El presidente Gustavo Petro no cree en la independencia y la autonomía de los gobiernos regionales. Lo demostró cuando dijo que él es el jefe de los alcaldes del país, tras acusar a los mandatarios de Medellín y Cali por su viaje a Estados Unidos en la primea semana de septiembre, de estar usurpando sus funciones como director supremo de las relaciones internacionales de Colombia.
Él y su ministro del Interior, Armando Benedetti, anunciaron por eso que promoverían acciones judiciales contra Federico Gutiérrez y Alejandro Eder que viajaron a Estados Unidos para sensibilizar al gobierno de Donald Trump y al Congreso en Washington sobre las graves consecuencias que traería para sus ciudades una eventual descertificación de Colombia en el campo de la lucha antinarcóticos.
Según fuentes de la Casa de Nariño, jefe del Estado tampoco vio con buenos ojos la visita del alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán y de seis gobernadores a Japón y a Corea dentro de un programa de promoción turística y comercial. Sus propios asesores tuvieron que explicarle que ese viaje había sido concertado con Procolombia -entidad oficial dependiente del Ministerio de Comercio- y financiado por uno de los gremios territoriales.
Dueño de una particular estrategia en redes, bajo la consigna de que toda obra o pronunciamiento del gobierno nacional debe encadenar a las oficinas de prensa oficial para generar tendencias, Petro ha movido el mundo digital con sus llamados al orden a los alcaldes y su discurso de autoridad y ascendiente sobre ellos. Algunos internautas han salido a citarle la Constitución para recordarle que su relación con alcaldes y gobernadores no es de subordinación sino de articulación, es decir, de coordinación, ya que ellos también son elegidos por voto popular.
El mandatario de Córdoba alzó su voz en la cumbre de gobernadores de Quibdó
Réplicas en bloque de los mandatarios territoriales no se han producido, ya que ellos han venido haciendo llamados a “desescalar el discurso” para atizar más la conflictividad que se vive en el país. Sin embargo, a una reciente cumbre de gobernadores en Quibdó- a donde no asistió el presidente, que habitualmente las instala- el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta hizo una firme defensa del fuero territorial y de la tarea de alcaldes y gobernadores.
“Gobernadores y alcaldes estamos sacando el país adelante”, sentenció el gobernador que, a sus 35 años, es uno de los más jóvenes de ellos. “Trabajamos articuladamente en beneficio de todos los colombianos, sin sesgo ni color político. Ese es el verdadero deber de un gobernante”, insistió.
Eso sí, dejó en claro que él no es ni petrista ni antipetrista. “Mi deseo es que le vaya bien al presidente Petro para que nos vaya bien a todos”.
Las tensiones generadas por Petro al cuestionar de esa manera las gestiones de los alcaldes, principalmente, han provocado también preocupación e incertidumbre porque todos los niveles de gobierno han acordado trabajar juntos por la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley que regulará el funcionamiento del Sistema General de Participaciones, es decir, que decidirá cómo serán distribuidos a partir de 2017 por recursos del Presupuesto de la Nación.
Los acuerdos alcanzados hasta ahora, antes de las fricciones generadas alrededor del tema de la certificación, habían sido favorables para todos. El gobierno nacional, responsable de presentar la iniciativa ante las cámaras, se ha mostrado dispuesto a balancear mejor las competencias de las regiones y darles mejores recursos y atribuciones para prestar directamente los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
Los gobiernos territoriales han cedido en aspectos importantes en relación con los intereses del gobierno Petro al acordar que una parte importante del proyecto de reforma a la salud, que luce enredado en el Capitolio Nacional, sea rescatada a través de la Ley de Competencias, especialmente en lo que tiene que ver con el campo de la prevención.
Los acuerdos entre presidente, alcaldes y gobernadores son clave para que se pueda cumplir el mandato establecido en la reforma constitucional de finales de 2024 que dispuso que durante los próximos doce años el giro de los recursos de la Nación a las regiones pase de 28,5 por ciento a 39,5 por ciento. La plata que salga de allí será vital en tiempos de vacas flacas, de crisis fiscales.
Pero si se sigue picando el pleito sobre quién manda a quién los avances podrían irse al despeñadero, lo cual sería muy grave porque la Constitución establece que la ley de competencias deberá estar aprobada en diciembre próximo.
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