El 9 de julio, en el Club de Banqueros de Bogotá, se dieron los primeros pasos hacia una reforma que podría cambiar el futuro del tratamiento penal para actores armados en Colombia. Con la presencia del Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, dos borradores de proyecto de ley fueron presentados a la Comisión de Política Criminal.
Ambos proyectos buscan adaptar el marco legal a la idea de una "paz total", pero con enfoques diferentes. Por un lado, el borrador de Montealegre propone reformas a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para incluir a nuevos actores armados, civiles, colaboradores y agentes del Estado, otorgándoles penas alternativas de 2 a 8 años, reintegración territorial y medidas de resocialización.
Por otro lado, el proyecto de Novoa establece un régimen jurídico especial más flexible, diferenciando entre grupos armados y estructuras de crimen organizado. Además, plantea beneficios como "libertad condicional" y conservación parcial de bienes, con un enfoque restaurativo en la justicia.
Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación. En Medellín y el Valle de Aburrá, algunos temen que cabecillas de bandas criminales, incluso involucrados en el "tarimazo", puedan quedar en libertad condicional si se aprueban estos beneficios. Este temor crece con figuras como Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quienes podrían beneficiarse de estas reformas.
El senador Efraín Cepeda expresó su rechazo: "Creo que sería burlar a la justicia. Que salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia para que en la mañana se sienten en una mesa de negociación y en la noche delinquen…"
La discusión está lejos de terminar. En los próximos días, se convocará a nuevas reuniones con diversas organizaciones para analizar los detalles de estos proyectos, que ya están generando un fuerte debate político a medida que se acerca el inicio del nuevo periodo legislativo.
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