El Morro de Gaira, un islote natural que sobresale en la Bahía de Santa Marta, una referencia emblemática para samarios y turistas, se convirtió en el centro de un pleito judicial que llevaba más de 20 años, pero que el Tribunal Administrativo del Magdalena finalmente resolvió: lo declaró bien público. Y por tanto no puede adjudicarse a particulares.
Los herederos del empresario Gustavo Díaz Segovia quisieron apropiarse del bien alegando que hace casi 60 años el desaparecido Incora había firmado un contrato de arrendamiento por diez años en el que el favorecido, quien habría pagado el canon por adelantado, levantó unas construcciones que hoy están abandonadas. Para la época se podía intervenir el lugar y, al no considerarse el Morro una zona protegida, en efecto, se construyó un condominio y para dar garantías de legalidad se demostró una presencia por más de 20 años.
El Tribunal Administrativo del Magdalena negó la pretensión de la familia samaria y resolvió el litigio en favor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que defendió los intereses de la Nación. Según los alegatos, cuando el Estado declaró el Morro Gaira como propiedad pública se perdieron las inversiones hechas por parte de los beneficiarios y para reparar el daño los descendientes de Gustavo Diaz buscaban ser reparados con más de $ 121.000 millones.
En su momento se argumentó que no era una isla, lo que reafirmaba su naturaleza de bien adjudicable
El Incora para la decisión se apoyó en los conocimientos de Ricardo Parra Suárez, oceanógrafo, y Georges Vernette, un geólogo marino.
Para 2016 el Consejo de Estado tumbó la decisión del Incora y calificó el bien como patrimonio público. En respuesta a la decisión los herederos de Gustavo Díaz fue demandar al Estado. Se mencionó como errónea la decisión Consejo de Estado, su presidente en 2016 era Danilo Alfonso Rojas Betancourth, también se argumentó como una falla de la justicia que el proceso sobre el islote durara más de 22 años.
Todo terminó el 17 de marzo de 2024 cuando el Tribunal Administrativo del Magdalena negó la demanda de reparación directa. Al concluir que no existió ninguna responsabilidad por parte de la rama judicial, confirmando la decisión del Consejo de Estado de 2016.
Le puede interesar: En menos de dos meses el Estado ganó un pleito y perdió otro con dos grandes multinacionales mineras
Anuncios.
Anuncios.
