Opinión

Esclavitud silenciosa II: adicción y servidumbre en el reciclaje

Sentencia de la Corte indica que la adicción en el trabajo puede ser esclavitud moderna. ¿Se ha transformado el “aprovechamiento” en esclavitud en el reciclaje?

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septiembre 18, 2025
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Hace más de un año, abordé el tema de la “esclavitud silenciosa” en Bogotá. Aunque no tengo pruebas, tampoco dudas, estoy convencido de que en el sector del reciclaje ocurre lo descrito en la sentencia SP1708-2025.

En la sentencia, el Dr. Carlos Roberto Solórzano, Magistrado Ponente, reveló que, en un hotel del antiguo Bronx, dos personas con adicción fueron inicialmente deudores, luego “empleados” y finalmente víctimas de una explotación prolongada por años, con jornadas inhumanas y sin descanso.

La Sala explicó que la administradora los esclavizó sin recurrir a la violencia física, ya que los acogió para saldar una deuda que ellos “voluntariamente” deseaban pagar. Por ello, los mantenía disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin reconocerles derechos básicos. Les ofrecía tres mil quinientos pesos diarios, además de alucinógenos y un alojamiento indigno para cada uno.

La Corte subrayó que la trata es un delito continuo, ya que se perpetúa cada vez que la situación ilegal persiste. Con esta visión, sugiero una reflexión cuidadosa y necesaria. Diariamente, la ciudad ve a recicladores exhaustos, abandonados, degradados y algunos con signos claros de consumo de drogas. Si la adicción de estos trabajadores se explota para obtener material barato y asegurar su obediencia, su consentimiento se debilita y la relación “laboral” se transforma en control y dominio sobre un ser humano.

En el hotel, la adicción fue un factor determinante; en el aprovechamiento, ¿no podría tener el mismo efecto cuando se combinan la informalidad crónica, las deudas pequeñas, los pagos indignos y la promesa de la próxima dosis? Los datos del Distrito revelan la debilidad de este eslabón.

El informe de gestión 2024 de la UAESP indica que el 82% de los recicladores de oficio está en un régimen subsidiado de salud, que casi nadie cotiza a pensión y que la cobertura en riesgos laborales es casi inexistente; a finales de 2024, había centenares de organizaciones activas en el RUOR (Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio de Bogotá).

La epidemiología local añade otra dimensión, el estudio Bogotá-2022, realizado por la Secretaría de Salud y la UNODC, revela un alto consumo reciente de sustancias, con mayores índices de abuso y dependencia en los estratos 1 y 2. En la práctica, esto significa que miles de personas enfrentan la adicción en áreas donde su ingreso diario proviene de recoger cartón, vidrio y metal. Cuando la necesidad y la dependencia se alinean, la libertad se convierte en un recurso mercantilizable.

La reciente decisión de la Corte Suprema sobre el impacto del consumo en la libertad y voluntad de una persona permite plantear ante la Corte Constitucional si una persona sin hogar adicta vive en condiciones inhumanas por elección o debido a su enfermedad química. Pero volvamos al tema de la esclavitud en el aprovechamiento o reciclaje.

El Informe 2024 sobre Trata de Personas destaca los esfuerzos en el ámbito penal, pero señala retrasos en la detección y judicialización de la trata laboral. Lo que no se documenta tiende a quedar impune. La esclavitud en el reciclaje no solo es un caso de explotación externa, sino también un reflejo de nuestra indiferencia diaria.

Como ciudadanos, contribuimos negativamente cuando no separamos los residuos en la fuente, dejamos de organizarnos comunitariamente y, peor aún, cuando pertenecer a estratos más altos se traduce en menor comunicación y solidaridad vecinal.

Somos responsables de esta exclusión y esclavitud al sacar la basura en horarios inapropiados o pagar a recicladores, a menudo adictos o atrapados en la pobreza, para que cometan delitos ambientales y desechen residuos de construcción, electrodomésticos o muebles obsoletos que sabemos que el camión oficial no recogerá. Esto permite que los desechos se tiren en cualquier lugar, como humedales, caños o esquinas, siempre que no estén cerca de nuestras casas.

La esclavitud en el reciclaje comienza en nuestros hogares. Sí, en nuestras propias casas se inicia una cadena invisible de servidumbre, sostenida por la comodidad de quienes creen que organizan al desechar todo en la basura. Pensamos que resolvemos nuestro desorden, pero en realidad, trasladamos el costo humano a los más vulnerables.

Quien reduzca este drama a una desorganización estructural desconoce la esencia constitucional de lo que nos corresponde en este problema. El artículo 17 prohíbe la esclavitud y servidumbre. El 25 garantiza el derecho a un trabajo digno y justo. El 49 impone al Estado y la sociedad abordar la adicción como un problema de salud pública, no como un medio de explotación. Además, el artículo 188A del Código Penal sanciona la captación, acogida o recepción de personas con fines de explotación, incluso si la víctima “acepta”. La reciente sentencia de casación refuerza este marco normativo y nos recuerda que no basta con indignarse ante casos extremos.

Debemos analizar, sin eufemismos, dónde y cómo desechamos la basura, a qué hora, y quién se beneficia, ya sea de forma implícita o explícita

En otras palabras, señores, o contribuimos a la explotación al no respetar los horarios para sacar los residuos, no separar en la fuente, ni organizarnos con los recicladores, o somos parte de la solución al planeta y de la defensa de la libertad.

Volvamos al paralelo hipotético, no para estigmatizar, sino para preguntar mejor: un reciclador con problemas de consumo o en víctima de la trampa de pobreza, “acepta” rutas extensas y pagos en efectivo insuficientes, (prontopago) a veces durmiendo en la bodega o en la carreta. Contrae pequeñas deudas con intermediarios de material, aprende que pierde “la plaza” si falta, y recibe pagos como anticipos o “ayuda”. Hay control del tiempo y espacio, dependencia y lucro. Aunque esto no prueba por sí solo trata, activa la responsabilidad estatal de investigar con atención penal, laboral y sanitaria para evitar que situaciones como las del Bronx se normalicen.

No se trata de criminalizar la pobreza ni de demonizar a quienes organizan el reciclaje, una actividad vital y ecológica, sino de establecer un límite: ninguna cadena de valor puede basarse en personas vulnerables cuya voluntad se compra con hambre o sustancias.

La ciudad necesita una ciudadanía corresponsable; necesitamos más cultura y más “garrote” para el que obra con ignorancia dolosa o insensibilidad ambiental. La esclavitud en el reciclaje no es solo un fenómeno de explotación ajena: también es el reflejo de nuestra indiferencia cotidiana.

Necesitamos cultura, compromiso ciudadano y amor por los demás, aspectos que no se obtienen a través de las licitaciones del servicio de aseo.

Es fundamental implementar flujos de aprovechamiento, coordinados con las juntas de acción comunal y con los vecinos; se requieren inspecciones laborales centradas en la salud, y rutas de denuncia seguras para recicladores con consumo problemático. La Fiscalía y Superservicios deben investigar posibles casos de trata laboral en el sector; Personería y Procuraduría deben supervisar que los recursos lleguen a las manos correctas.

Además, el Distrito debe coordinar el tratamiento, la reinserción y la seguridad social para que la dosis deje de ser una moneda de cambio por el material reciclable.

 Si en la primera columna que escribí sobre esto, la esclavitud parecía un problema ajeno, hoy la Corte nos recuerda que es una realidad jurídica concreta que nos involucra, porque somos los generadores de los residuos con los que finalmente se destruye la dignidad ajena.

Así como en aquel hotel los huéspedes veían silentes cómo se explotaba a dos seres humanos reducidos a instrumentos, así también los ciudadanos vemos en el reciclaje cotidiano la servidumbre que sostenemos con indiferencia y luego nos quejamos: puntos críticos, desorden, inseguridad.

La libertad es capturada cuando se alquila a cambio de saciar una adicción, y la dignidad que tanto pregonamos, no nos adorna cuando ayudamos al desquicio del servicio de aseo público.

¿Será casualidad que nuestras cárceles y nuestro sistema de aseo consistan en ocultar o enterrar y no en aprovechar? Nos corresponde dejar de fingir: cada bolsa mal puesta puede ser una cadena más, un grillete más.

@HombreJurista

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