Mientras Sandra Liliana Heredia, jueza 44 penal del circuito de Bogotá, avanzaba en la lectura del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, sus palabras resonaban fuerte y generaban sobresaltos en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Allí, su Presidente, el magistrado Álvaro Hernán Prada oía cómo la funcionaria aludía a él con nombre propio y daba como un hecho su participación en un intento sistemático por modificar la versión de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo de cargo contra el ex Presidente Uribe.
Varias apartes de la providencia de 1.000 páginas ponían en escena a Prada en la ciudad de Neiva, en su natal Huila, donde se habría encontrado con Carlos López, alías ‘Caliche’, para usarlo como puente para llegar a Monsalve. Entre ellos habrían acordado halagos y ofertas para conseguir que Monsalve se retractara de sus afirmaciones según las cuales Uribe cumplió un papel clave en la creación del bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El encuentro, según lo validado en el fallo, se produjo durante la campaña electoral de 2018, cuando el proceso a Uribe avanzaba por decisión inicial de la Corte Suprema de Justicia. Monsalve se presentaba como testigo privilegiado de los hechos, pues sus padres trabajaban en la finca donde se habría gestado el surgimiento de la estructura criminal.
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Prada venía siendo investigado por esos mismos por la Corte Suprema, corporación ante la cual tienen fuero por su antigua condición de parlamentario. La Corte presumía que el ahora presidente del Consejo Nacional Electoral utilizó su investidura como congresista para acercarse a testigos claves y presionarlos para que declararan a favor de Uribe. Sin embargo, el caso fue archivado por prescripción.
Según la jueza, Álvaro Uribe conocía del plan en el que participó Álvaro Hernán Prada quien ha sido un alfil del jefe natural del Centro Democrático, partido por el cual pudo llegar al Consejo Nacional electoral del cual es Presidente desde diciembre del año pasado y que, a través de terceros, ofreció beneficios a personas privadas de la libertad para resultado favorecido procesalmente.
Según Prada, las pruebas presentadas en su contra son circunstanciales y no demuestran su participación directa en la manipulación de testigos. También ha cuestionado la credibilidad de los testigos que han declarado en su contra, a quienes les atribuye intención que generarle daño político y judicial.
Con lo argumentado en el fallo contra Uribe, Prada quedó situado al mismo nivel de otros imputados por la presión al testigo estrella. Entre ellos está el abogado Enrique Pardo Hasche, quien compartió celda con Juan Guillermo Monsalve, primero en la penitenciaría nacional de La Picota y luego en la cárcel de Cómbita. Como él, Pardo ha insistido en que su nombre fue usado por la Fiscalía para adobar la hipótesis sobre la presión a los testigos.
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El abogado Javier Cadena Ramírez, apoderado del expresidente de la República en las diligencias iniciales, es calificado en el fallo como uno de los principales operadores de las presiones contra los testigos.
Prada no ha anunciado hasta ahora su intención de renunciar al cargo de dignatario del Consejo Nacional Electoral, pues se aferra a la prescripción declarada por la Corte como si se hubiese tratado de una absolución.
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