Uno de los procesos que adelantó la Comisión de la Verdad versó sobre la suerte de los acuerdos de paz firmados en el pasado por el Estado colombiano con distintas organizaciones armadas. Estuve allí, con otros de mis camaradas, en representación de las extintas FARC. Dentro de los participantes se encontraban también representantes de los antiguos grupos paramilitares, desmovilizados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Allí conocí entre otros a Iván Roberto Duque, o Ernesto Báez, un adulto mayor conciso y vociferante, que encarnaba el pensamiento de sus antiguos compañeros, en torno a los abiertos incumplimientos por parte del Estado colombiano, de los acuerdos pactados con el gobierno de Uribe en Ralito. Justicia y Paz seguía persiguiéndolos en forma implacable. Y había echado en saco roto todas sus versiones sobre los demás responsables.
El acuerdo que suscribieron los obligaba a aportar verdad plena sobre sus crímenes, a reconocerlos y pedir perdón a las víctimas a manera de reparación moral. Para su reparación material también habían aportado muchos de sus bienes mal habidos. Se mencionaba, por ejemplo, que Mancuso había entregado más de 80.000 millones en tierras. A cambio de todo eso, pagarían una pena máxima de 8 años, en aplicación de un concepto nuevo de justicia, la justicia restaurativa.
El caso era, tal y como lo aseguraban todos ellos, que habían tenido que reconocer no sólo las masacres y demás crímenes que efectivamente cometieron, sino una infinidad de acusaciones de las que no tenían idea. Además, habían aportado a Justicia y Paz, en sus sucesivas versiones, la información que conocían en torno a sus financiadores y apoyos entre grandes empresarios, ganaderos y políticos, además de los mandos militares y policiales que fueron sus cómplices.
Sus inconformidades residían en que muchos de ellos, pese a sus reconocimientos y versiones libres, habían tenido que pagar hasta catorce y más años de prisión, sin que todavía se hubiera definido su situación jurídica. Algunos permanecían en la cárcel, mientras que los que habían recuperado su libertad aún seguían siendo llamados por Justicia y Paz a rendir versiones por nuevos hechos, sin importar todo cuanto habían declarado y reconocido.
Lo cual los mantenía en una especie de limbo, impedidos del goce de sus derechos elementales. Por ejemplo, ni siquiera les había sido autorizado tener cédula de ciudadanía y, desde luego, no podían abrir ni una cuenta de ahorros, siendo considerados una especie de parias. Con enorme amargura confesaban también que, pese a las informaciones que suministraron sobre los patrocinadores y coautores de sus crímenes, estos seguían en absoluta impunidad.
En sus propias palabras, la fiscalía general de la nación había secuestrado toda la información sobre quienes estuvieron detrás de sus actuaciones, impidiendo que fueran llamados a responder ante la justicia. Como quien dice, ellos habían terminado por pagar todos los platos rotos, mientras sus inspiradores gozaban de completa tranquilidad. Eso era injusto, el Estado colombiano había sepultado la responsabilidad de los mayores culpables.
Recuerdo estos episodios de unos cuatro años atrás, mientras leo la nota que escribió para Contexto Ganadero el señor José Félix Lafaurie, durante largos años presidente de Fedegán, la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, en la cual la emprende contra la JEP con ocasión del reciente indulto que esa jurisdicción concedió a Simón Trinidad, por varios delitos que consideró conexos con la rebelión, por la cual lo había indultado el año anterior.
Lafaurie lanza contra Simón las peores acusaciones que se le ocurren, pese a que este se halla recluido en una cárcel de los Estados Unidos desde hace veinte años
Igual que esas matronas peleonas de la costa, tan bien descritas por el inolvidable escritor cordobés David Sánchez Julio, el señor Lafaurie lanza contra Simón las peores acusaciones que se le ocurren, pese a que este se halla recluido en una cárcel de los Estados Unidos desde hace veinte años. Le duelen amargamente los indultos de la JEP, al tiempo que se regocija por los cuarenta años que aún debe pagar Simón como consecuencia de su infame condena.
Es que, para su felicidad, ni Trump ni Biden accedieron a indultarlo. A su juicio, son muchos más los crímenes por los que debe ser llamado a responder Simón, y por los que él y los antiguos mandos de las FARC deben ser condenados a infinitos años de prisión. En definitiva, si algo está seriamente embolatado con relación al conflicto armado colombiano y el Acuerdo Final de Paz de La Habana, es precisamente la verdad. El Establecimiento está seguro de pasar de agache.
Lo entendieron los antiguos jefes paramilitares, que saben fueron usados y desechados con notoria repugnancia. Hoy hay una dolorosa e inaceptable paradoja. Mientras los mandos de las extintas FARC comparecen ante la JEP, asumen responsabilidades y piden perdón, recibiendo como cristos latigazos, coronas de espinas y escupitajos como los de Lafaurie, los otros, los que evadieron Justicia y Paz y ahora la JEP, continúan odiando, azuzando y lanzando dentelladas sangrientas.
Igual que siempre, solo eso logra satisfacerlos.
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