo. Además, se evidenció la manipulación de una grabación realizada al abogado Diego Cadena por Juan Guillermo Monsalve, utilizando relojes espía introducidos ilegalmente en la cárcel La Picota, de la cual se suprimieron más de siete minutos de la conversación original. Se demostró que las interceptaciones telefónicas a Uribe, aunque ilegales, no lo vinculan con ningún delito.
Quedó demostrado que Álvaro Uribe siempre le pidió al abogado investigador Diego Cadena que la verificación y recopilación de información para su defensa fuera veraz (que dijera la verdad) y que se entregara a la Corte Suprema de Justicia. Para nada se demostró que Uribe hubiera determinado al abogado Cadena a cometer ilícitos que lo favorecieran.
El proceso judicial contra Álvaro Uribe fue un montaje político más que un juicio jurídico para vengarse de quien es considerado el mejor presidente de Colombia.
La imparcialidad de la jueza ha estado en entredicho por actuaciones que generaron dudas, llevando a la defensa a interponer varias tutelas e impugnar la inadmisión de pruebas, posteriormente aceptadas por el Tribunal de Bogotá. Para despejar cualquier sospecha, la jueza tiene el deber ético de dictar una sentencia justa, ajustada a derecho y basada únicamente en los hechos probados. La justicia exige que a cada quien se le aplique lo que le corresponde según la ley, y no hay pruebas para condenar a Uribe. Una sentencia que respete la verdad procesal y el debido proceso debe concluir en su absolución. Una condena, en cambio, constituiría prevaricato judicial.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.
