El profesor y tratadista mexicano que preside actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es reconocido como un estudioso de la situación colombiana. Antes de ser elegido para el cargo por la Asamblea de la OEA, ya había preparado relatorías sobre problemas complejos como lo desplazamientos forzados en zonas de influencia del narcotráfico, con énfasis en la frontera con Ecuador, y sobre las migraciones que desataron una crisis humanitaria en el Tapón del Darién.
A José Luis Ochoa Caballero, profesor de la Universidad Iberoamericana de su país, la Comisión le ha confiado el monitoreo de países que son especialmente sensibles en materia de derechos humanos: Belice, Bolivia, Chile, y San Cristóbal y Nieves.
Ochoa fue el encargado de disponer todo para la reciente visita del abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia del inmolado líder político Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en un parque del bario Modelia en Bogotá el 7 de junio de 2025.
Mosquera tocó a las puertas de la Comisión, que tiene sede en Washington, cuando aún el joven aspirante presidencial luchaba por su vida en la Fundación Santafé de Bogotá. Lo hizo para pedir medidas cautelares para la familia, para denunciar posibles irregularidades en la manera como la Unidad Nacional de Protección dispuso y manejo el esquema de protección de la víctima.
Abogado se concentró en un punto todavía más crítico. Cuestionó una posible injerencia del gobierno del presidente Gustavo Petro en la investigación por el magnicidio que afectaba la autonomía e independencia de la que debían gozar los funcionarios destacados por la Fiscalía General de la Nación. No acusó al gobierno del crimen, pero ligó las trágicas consecuencias del ataque con lo que llamó una sucesión de mensajes integrados a un “discurso de odio” originado, según él, desde la Casa de Nariño.
Como parte del soporte de sus denuncias y solicitudes entregó 43 trinos del presidente en uno de los cuales se leía. “Vas a llevar Miguel, como tu abuelo, a diez mil colombianos a la tortura para frenar al pueblo”. De ese mismo hilo hacían parte una sucesión de mensajes alusivos a la época en que Julio César Turbay fue presidente de la República y el país vivía bajo un régimen de estado de sitio y asociados a la “herencia” del precandidato del Centro Democrático.
La Comisión accedió a las medidas cautelares solicitas y anunció preliminarmente a hacer un seguimiento permanente a la manera como la que de desenvolvería la investigación por el magnicidio, en la que, siempre según Mosquera, han primado las hipótesis del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.
La CIDH exhortó al Estado colombiano a fortalecer las líneas investigativas para identificar a los determinadores del crimen.
La Policía Nacional, que ha merecido amplio reconocimiento por la manera ágil como ha venido capturando a los miembros de las estructuras criminales que planearon la ejecución del ataque, promete llegar pronto a los autores intelectuales.
Sin embardo, las hipótesis siguen proliferando. Entre los posibles autores intelectuales han sido mencionados ‘El zarco Aldinever’, ‘Iván Mordisco’, otros integrantes de la disidencia de las Farc denominada ‘Segunda Marquetalia’ y más recientemente la columna ‘Teófilo Forero’, una de las estructuras que no desmovilizó después de la firma de los Acuerdos de La Habana.
En cientos de casos la Comisión, primero, y la Corte Interamericana en Washington, después han intervenido de manera residual cuando advierten que en Colombia se produce una denegación de justicia.
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