El de Iván Leónidas Name Vásquez es un nombre que se asocia de inmediato con una casta política costeña. Su tío José Name Terán fue en los 70 y durante más de dos décadas uno de los más importantes caciques liberales de la Costa Atlántica. Su primo David ha representado la combinación del poder del político con el del empresario. Él, en amplia medida es una mezcla de ambos.
Hace quince años, Iván Leónidas, por entonces promesa de una nueva generación de los Name marcó tomó distancia de sus orígenes políticos al unirse, en condición cuadro valioso, a las líderes del Partido Verde. Aquello significaba para la familia un punto de ruptura porque los verdes eran vistos todavía como tendencia alternativa en la política.
Cuando los verdes asumieron posiciones de poder, él les brindó apoyo desde su bancada en el Congreso, a donde llegó después de haber trasegado por la Asamblea de Cundinamarca y por el Concejo de Bogotá, donde no dejaba de ser curioso que era más visto como un técnico que como manzanillo de tradición familiar.
Fuente:Senado
No fue evidente que cuando Claudia López, su amiga de muchas horas, fue alcaldesa de Bogotá él tuviera grandes cuotas clientelares. Tampoco lo era cuando su partido hizo parte de la coalición que llevó al poder al presidente Gustavo Petro y el jefe de su colectividad, Carlos Ramón González se convirtió en el poder detrás del trono en la Casa de Nariño y su pupila política Sandra Ortiz, en consejera presidencial.
El lado oculto de Iván Name, más allá de la política
Aquí se abre un paréntesis en su historia para explorar uno de los lados, si no más ocultos, sí más desconocidos de su personalidad. Un anillo con un triángulo invertido y con incrustaciones, símbolo de la masonería, lo revela como un miembro de esa confraternidad. Una fraternidad a la que también pertenece la ex Procuradora Margarita Cabello, pupila del gran masón de Barranquilla David Name Terán como puede leer aquí.
Alguna vez su hija María Clara, concejal de Bogotá, salió de ese silencio discreto que envuelve al movimiento para contar que su padre ostenta un grado elevado de la masonería que hace que pueda ser considerado como un maestro. De hecho, cuando ella lo contó, se ubicaba en el nivel 13 de una especie de escala que llega hasta el 33 y que lo sitúa como un “maestro del Arco Real”.
Según amigos y “hermanos” suyos de esa logia consultados, un “maestro del Arco real representa una continuación avanzada de la iniciación masónica que se cuenta a partir de los grados de “aprendiz”, “compañero” y “maestro”. El arco simboliza la reconstrucción del templo del rey Salomón, alto exponente de la verdad y la sabiduría.
En sus oficinas no era raro ver álbumes antológicos de grandes masones de la historia como Benjamín Franklin, gran maestro de la Logia de Pensilvania.
Name, como se veía en sus recientes apariciones en televisión, suele hablar de manera pausa y con un cierto grado de circunspección porque así busca reflejar las virtudes de la fraternidad y la tolerancia que pregona su logia.
“Los masones, como el doctor Name, no tienen una condición vergonzante. Lo que ocurre con ellos es que en sus ritos de ocultan del resto de la sociedad y sus verdades y sentimientos son expuestos en la privacidad de un templo”, dice un funcionario del Capitolio Nacional.
Ahora, las verdades de Name no serán expuestas en el círculo cerrado y en ocasiones inaccesible de una cofradía, sino en los estrados de la Corte Suprema de Justicia que los acaba de llamar a juicio como presunto autor de los delitos de cohecho impropio y peculado.
Iván Name a responder frente a la Corte Suprema de justicia
La acusación se basa en testimonios según los cuales recibió $1.000 millones cuando, en su condición de presidente del Senado, se oponía a los proyectos de reforma a la salud y a otras iniciativas sociales del país. Se trataría de un halago monetario para que accediera a darle prioridad en la agenda a esas iniciativas.
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La escena de la presunción judicial lo ubica al lado de Carlos Ramón González -hoy prófugo en Nicaragua- y de Sandra Ortiz -detenida en un cuartel policial- pactando coimas. Un pacto delictuoso que se habría dado con funcionarios del partido de los verdes a quienes nunca, hasta donde se supo, les había pedido cuenta.
Al lado de él comparecerá otro exdignatario del Congreso: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes a donde llegó por el respaldo que le dio el Presidente y la bancada del Pacto Histórico,, quien habría recibido $3.000 millones provenientes de contratos inflados artificialmente para la compra de camiones cisterna para La Guajira, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien habría recibido $3.000 millones provenientes de contratos inflados artificialmente para la compra de camiones cisterna para La Guajira, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
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Detrás vendrían otros congresistas que, a diferencia de ellos dos, se encuentran libres porque la justicia considera que no representan un peligro para la sociedad.
La senadora Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y los representantes Wadith Manzur (conservador) y Julián Peinado Ramírez (liberal) habrían aceptado dádivas provenientes del proyecto Cotorra, en Córdoba, destinado a obras de contención y prevención de inundaciones, según la Corte. Su monto, tasado en documentos oficiales del Ministerio de Hacienda es de $44.522 millones.
La firme acusación del magistrado investigador de la Corte Suprema
La “promesa remuneratoria”, como la denomina el magistrado investigador Misael Rodríguez en un auto de casi 800 páginas, estaba dirigida a que los parlamentarios dieran vía libre a proyectos de endeudamiento externo formulados por el gobierno para paliar la crisis fiscal. Cotorra no ha tenido avances significativos y sus obras lucen abandonadas, pero el dinero derivado de la negociación ha servido para que algunos de los congresistas se den gustos personales. La senadora Bitar, por ejemplo, le regaló una costosa cartera a la asesora del ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, convertida ahora en testigo de la Corte y de la Fiscalía. El envío del regalo y de los escrúpulos que generó inicialmente se reflejan en chats que hacen parte del expediente.
El proyecto Saravena, en Arauca, enfocado en obras de prevención de inundaciones y mitigación de la erosión, fue dotado de recursos por $32.599 millones. Su repartija habría beneficiado, además de integrantes del Congreso, al prófugo exdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil César Manrique y al excongresista César Muñoz.
Los $12.356 millones reservados a obras de mitigación de las lluvias en la sufrida población de El Salado, en Carmen de Bolívar, atrajeron el interés del senador Juan Pablo Gallo (liberal).
Gallo, según el documento del magistrado Rodríguez, fue el último de los congresistas en participar en reuniones que se suponían reservadas que se dieron el 26 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. Esos encuentros fueron documentados no solo con declaraciones de los testigos, sino también con videos y libros de bitácora de visitantes.
En un proyecto de decisión, el magistrado al frente del proceso pidió la detención de los seis congresistas, pero sus compañeros de sala votaron en contra con el argumento de que ninguno de ellos está en condiciones de ocultar pruebas u obstruir su práctica.
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