Hoy la exalcaldesa de Bogotá y varios de sus funcionarios de la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia de Bogotá, están en el ojo del huracán por un contrato para la instalación de 200 cámaras de video vigilancia para el reconocimiento de placas vehiculares, por un valor que supera los 14 mil millones de pesos, del que solo se ha ejecutado el 25 por ciento.
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El plan del contrato nació durante los últimos meses de la administración de Claudia López. La idea era ambiciosa: 200 cámaras distribuidas en 19 localidades, con tecnología de punta para integrarlas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá, el C4. La promesa de un sistema moderno para combatir el delito, por fin, parecía volverse realidad. Pero lo que empezó como un proyecto estrella terminó convertido en un caso que investiga la Procuraduría por presuntas irregularidades en su adjudicación y ejecución.
El contrato se firmó el 26 de diciembre de 2023, pocos días antes de que López dejara la alcaldía. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia adjudicó la licitación al Consorcio LPR SCC 2024, integrado por las empresas SKG Tecnología S.A.S, Cross Zlin AS e Inversiones Construcciones e Ingeniería CDJ Group S.A.S, representadas por Fredy Fernando Lopera Roa. Por un valor superior a los 14.000 millones de pesos, el Consorcio se comprometía a suministrar, instalar y poner en funcionamiento las 200 cámaras en un plazo de seis meses. La ciudad esperaba ver resultados a más tardar en agosto de 2024. Un año después, apenas 50 cámaras han sido instaladas. Solo una cuarta parte del objetivo inicial.
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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, para esclarecer qué ocurrió. Según los hallazgos iniciales, los problemas empezaron desde el diseño mismo del contrato. La planeación resultó insuficiente: la ciudad no contaba con la infraestructura adecuada para recibir las cámaras, los puntos de instalación no tenían las condiciones técnicas necesarias y el proyecto acumuló prórrogas y suspensiones sin un respaldo presupuestal claro.
Durante la ejecución, el contrato se estancó en una maraña de fallas técnicas y trámites. Hubo tres prórrogas y tres suspensiones, mientras surgían controversias por más de 2.000 millones de pesos entre las partes. La interventoría que debía garantizar la calidad y los plazos fue reemplazada por una supervisión interna, sin la capacidad técnica para resolver los desafíos del proyecto. Para la Procuraduría, todo esto evidencia una cadena de decisiones mal calculadas que hoy pesan sobre las finanzas de la ciudad y la confianza de los ciudadanos.
De los más de 14.000 millones de pesos comprometidos, la Secretaría ya desembolsó cerca de 7.000 millones, la mitad del contrato, aunque la ejecución física apenas alcanza el 25%. El cronograma de pagos establecía que el primer desembolso se haría cuando el contratista entregara todas las cámaras; el segundo, al instalar y configurar la mitad; y el tercero, cuando las 200 estuvieran operativas y conectadas al C4. Sin embargo, las cámaras no llegaron a las calles y el dinero sí salió.
El Consorcio solicitó una adición al contrato para poder continuar, pero la Secretaría la negó. Argumentó que no existían justificaciones suficientes y reconoció que, desde el principio, no se evaluó con rigor la infraestructura de conectividad necesaria para ponerlas a funcionar. Mientras tanto, las cámaras permanecen inservibles, guardadas y en riesgo de dañarse por las condiciones de almacenamiento.
Este contrato, identificado con el número 1904 de 2023, fue autorizado en el último tramo del gobierno de López, cuando el general (r) Óscar Antonio Gómez Heredia, excomandante de la Policía Metropolitana, fungía como secretario de Seguridad. Junto a él, los funcionarios Lenin Augusto Pardo Porras, Sandra Milena Santafé Patiño y Helga Milena Hernández Reyes firmaron la iniciativa. Hoy, sus decisiones son objeto de revisión por parte de los órganos de control.
El Consorcio debió entregar el sistema completo el 5 de agosto de 2024, con las 200 cámaras instaladas, configuradas y enlazadas al C4, cumpliendo la meta para la que fue contratado. Pero la ciudad nunca recibió esa red de vigilancia prometida. La falta de planificación técnica y la improvisación administrativa convirtieron lo que debía ser un avance en seguridad en un nuevo ejemplo de cómo los proyectos públicos se convierten en promesas incumplidas.
Las cámaras debían repartirse estratégicamente en 19 localidades para cubrir los principales corredores viales y puntos críticos. Hoy, esos lugares siguen sin protección adicional, mientras el contratista y la Secretaría continúan discutiendo responsabilidades. La Procuraduría, por su parte, ordenó la recolección de pruebas para determinar si hubo faltas disciplinarias en la adjudicación y ejecución del contrato.
Lo que queda es una ciudad sin las herramientas por las que pagó, con millones de pesos ya gastados y decenas de dispositivos arrumados, incapaces de cumplir la misión para la que fueron comprados. La historia de estas cámaras parece resumir los problemas de fondo de la administración pública: contratos que se adjudican con prisa, proyectos mal diseñados, supervisiones débiles y resultados que nunca llegan a los ciudadanos. El caso, más allá de las cifras y los documentos, habla de la desilusión de los bogotanos que, una vez más, ven cómo la promesa de mayor seguridad se desvanece entre expedientes y bodegas. La ciudad sigue esperando que las cámaras salgan de su encierro, se enciendan y, por fin, cumplan su función: vigilar.
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