Una de las garantías de la democracia, la libertad, la igualdad y los derechos individuales es la separación de los poderes. Esa separación implica que el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo trabajen de manera armónica, pero independientemente.
Habiendo heredado de Locke y Montesquieu, todos los Estados que se consideran seguidores de los principios liberales y observadores del Estado de derecho los consagran en sus cartas constitucionales y, salvo excepciones demenciales, nadie argumenta públicamente estar en contra de esa tripartición.
No obstante esa claridad y contundencia, al momento de la verdad, si queremos defender la prerrogativa, bien vale la pena entender sus bondades:
Control:
Que ni la misma persona, ni las entidades que le reportan, sean quienes hacen las leyes, quienes las ejecutan y quienes juzgan si los comportamientos se apegaron a sus dictámenes, es en sí un mecanismo muy efectivo para que no se concentre exageradamente el poder.
Balances y pesos:
Contar con el trípode implica que, en muchas de las facetas críticas de la sociedad, cada una de esas ramas sea controlada por las otras. De esa manera, el eje, que es la carta constitucional, sigue siendo un ideal abstracto, y no podrá estar al servicio de ninguno de los componentes ni de las personas que los integran.
Prelación del interés general:
En tanto que cada rama tiene su función y necesita de las otras para operar, es inevitable que se coordinen bien solo en el camino de lograr el bien público. Eso, porque si una de las tres se desvía, como necesita de las otras, esas la orientarán de nuevo al curso correcto.
Cuidado de las libertades individuales:
Un gran logro de las sociedades democráticas liberales es el reconocimiento y la prelación de las libertades individuales. Logrando que ninguna persona y ninguna entidad acumule para sí la posibilidad de decidir qué se hace, cómo se hace y si se hace bien o no, serán esos ciudadanos los que tengan la posibilidad de acudir a uno u otro poder, según se necesite, para que sus derechos fundamentales sean respetados.
Eficiencia:
Trabajar en una de las tres caras del poder público, sin tener que preocuparse de los pormenores de las otras dos, hace que se logren arreglos institucionales y se capacite bien a los servidores públicos, para que cada uno, haciendo lo suyo, sea lo más eficiente y efectivo posible.
Igualdad:
El Congreso prevé lo que debería ser la ley, pero son los jueces los que deciden qué es la ley. Que los seres humanos seamos iguales tiene muchas aristas, pero una muy significativa es que la ley sea la misma para todos. Esa prerrogativa precisa que quien hace las leyes no tenga posibilidad de resolver cómo se llevarán sus dictados a la realidad, que es el trabajo del gobierno, ni cómo se aplicará a casos concretos, que es la misión de nuestros jueces.
Pluralidad:
Si existen tres ramas para el poder público y cada una se distingue claramente de las otras, los perfiles de quienes accederán a las posiciones de esos oficios serán diferentes, y las carreras de los colombianos en una u otra rama normalmente los llevarán a hacerse cada vez mejores en ese tema, pero no en los otros. A partir de ello, obviamente, se aporta mucho a que exista pluralidad en el ejercicio del poder público.
En eso creemos. Y creemos en ello por encima de los cantos de sirena que a veces tientan a ingenuos con promesas de que se lograrán resultados en economía o seguridad pasando por encima de esa preciosa separación. No. No abdicaremos nunca nuestra vocación de igualdad, libertad y fraternidad ante ninguna quimera de corto plazo.
Del mismo autor: ¡Solos nos muelen!
Anuncios.
Anuncios.
