Diego Alejandro Ossa Urrea, delegado de la Superintendencia para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, firmó el 16 de junio de 2025 una de las más duras sanciones recibidas en la historia del mercado por uno de los operadores del barrido de Bogotá que ahora tendrá que devolverles a los usuarios no menos de $60.000 millones cargados de manera irregular a sus tarifas.
La sanción recayó sobre la firma Promoambiental, un destacado negocios de los hermanos Gabriel y Andrés Castañeda Giraldo, en el que se han movido durante los tres últimos años pugnas e intereses multimillonarios: la ejecución de un contrato por $4,8 billones que incluye la recolección de residuos no aprovechables, la limpieza de vías y áreas públicas y el transporte a los sitios de disposición final de los residuos.
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La Superintendencia encontró probados cargos según los cuales Promoambiental "infló” artificialmente el número de kilómetros barridos y facturó 273.670 kilómetros como barrido y limpieza de las calles, es decir, alrededor de 116.000 kilómetros más de lo establecido en Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). La devolución de los mayores valores cobrados a suscriptores y usuarios del servicio incluirá el periodo comprendido entre enero de 2020 a junio de 2022.
La decisión ha estado rodeada por un ambiente de tensiones. La superintendencia decidió no comunicar públicamente la sanción, que permanecía en reserva hasta hoy, y pocas horas después de firmada la resolución que la hace efectivo dispuso el traslado del delegado Ossa Urrea fue trasladado a una dirección territorial, un cargo mucho menos influyente en materia de vigilancia eficaz. Integrantes de su equipo recordaron que Ossa es un servidor de carrera que se ha destacado por su independencia y capacidad técnica.
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Desde Promoambiental los hermanos Castañeda se han defendido con la asesoría de pesos pesados como el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira y de Julio César Ortiz, uno de los abogados de la entraña del presidente Gustavo Petro. Su pugilato en los estrados la ha enfrentado con Proceraseo, empresa de la que es hermana corporativa porque fue organizada por los cinco operadores del servicio de aseo para que se encargada de la distribución del recaudo.
Los problemas comenzaron cuando Promoambiental alegó que estaba recibiendo menores ingresos que los otros cuatro operadores en proporción a sus servicios y optó por ampliar su área de operación. Los otros operadores son Limpieza Metropolitana, Ciudad de Limpia Bogotá, Bogotá Limpia y Área Limpia.
Aunque ha destacado la trascendencia de la decisión, el abogado Alejandro Carranza, representante de Proceraseo asegura que el silencio que caracterizó la recta decisiva del proceso plantea serias dudas sobre la transparencia y la intención institucional de mantener el proceso alejado del escrutinio público. Así, se abriría una mayor posibilidad de que prosperen los recursos y pueda revertirse la sanción en beneficio del prestador del servicio.
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