El 21 de agosto de 2021, el entonces alcalde de Medellín dispuso que el nuevo gerente de Afinia, filial de EPM, sería el exconcejal de Bogotá, excontralor delegado e interventor de Electricaribe Javier Lastra Foscualdo. La decisión fue atacada por fuerza desde tres flancos.
El primero de esos flancos fue abierto por la propia EPM, cuyos trabajadores acusaron a Quintero de haber roto la cultura de la independencia administrativa de la compañía para convertir la nominación de sus directivos en un acto dictatorial.
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El segundo, de carácter jurídico. Como concejal de Bogotá, en 2007, Lastra perdió la investidura porque el Consejo de Estado encontró que su elección se produjo antes de un año de haber desempeñado otro empleo público en Adpostal, lo que significaba una violación al régimen de inhabilidades: La decisión, confirmada luego mediante una decisión de tutela de la Corte Constitucional, lo inhabilidad.
Del tercer blanco provenía el fue más poderoso contra el alcalde. Directivos de EPM que gozaban de credibilidad, como el entonces gerente Álvaro Guillermo Rendón, denunciaron ante la Procuraduría que el nombramiento de Lastra no siguió los conductos regulares y fue objeto de una negociación oculta que afectaba la moralidad administrativa no solo de la compañía, sino también del gobierno municipal.
Rendón, exauditor general de la República, hizo un acopio de las ordenes transmitidas por chat por el alcalde a través de María Camila Villamizar, su secretaria privada. El abogado Abelardo de la Espriella -que todavía no había declarado sus aspiraciones presidenciales- se dirigió al alcalde para exigirle que explicara públicamente si era verdad o no que Afinia había quedado convertida en una “franquicia” se vendía al mejor postor.
Lastra llegó para reemplazar a Blanca Liliana Ruiz, una de las más destacadas profesionales de EPM, del cargo de gerente de la filial proveedora de energía en la costa.
Tres años después de haber sido abierto ese debate, el nuevo alcalde Medellín Federico Gutiérrez denunció penalmente a su antecesor por varios manejos administrativos y financieros, según él delictuosos, y lo acusó de haber “vendido” el cargo de gerente de Afinia en US$8 millones. En esa operación, según él, intervinieron no solo personajes de pobre reputación en el mercado de la energía eléctrica, sino también intermediarios venezolanos cuyos nombres son objeto de verificación.
Según Gutiérrez, las negociaciones para escoger al gerente de Afinia se dieron en lugares reservados y en clubes sociales de Medellín y de Barranquilla.
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AfInia, filial de EPM, se convirtió en un botín político cuando entró a manejar la mitad del mercado que quedó abierto tras el retiro de Electricaribe como proveedor de energía de los departamentos de la costa atlántica. Lastra, según las mismas denuncias, debería explicar el cobro de Coimas con la ayuda Henry Jair García González, uno de sus asesores.
La auditoría interna, que sería clave para controlar la situación, ha sido también muy cuestionada desde que la asumió el vicepresidente de EPM Alejandro Gallego, pareja de Liliana Ramírez, prima de Quintero.
Un candidato subjudice
La principal novedad en el caso es que la Fiscalía evalúa el mérito para establecer si las denuncias, decantadas y con pruebas aportadas recientemente, dan lugar a la apertura de una causa formal contra Quintero. Sería la segunda, ya que recientemente fue imputado por peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
La causa judicial está relacionada con la venta del lote Aguas Vivas, vendido por la ciudad a particulares luego de que su avalúo subió de $2.700 millones a $48.000 millones, con lo cual habrían sido beneficiados indebidamente terceros interesados. El terreno fue destinado para urbanización, en contravía de lo dispuesto originalmente por el Plan de Ordenamiento Territorial.
Quintero anunció que no declinará su aspiración y que irá a la consulta interna del Pacto Histórico que en breve escogerá candidato a la presidencia de la República.
Sin aceptar preguntas concretas respecto a la naturaleza y motivaciones del proceso judicial, Quintero asegura que todo obedece a maniobras calumniosas e injuriosos del actual alcalde Federico Gutiérrez, uno de los opositores más radicales al gobierno y a los aliados políticos del presidente Gustavo Petro.
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