Aunque el plan de entrega de tierras del Gobierno Petro busca a través de la Agencia Nacional de Tierras otorgar 600 mil hectáreas al campesinado y la ampliación de zonas de reserva campesina, con el objetivo de acelerar la Reforma Agraria, esto ha sido positivo en cierta forma, pero también muy negativo, pues los propietarios grandes y pequeños que por tradición y vocación se han dedicado al agro se están retirando del campo para siempre, debido a la oportunidad de que se les está dando para comprar sus tierras.
La estampida de grandes y pequeños propietarios de sus tierras se ha determinado por varios factores:
El primero, el total abandono del agro por parte de los últimos gobiernos; incluso para los beneficiados por el otorgamiento de tierras, no hay desarrollo de proyectos productivos para que trabajen sus tierras y puedan comercializarse sus productos. Segundo, la narco invasión al agro, el tercero, es la guerra que azota al campo en estos momentos, que incluso por este motivo, se han detenido negociaciones con la Agencia Nacional de Tierras en Cauca y otros departamentos, pues los propietarios no han podido vender sus tierras al Estado y tampoco han podido ni producir ni ir a sus parcelas o haciendas, debido al paro armado constante por parte de los grupos al margen de la ley que se han tomado las carreteras y veredas en varios departamentos de Colombia.
Una cuarta causa del éxodo de propietarios de tierras, sería que para obtener las tierras, algunos indígenas y campesinos las invaden para después reclamarlas como propiedad ante la ANT, con la excusa del abandono de sus propietarios, práctica que viene ocurriendo desde hace ya varias décadas. Y en efecto, por el abandono de estas tierras que dejaron de producir, el Gobierno determina otorgarlas a otras personas.
Ante todo, en medio de este panorama surge un motivo que tiene visos de gran gravedad respecto a la venta y otorgamiento de tierras y es la corrupción, pues entre los mismos propietarios vendedores y posibles beneficiados como potenciales nuevos propietarios campesinos, corren versiones y rumores de la gran dificultad para poder negociar o tramitar con el gobierno tierras para el agro. Esta sería la causa por la que en 2025 se torna muy difícil negociar la tierra agrícola con el Estado, y tremendamente complicado, el poder ser beneficiario de este programa del Gobierno.
“El presidente Petro nos está intimidando cuando nos dice que nos apuremos a vender nuestras tierras al Estado y luego de la resolución 052, sentimos mayor presión, pues el Ministerio de Agricultura asumió funciones de superintendencia al establecer vigilancia sancionatoria sobre las asociaciones campesinas y agropecuarias, lo que traería allanamientos, intervenciones y amedrentamientos al sector. Ante esto, el gremio cafetero ya se manifestó en contra”, afirma un mediano propietario agrario, cuyo nombre omitiremos.
Añade el mismo propietario que no entiende por qué recientemente el Gobierno designó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para coordinar la implementación de la reforma agraria en colaboración con la coordinadora del movimiento campesino. Todo el mundo le está metiendo mano a la venta y concesión de tierras, que de por sí ya en manos campesinas o de otros nuevos propietarios no campesinos, posiblemente carecerían de planes de proyectos productivos, fomento, capacitación, subsidio, tecnificación, infraestructura y sostenibilidad a futuro, pues solo se habla de concesión de tierras, pero no se menciona cómo el gobierno ayudaría a su desarrollo.
Comenta un campesino desplazado, aspirante a las tierras de la reforma agraria, que espera tener su parcelita, aunque no tenga todavía oportunidad de tecnificación. Sí le preocupa, lo que serán los costos de maquinara, tractores e infraestructura necesaria. “Gobierno solo quiere dar tierras y eso hay que aprovecharlo”, reitera Don Jacinto.
Comisión del 10%, el problema
Otro propietario que desistió de vender sus tierras, reafirma lo que muchos otros comentan, e inclusive también potenciales beneficiarios indígenas que desean adquirir las tierras lo confirman, que la corrupción está frenando la venta y concesión de tierras, pues entre 2024 y 2025 han aparecido decenas de comisionistas que estarían cobrando la comisión del 10% por las ventas de tierras e incluso por la adquisición de las mismas.
Si bien la Agencia Nacional de Tierras determina que están prohibidos los comisionistas, un propietario comenta que, “por culpa de los intermediarios, disminuyó la venta y concesión de tierras, pues muchos de los que queríamos negociar con el gobierno ya no lo vamos a hacer por las comisiones que nos piden de intermediación los tramitadores que tienen cercanía con la ANT, y aunque intencionalmente en las semanas de la marcha del gobierno del 18 de marzo de 2025 se otorgaron 1.000 hectáreas a indígenas arhuacos y 311 hectáreas al resguardo indígena La Estación Tálaga en Huila, estas cifras serían mínimas en comparación a este periodo el año pasado. La intencionalidad de la entrega de tierras a indígenas por parte del gobierno, previo a la marcha, fue para convocarlos a la manifestación”, indica el propietario.
Coincide que justo para la huelga convocada por el presidente Gustavo Petro para el 28 y 29 de mayo, se hayan entregado 4.574 hectáreas a campesinos del Magdalena Medio. Al momento de esta entrega, el director de la Agencia Nacional de Tierras dijo de manera intimidatoria y con aires de agitación que, “hoy la tierra ya no puede estar al servicio del miedo ni del poder. Debe estar al servicio de la vida, la comida y la paz”, lo que es una insinuación de que la tierra antes de Petro estaba en malas manos, lo que es una provocación para los propietarios de las tierras que no se han vendido. La idea general que siembra el Gobierno sobre los antiguos propietarios campesinos es de señalarlos como usurpadores. Esto también está frenando últimamente la libre decisión de venta al Estado por parte de los potenciales propietarios vendedores de sus tierras.
Casi siempre hay intencionalidad política electoral en la entrega de créditos, tierras y viviendas, y para muestra un botón: Agro Ingreso Seguro, hace ya varios años.
Aunque la Agencia Nacional de Tierras determina una cifra de lo negociado y otorgado, no está presentando de manera clara y exacta cuántas tierras se han negociado por cada mes correspondiente a los años 2024 y 2025, pues, en el presente año los propietarios que serían potenciales vendedores, ya están desistiendo de vender sus tierras a la Agencia Nacional de Tierras porque ni siquiera pueden trasladarse a sus propios predios para ver cómo están, debido a la violencia y paros armados, pero también debido a los factores de corrupción generados por tramitadores y comisionistas que tendrían las puertas abiertas de la ANT hacia ellos, y que están cobrando el 10%.
Entre los propietarios y potenciales beneficiarios, se rumora informalmente y sin confirmación, incluso, de un supuesto apoyo de Juan Felipe Harman, director de la ANT y Luis Fernando Velasco a estos comisionistas, que supuestamente se habrían reunido en la casa de Velasco para concertar aquello, lo que no ha sido comprobado, y que solo podría ser un rumor que está en boca de muchos interesados vendedores y beneficiarios indignados, que a cada día que pasa, ven lejano el lograr vender o recibir estas tierras, por los cobros de estas supuestas comisiones. Lo que parece verdadero en todo esto, es que sí hay tramitadores que han gestionado tierras y que ofrecen sus servicios a cambio de una comisión. Por todo esto, debería iniciarse una investigación de la Procuraduría y la Contraloría para aclarar esta situación.
A esto se le suma el escándalo descubierto por la Contraloría General de la Nación que detectó irregularidades por 160.000 millones en tierras destinadas a la Reforma Rural Integral del Gobierno Petro, pues la ANT habría adquirido predios cuyos suelos están clasificados como no aptos para la producción agrícola y agraria y esto está provocando retrasos en la entrega de predios a los campesinos. La investigación abarca desde el 2022 hasta el 30 de abril de 2024, y se aclara que fue Juan Felipe Harman, que asumió la dirección de la ANT en febrero del 2024, quien pidió que se investigue a su antecesor, Gerardo Vega, por la negociación y otorgamiento de tierras improductivas.
Contraloría indicó que, en varios casos, más del 50% de la superficie de los terrenos adquiridos corresponden a suelos de clase VII, que presentan severas limitaciones para cultivos y ganadería.
La misma Contraloría determinó que hay una demora en la implementación de proyectos productivos respecto a las tierras adquiridas y otorgadas por la ANT, lo que ha generado un presunto detrimento de los recursos públicos por un valor de 110.322 millones de pesos, lo que agrava aún más la situación.
Ante este panorama, para disipar sospechas de la continuación de este tipo de irregularidades, sería muy importante que la Agencia Nacional de Tierras publique, especificando de una manera exacta y sin especulación, cuántos predios con sus medidas respectivas viene comprando, cuánto paga por cada predio y quienes son los vendedores de los mismos. Este mismo ejercicio de transparencia debería ser aplicado hacia los beneficiarios de estas tierras, pues se necesita claridad en las cifras de precios, hectáreas, proyectos productivos, número y especificación de productos agrícolas o ganaderos que se desarrollarán en cada predio y, sobre todo, que se especifique quienes son los que reciben la tierra y para qué.
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