Experimentado investigador criminal, Misael Fernando Rodríguez Castellanos jugó un papel importante en la decisión tomada durante el gobierno de Juan Manuel Santos de liquidar el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que llegó a convertirse en una tenebrosa policía política que persiguió a magistrados, líderes sociales y periodistas.
Luego de moldearse en las filas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tras recibirse como abogado en la Universidad Externado de Colombia en 1993, fue designado fiscal y asumió algunos de los procesos más sensibles. El de las “chuzadas” del DAS puso a prueba su experticia y gracias a él fue posible
establecer como el organismo fue infiltrado por grupos paramilitares y cómo operó acciones encubiertas e ilegales bajo el mando del director de la época Jorge Noguera. Noguera purga actualmente una pena de 25 años de prisión.
Sus resultados hicieron que la Procuraduría y la Fiscalía buscaran sus servicios. De hecho, en 2016 el procurador general de la Nación, Fernando Carillo, lo llevó al equipo de procuradores judiciales tras avalar sus altos resultados en un concurso de méritos.
Después de su paso por el Ministerio Público, regresó a la Fiscalía a destinos superiores: dirigió la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y fue fiscal asesor de los despachos del Fiscal General y del Vicefiscal.
Hoy es magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte y está a cargo del proceso por un saqueo de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres destinados, según la presunción reinante, a comprar la conciencia de congresistas para que votaran a favor de proyectos del gobierno.
Su firmeza como juez le ha servido de respaldo, pero no lo ha dejado a salvo de controversias. La más reciente de ellas surgió cuando el expediente le fue quitado a su colega Héctor Alarcón Granobles mientras campeaban los rumores em el sentido de que la información consignada en sus folios se estaba filtrando. La también magistrada Cristina Lombana criticó la manera como se produjo el relevo y en una sesión de la sala cuestionó a Rodríguez, como presidente, de haberse arrogado el conocimiento del caso sin el debido reparto.
Las críticas en su contra escalaron cuando Rodríguez suspendió los repartos por sorteo durante tres meses, con el argumento de que era necesario redistribuir de manera más equitativa la carga procesal entre los magistrados.
Conminado por sus compañeros, se vio obligado entonces a hacer una justificación jurídica de sus decisiones, pero no abandonó el trámite del proceso en el que ha tomado decisiones de fondo, no desprovistas del todo de polémicas.
Hoy día comparecen ante su despacho testigos claves del escándalo, como María Alejandra Benavides, joven exasesora del Ministerio de Hacienda y también el exdirector de la DIAN y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes.
El miércoles 6 de agosto de 2025, con base en la evidencia acopiada, el magistrado envió copias de sus actuaciones a la Fiscalía para que ésta investigara al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; a Mauricio Lizcano, exministro de las TIC; a Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo y a Luis Fernando
Velasco, exministro del Interior y al propio Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.
Su decisión cobijó también a Kevin Fernando Henao Martínez, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior; Alba Nury Martínez Barrera, exasesora y secretaria privada del despacho del ministro de Hacienda; Andrea Ramírez, exasesora principal de Ricardo Bonilla; Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Jefatura de Despacho de la Presidencia y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exdirector de Inteligencia, refugiado actualmente en Nicaragua.
Sin embargo, el mismo magistrado se ha abstenido de imponer medidas de aseguramiento a otros congresistas vinculados al caso. Uno de ellos es Wadith Manzur quien hoy, libre de apremios, sigue haciendo parte del triunvirato de investigadores que de la Comisión de Acusación de la Cámara que investiga las denuncias del excanciller Álvaro Leyva contra el presidente Gustavo Petro.
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