Iván Duque, expresidente de Colombia y abogado, ha desatado una notable controversia al proponer, según lo reportado por La Silla Vacía, una "tutela masiva" como mecanismo para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pueda defenderse en libertad. Esta iniciativa, presentada como una defensa de derechos fundamentales, ha generado un profundo cuestionamiento sobre el papel de Duque como jurista y líder político.
Lejos de reflejar un uso responsable del derecho, su propuesta colisiona con principios éticos y normas legales, como el artículo 33, numeral 3, de la Ley 1123 de 2007, que penaliza la promoción de múltiples tutelas sobre los mismos hechos. Este análisis profundiza en la propuesta de Duque, examinando las implicaciones disciplinarias de su llamado y el riesgo que representa para la integridad del sistema judicial colombiano.
El jurista que ignora la lealtad procesal
La lealtad procesal y la eficiencia judicial son pilares del ejercicio profesional del derecho en Colombia. Sin embargo, la propuesta de Duque parece desconocer deliberadamente este principio. El artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 tipifica como falta disciplinaria la presentación de varias acciones de tutela idénticas, una medida diseñada para evitar el abuso del sistema judicial y asegurar su correcto funcionamiento. La invitación de Duque a una "tutela masiva" no es otra cosa que una estrategia para desbordar los tribunales y ejercer una presión política intolerable. Un jurista de su trayectoria debería priorizar el respeto por las normas procesales sobre cualquier lealtad política, ya que esta acción no solo contradice los principios éticos de la profesión, sino que también socava la credibilidad de la justicia.
La tutela, concebida en el artículo 86 de la Constitución, es un mecanismo excepcional, una herramienta de último recurso para proteger derechos fundamentales. Su propósito no es generar presión mediática o política. Al promover esta acción de forma masiva, Duque no solo desvirtúa su objetivo, sino que también expone a los abogados que sigan su llamado a posibles sanciones, lo que plantea un grave dilema ético.
El riesgo de la instrumentalización del derecho
La propuesta de Duque plantea un dilema jurídico singular: ¿constituye una inducción a una falta disciplinaria? A pesar de que el artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 sanciona directamente a los abogados que presentan tutelas duplicadas, la figura pública de Duque, con el peso de su posición como expresidente, otorga a sus palabras una dimensión de autoridad. Su llamado a una "oleada" de tutelas podría interpretarse como una maniobra para instrumentalizar el derecho con fines puramente políticos.
Este comportamiento es especialmente censurable viniendo de un profesional con formación jurídica. La propuesta de Duque refuerza la percepción de que en su liderazgo las lealtades políticas a figuras como Uribe Vélez prevalecen sobre el respeto fundamental al Estado de derecho.
El imperativo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Si la propuesta de Duque se materializa y varios abogados responden a su llamado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tendría un papel crucial para proteger la integridad del sistema. La Comisión debería actuar en varios frentes:
* Investigación de las tutelas: Sería imperativo evaluar si las tutelas interpuestas cumplen los criterios de subsidiariedad y relevancia. Si se determina que las acciones son idénticas en hechos y derechos, los abogados que las presenten podrían ser sancionados.
* Análisis del rol de Duque: Aunque Duque no sea el firmante de las tutelas, su papel como promotor público debería ser examinado para determinar si su llamado constituye una inducción a la falta disciplinaria.
* Protección del sistema judicial: La Comisión debería emitir un pronunciamiento que recuerde a los juristas los límites de la acción de tutela y las consecuencias de su uso indebido, desincentivando así estrategias que busquen colapsar el sistema.
Conclusión
La "tutela masiva" propuesta por Iván Duque es un ejemplo preocupante de cómo un expresidente y abogado puede distorsionar los principios del derecho en favor de intereses políticos. Su formación académica debió haberlo llevado a promover el respeto por el Estado de derecho y la responsabilidad en el uso de las herramientas constitucionales. Sin embargo, su iniciativa parece un intento de instrumentalizar la justicia con fines partidistas. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene ante sí la oportunidad de reafirmar la lealtad procesal y proteger la integridad de la justicia ante estas estrategias que la socavan. Este es un momento crucial para recordar que la tutela es un derecho, no un arma política, y que su uso debe estar siempre guiado por la ética y la responsabilidad.
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