En la casa de Luis Fernando Velasco en Popayán, se aprendía a leer en los textos de los códigos. Su padre, Omar Henry Velasco, se destacó como jurista y llegó a ser director nacional de Instrucción Criminal antes de que las funciones de su cargo fueran asumidas por la Fiscalía general de la Nación, una de las más importantes creaciones de la Asamblea Constituyente de 1991.
Cuando Velasco hijo fue detenido temporalmente en 2009 por decisión de la Corte Suprema de Justicia, su padre se dio a la tarea de ser uno de los voceros públicos de su defensa. Recorrió los medios de comunicación y se reunió con quien fue necesario para demostrar que su vástago, en esa época representante a la Cámara jamás tuvo o tendría vínculo alguno con paramilitares.

Su enjuiciamiento en la Corte -que lo llevó a pagar 4 meses de cárcel en La Picota y finalmente lo absolvería de todo cargo- fue producto de una versión concertada entre el jefe paramilitar ‘don Berna’ y la excongresista Rocío Arias, condenada por parapolítica y una de las aliadas de Mancuso, la principal empeñada en que las llamadas autodefensas obtuvieran el reconocimiento de estatus político a instancias de la Ley de Justicia y Paz que las llevaría a su desmovilización.
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Aunque trabajó en la preparación de la Ley, el joven congresista Velasco se opuso radicalmente a que grupos armados con ese perfil, responsables de masacres y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, obtuvieran el reconocimiento que buscaban.
De su actitud darían fe los congresistas de la época Gustavo Petro, Gina Parody y Rafael Pardo, quienes declararon a su favor y explicaron el comportamiento durante el trámite parlamentario del representante que se veía sometido a la condición de reo de la justicia.
La excongresista Arias -reconocida ella sí por sus nexos con los paramilitares- declaró ante la Corte que Velasco había viajado a España, a Chile y también a otros destinos nacionales con gastos pagos por las estructuras armadas que seguían las órdenes de Carlos Castaño y de ‘Don Berna’. Como prueba aportó el recibo de una consignación hecha por un enviado de los paramilitares en una oficina bancaria en el departamento de Córdoba para la compra de un tiquete.
Velasco no negó sus viajes a España y Chile y le explicó a la Sala Penal de la Corte que había asistido a foros y encuentros con expertos en los reunió insumos académicos, jurídicos y legislativos para incorporarlos a una ponencia del proyecto de justicia y paz. Explicó también algo que en su momento fue un hecho notorio: sus reuniones con voceros de paramilitares que habían hecho parte la famosa cumbre de Santafé de Ralito en Córdoba. “Fui con Rocío Arias en una avioneta que ella me dijo le había sido prestada por un ganadero amigo suyo y en ese momento yo no tenía razones para dudarlo”, explicó en su momento Velasco.
La Corte inicialmente no acogió su versión. A comienzos de 2009 ordenó su captura y posterior detención y luego lo llamó a juicio. Durante la vista pública la calidad de las pruebas se apreció mejor y resurgieron las contradicciones de la testigo Rocío Arias con colaboradores suyos y la Corte dispuso entonces su absolución plena y su libertad de inmediata.
Ahora versus Olmedo López
Ahora, más de quince años después de ese difícil trance, Velasco vuelve a vérselas con un testigo que espera verlo condenado como parte de un esquema de cooperación judicial con el que busca impunidad. Ese testigo se llama esta vez Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

López acaba de hacer el tránsito de principal inculpado por el saqueo de millonarios recursos de la entidad a “testigo eficaz” y en su nueva condición tiene en su mira, entre otros, a Velasco a quien busca atribuirle delitos que habría cometido cuando se desempeñaba como Ministro del Interior del actual gobierno.
Velasco de alguna manera se le anticipó a Olmedo y lo tiene denunciado por injuria y Calumnia porque, aun antes de la actuación formal de la justicia en su contra, lo acusó públicamente de haber dispuesto de recursos de la entidad para comprar apoyos parlamentarios para la aprobación de la reforma a la salud, que hasta el sol de hoy no ha sido aprobada.
¿Qué va a decir específicamente López contra Velasco? Según sus versiones anticipadas a los medios de comunicación, que cuando Velasco ocupaba la cartera política le dio instrucciones para “direccionar” un contrato por $35.000 millones para favorecer los apetitos del congresista cordobés Julio Elías Chagüi. El objeto del contrato sería el tendido de una red para el acueducto de Sahagún.
A diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, en los casos del expresidente de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, en los que hay al menos una descripción de la manera como les habría entregado millonarios recursos, en el de Velasco no hay evidencia ni de la adjudicación del contrato ni del trasiego de recursos.
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Sin embargo, durante la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, la Fiscalía dio un anticipo de la conducta que habrá de ser debatida ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte. Lo hizo en estos términos. “El 4 de diciembre de 2023, usted señor Olmedo López se reunió con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi por un valor aproximado de 35.000 millones. El senador le indicaría dónde y con quién los ejecutaría”.
Sin embargo, la propia Fiscalía ha aclarado que ese y otros contratos “no alcanzaron a ejecutarse” porque el estallido del escándalo mediático lo impidió. Ahora Velasco espera invertir la carga de la prueba para que su testigo quede obligado a demostrar que el supuesto acuerdo fue pactado.
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