Hace un cuarto de siglo Cartagena y otras capitales de la Costa Caribe no afrontaban la crisis de generación eléctrica que hacen hoy impagables las tarifas. Termocartagena, operada por Traselca –hoy filial de ISA con sede en Barranquilla- , era una planta con proyectos ambiciosos y sus nuevos dueños soñaban con multiplicar los 180 megavatios con los que abastecía a la ciudad a la zona industrial de Mamonal.
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El 85 por ciento de Corelca -anterior dueña de la planta- había comprada por sus trabajadores gracias a un crédito que por $133.362 millones les extendieron a la Financiera Eléctrica Nacional y la banca privada y a la asesoría de las firmas Jersey Private Bank & Trust y Colombian Electricity Fund, diseñadoras de la operación.
El músculo financiero no resultaba suficientemente fuerte para mantener en funcionamiento por mucho tiempo la empresa, pero si representaba un respaldo para venderla sin pérdidas a Traselca. La sustitución patronal llegó a buen puerto.
José Rodón, gerente de la central térmica Termocartagena, fue autorizado para traer expertos alemanes que impulsarían las modificaciones técnicas y fortalecerían la infraestructura de generación. Lo hizo a través la multinacional Siemens, que se convirtió en aliada del proyecto.
A instancias de esa alianza, en 1999 llegó al país el ingeniero teutón Wuter Agge para asesorar el proyecto y se designó al mejor de sus expertos, el ingeniero uniandino Jorge Torres Calderón, jefe de su División de Ingeniería y Construcciones. Entre los dos integrarían un tándem que inició su trabajo con los mejores augurios.
Sin embargo, sobrevendría una tragedia. A las 3:30 de la tarde del 25 de julio de ese año, cuando acaba de ser impartida la orden de iniciación, la planta explotó. Aun hoy no se conocen las causas exactas de un siniestro que produjo enorme conmoción.
Los ingenieros Torres y Agge murieron. A su lado perdieron sus vidas también los operarios de Siemens Gabriel Pautt, Cesar Molina Vargas, Habid Blandón y el técnico de Transelca Óscar Franco Nieto. Hubo 21 heridos y la supervivencia de algunos de ellos fue un auténtico milagro obrado por los médicos de la Clínica Enrique de la Vega, adscrita entonces al Seguro Social. La media ciudad que las víctimas habían iluminado quedó sin energía. Su última faena había durado diez horas continuas.
La multinacional alemana se hizo cargo de inmediato de la atención de los familiares de sus víctimas. No ocurriría lo mismo por el lado colombiano, donde omisiones, dilaciones y hasta marrullas han hecho que hoy, 26 años después, la familia del ingeniero Jorge Torres, el mejor calificado tanto por Corelca como por Traselca, no haya visto satisfechos sus derechos.
Cinco meses después de la tragedia, Seguros Liberty, la aseguradora de riesgos laborales le otorgó a la viuda de Torres, Clara Stella Polanía, una especie de auxilio vitalicio equiparable a una pequeña pensión. En medio de su dolor, la viuda, madre de tres hijos, aceptó también una “gran concesión” que le ofrecía Traselca: una indemnización de $200 millones.
Eso sí, antes de hacer el desembolso Transelca le pidió firmar un documento en el que renunciaba a la sustitución pensional y al reconocimiento de “perjuicios patrimoniales, personales y hereditarios”.
Hecho el duelo, su familia y abogados distintos al que la asesoró cuando hizo el acuerdo para resignar sus derechos, doña Clara Stella buscó reivindicarlos. Con la ayuda de su cuñado, el economista Juan Torres -hermano del ingeniero fallecido- logró hacer una reconstrucción documental que acopia la historia de la sustitución patronal de Corelca a Traselca, empresas para las que la víctima trabajó 26 años, 4 meses y 18 días.
El incumplimiento de Traselca hoy filial de ISA
En todas convenciones colectivas empresas y trabajadores habían acordado que la muerte de todo empleado, después de doce años de servicio, le daba derecho a sus beneficiarios legales a recibir una pensión no inferior al 50 por ciento del salario promedio.
La empresa rechazó una solicitud hecha por la familia Torres en ese sentido, con el argumento de que había pagado sus obligaciones, según el acuerdo firmado, y el sindicato Sintraelecol negó inicialmente que el ingeniero Torres estuviera afiliado a esa organización. Fue preciso que su hermano reuniera todos los comprobantes de pago salarial para demostrar que mensualmente recibía un descuento por concepto de aporte sindical, por lo cual tenía derecho a los beneficios contemplados en las convenciones.
Pero por encima de todo eso, según explican expertos, la legislación laboral colombiana establece que la pensión es un derecho irrenunciable y así lo establecen también tratados internacionales suscritos por Colombia y lo defiende la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con todo, el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Barranquilla falló en contra de las pretensiones de la viuda del ingeniero Jorge Torres Calderón y lo convirtió en el gran olvidado de una tragedia que segó la vida de hombres que un día trabajaron por garantizarle el servicio de energía a la Costa.
El Tribunal Superior del Atlántico revisa al caso y abre la posibilidad de que haya justicia al cabo de un drama que se ha prolongado por 26 años.
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