Opinión

La condena de Uribe: ¿un caso de “justicia personalizada”?

Uribe, contra el parecer de la Procuraduría fue condenado; contra el concepto de la Fiscalía se aumentó la pena, y sin condena en firme procedieron a capturarlo

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agosto 12, 2025
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A Álvaro Uribe Vélez le guardo gratitud porque nos devolvió la esperanza, hizo que este país volviera a ser viable. Y aunque mis preferencias electorales se hayan decantado por alternativas distintas a la que él auspicia, debo expresar mi desacuerdo frente a la sentencia dictada en su contra. Ese fallo representa un precedente complejo que tiene al país agitado, interrogándose  sobre la justicia y su relación con la ideología y la política. 

Tras el pronunciamiento del despacho a cargo del proceso la Corte Suprema destacó la importancia de un sistema de justicia ajeno a las presiones externas, capaz adoptar decisiones con estricto ceñimiento a las normas jurídicas. El comunicado también rechazó las voces de quienes sugieren que las decisiones de los jueces no se ajustan al ordenamiento jurídico.

No hay duda de que el poder judicial es columna fundamental del Estado de derecho y su autonomía condición esencial para que pueda cumplir el papel asignado por la Constitución. En las complejas circunstancias afrontadas por la democracia colombiana esa rama del poder representa posibilidad cierta de que al final de las turbulencias y el estropicio vividos, sobrevengan la sensatez y el derecho.

Bien es sabido que el aparato judicial en su conjunto acierta con sus decisiones finales. Esta característica procede de su estructura compleja y jerarquizada donde existen instancias y caben revisiones, apelaciones y tutelas. Todo a la sombra de la procuraduría, el Consejo de la Judicatura y la Comisión de Disciplina Judicial. Pero los jueces son seres humanos no infalibles, están expuestos al sesgo ideológico y los prejuicios, circunstancia que el sistema está en capacidad de corregir porque la cultura de revisión y examen crítico tienden a preservarlo del espíritu de cuerpo que significa solidaridad ciega entre quienes conforman un colectivo.

Comparto la apreciación de la Corte en el sentido de que la actividad jurisdiccional debe estar libre de toda injerencia, tanto del ataque que hoy reciben desde el ejecutivo las decisiones de los altos tribunales como de las invitaciones a poderes extranjeros para que presionen o incidan sobre  los fallos de nuestros jueces. También coincido en que las partes tienen un ámbito propio para dar a conocer su desacuerdo, pero agrego que en ningún caso puede limitarse el derecho ciudadano a opinar respetuosamente sobre estos temas.

El preámbulo extenso y farragoso de la sentencia plantea un propósito pedagógico y ejemplarizante dentro de cierto  marco conceptual, con lo cual se excede el cauce propio de los fallos judiciales. Una vez sentado aquel marco de inferencias y admoniciones lo que sigue no sorprende. La sentencia pretenderá abarcar los posibles errores pretéritos del imputado; las pruebas serán aceptadas aunque la legitimidad de su recaudo sea dudosa y no esté garantizada su cadena de custodia; al acusado se le negará el principio universal de favorabilidad y se lo condenará aunque no exista prueba exenta de dudas en el sentido de que él provocara la conducta punible.

"Justicia personalizada" que se aplica según el reo y no se rige por las normas generales sino por la opinión discrecional del juzgador

Muchos se preguntan ahora si la justicia puede convivir con la saña, y es que Uribe contra el parecer de la Procuraduría fue condenado; contra el concepto de la Fiscalía sufrió  el incremento de la pena, y contra el sentido de humanidad sin que la condena esté en firme, procedieron a capturarlo.

Consideraciones como las anteriores están dejando la idea en millones de colombianos de que aquí se está ante un caso de aquello que podría llamarse “justicia personalizada”, la que se aplica según el reo y no se rige por las normas generales sino por la opinión discrecional del juzgador. Esto sería muy grave en cualquier país y peor en uno tan dividido como el nuestro.

La preocupación sobre el tema se incrementa al considerar que el destinatario de la decisión, el privado de derechos para la acción política,  es nadie más ni nadie menos que el jefe de la oposición democrática. Un hecho que ocurre precisamente cuando comienza la campaña electoral que definirá el destino de Colombia. 

Del mismo autor: Salto mortal: de la OTAN a la Venezuela de Maduro

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