La sentencia SP1799-2025 de la Corte Suprema de Justicia, ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, dictada el 13 de agosto de 2025, confirma la condena a Miller Orlando Rubio Orjuela, periodista del noticiero CM&, por concierto para delinquir.
Este fallo no es un ataque a la libertad de prensa, sino una meticulosa necropsia que desvela cómo un reportero, confiado en su impunidad, inventó noticias, fuentes y titulares para servir a la mafia esmeraldera liderada por Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas.
Todo comenzó en febrero de 2008, cuando Rubio Orjuela puso su oficio al servicio del capo, utilizando su pluma y su influencia para encubrir los delitos del grupo, como el tráfico y porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, mediante informes periodísticos que sacrificaban la verdad para fabricar propaganda, para confundir la opinión pública e influir en procesos judiciales, ¿les suena conocida esa táctica?
El 19 de febrero de ese año el periodista publicó en CM& un reporte que denunciaba un supuesto rearme paramilitar en la zona esmeraldera y nexos del Ejército con grupos ilegales. En su narrativa, Orejas aparecía como víctima perseguida. Las investigaciones posteriores desnudaron la falsedad: no era una primicia, era un encubrimiento.
Pero a partir de abril, las interceptaciones telefónicas revelaron que Rubio asesoraba a los hombres de confianza del capo: sugería denunciar falsamente el retorno de paramilitares, inventar vínculos de militares con grupos ilegales y hasta señalar al Ejército de “falsos positivos”. Todo hecho con cuidado, con maestría periodística para no ser obligado a corregir fácilmente.
Resulta que, en abril de ese año se incautaron fusiles y granadas en una mina de Orejas entonces le avisaron al periodista, ahora condenados, y él en su momento propuso presentar el hallazgo como montaje militar. Incluso coordinó con autoridades locales reuniones para reforzar la versión de que todo era persecución.
No era un periodista que informaba: era un miembro más de la organización que montaba la escena, gestionaba pagos a reporteros y usaba su rol en CM& para mover engranajes en beneficio de un clan mafioso… el titular grandilocuente, la víctima imaginaria, burlona y embriagada de poder, el ejército inerme y desconcertado ante los medios, señalado criticado socialmente, puesto en la escena como el malo de película, todo era más a un triler de suspenso que a un crimen de la vida real.
La sentencia no castiga a un periodista por hacer su trabajo, entrevistar, ir al lugar de los hechos, recoger versiones, todos actos legítimos dentro de la libertad de expresión y el deber de información, lo que la sentencia castiga a la prensa mañosa, es la traición a los principios esenciales del oficio.
La veracidad, entendida como fidelidad a los hechos verificables y contrastados, pues ella se desmoronó en el instante en que transmitió versiones inventadas, disfrazadas de noticia.
La imparcialidad, que exige neutralidad frente a las fuentes y equilibrio en el relato, se degradó hasta convertirse en propaganda.
El interés público, que obliga a colocar en primer plano lo que afecta de manera directa a la sociedad, se pervirtió al ocultar delitos que minaban la seguridad regional. Y la objetividad, esa separación rigurosa entre hechos y opinión, se evaporó cuando la mafia dictó el guion y la pluma se convirtió en eco obediente.
Jurídicamente, la Corte fue precisa: el concierto para delinquir (artículo 340 del Código Penal) por el cual fue condenado el periodista, es un delito de mera conducta, lo que significa que se consuma con el simple acuerdo de voluntades para cometer delitos indeterminados, sin necesidad de ejecutarlos.
Se probó la pluralidad de sujetos, el periodista con el capo, sus escoltas, cada quién con su rol: “los de la vuelta”, los escoltas, el “asesor mediático” todos unidos en los fines ilícitos, encubrir homicidios, tráfico de armas, control territorial, corrupción. Se probó incluso la permanencia en el tiempo y el acuerdo de voluntades, plasmado en las llamadas interceptadas.
La conclusión es tajante: la libertad de expresión no ampara la complicidad criminal
Hay algo adicional que me llamó la atención en la sentencia, el caso revela la perversión de “la fuente” en Colombia. En el periodismo, la fuente es el origen de la información, protegida por la confidencialidad ética para salvaguardar identidades.
Pero se ha convertido también en coartada: se invocan “fuentes” para inyectar rumores sin contraste, disfrazando la mentira de verdad a medias. En contraste, la Fiscalía, usa la vieja y confiable jugadita de la “fuente no formal” para introducir datos sin escrutinio, alegando reserva.
En este caso, Rubio fabricó “fuentes” a la medida: entrevistas guionizadas para justificar al capo, Pedro Orejas. La fuente, que debería ser manantial de verdad, se convirtió en cloaca de engaños.
Este espejo judicial enlaza con las advertencias de Gabriel García Márquez o de Juan Gossaín, quienes mejor conocieron los males del oficio:
La obsesión por la “primicia”, por la “chiva” inmediata sin verificar, esa mal interpretación de ser “buen periodista” fue dictaminado por Gabo como la enfermedad que convierte al periodismo en un espectáculo de humo.
Y qué decir de la “podredumbre” de los titulares vendidos a poderes fácticos, denunciada por el legendario Juan Gossaín que se negó a ceder su credibilidad muchas veces y ante muchos poderes.
Las advertencias de esos dos gigantes encuentran en la sentencia total validación: cuando la prensa se alquila al crimen, deja de ser prensa y se transforma en altavoz de la mentira.
No es un fenómeno aislado. En África, la radio fue altavoz de un genocidio al llamar “cucarachas” a un pueblo entero; en Europa, diarios silenciaron a las mafias bajo el pacto de la omertà; en Norteamérica, la prensa de los años cincuenta arruinó vidas enteras al servir de eco al miedo y al macartismo. La libertad de expresión puesta al servicio de fines abyectos deja de ser libertad: se convierte en arma.
En Colombia, hoy en día, las dos extremas ideologías políticas tienen prensa, titulares, opinadores radiales, columnas, likes, especiales periodísticos y hashtag a la medida de sus necesidades, es innegable.
Hoy, en esta Colombia polarizada, la violencia verbal se normaliza y los titulares engañosos se reproducen como verdades absolutas. Se habla de reconciliación, pero los diarios y los posts en X siembran trincheras, violando el principio de contradicción: escuchar a todas las partes antes de dictar sentencia en la plaza pública.
La sentencia SP1799-2025 nos recuerda que el periodismo debe ser árbitro de verdad, no cómplice de bandos.
El reto es aún mayor en un mundo donde la inteligencia artificial fabrica imágenes y voces imposibles de distinguir, y donde los algoritmos privilegian el clic fácil sobre la investigación rigurosa.
Vivimos entre lectores que apenas alcanzan el titular y repiten el eco sin cuestionar. En ese escenario, el periodismo debe elegir: o se hunde en la corriente de la propaganda, o se afirma como oficio ético que resiste la seducción del atajo. La Corte Suprema ha dictado su veredicto, y no se trata simplemente de un castigo contra un periodista; es un reflejo para toda una profesión que está en una encrucijada.
@hombrejurista
Anuncios.
Anuncios.
