En Colombia la palabra corrupción ya no sorprende: aparece todos los días en los titulares y se instala con naturalidad en las conversaciones cotidianas. Pero lo que debería ser una alarma permanente se ha convertido en ruido de fondo. Y mientras tanto, la confianza ciudadana se derrumba. Ya van comenzado las nuevas elecciones nacionales y el ruido de las denuncias aumenta, sin embargo, es de tal magnitud este fenómeno que nos hemos acostumbrado a sus sonidos que arropan prácticamente todos los espectros políticos.
La corrupción no solo roba dinero; roba derechos y sepulta esperanzas colectivas. Se traduce en hospitales sin insumos, escuelas inconclusas, carreteras imposibles y subsidios que nunca llegan a quienes más lo necesitan. Cada contrato amañado, cada peso desviado, significa menos salud, menos educación, menos oportunidades para millones de ciudadanos colombianos, que han recibido una y otra vez promesas políticas de oportunidades y soluciones inmediatas que nunca llegan.
Pero lo más grave ocurre cuando la corrupción toca la justicia. Allí, donde deberían primar la imparcialidad y la defensa de la ley, se filtran los sobornos, las presiones indebidas y los nombramientos por favores políticos. Un juez que decide a cambio de dinero, un magistrado que responde a intereses de partido, un fiscal que se acomoda al poder, no solo cometen un delito: dañan el corazón mismo de la democracia. Cuando la justicia se corrompe, los ciudadanos pierden la certeza de que sus derechos serán protegidos y la democracia deja de ser un pacto confiable para convertirse en un terreno inclinado en favor de los poderosos.
La corrupción política también hace lo suyo: compra de votos, establece prácticas de financiación ilegal de campañas, moviliza fraudes electorales, genera tristes pedagogías de instrumentalización ciudadana y de dominación política. Esos mecanismos vacían de legitimidad la representación y convierten la política en un negocio antes que en un servicio. El resultado es un Estado cada vez más débil, incapaz de responder a las demandas sociales y desconectado de la vida real de la gente.
Colombia figura de manera constante entre los países con mayor percepción de corrupción en América Latina, según Transparencia Internacional. Este dato no significa solo una cifra o un lugar en un ranking: es el reflejo de una ciudadanía que ya no cree en sus instituciones y de una democracia que hace elecciones permanentemente, pero que opera sin confianzas básicas, en medio de un gran cinismo cotidiano que convive con el delito que arrasa lo común, lo público y lo estatal.
La lucha contra la corrupción no puede seguir siendo un eslogan electoral
Por eso la lucha contra la corrupción no puede seguir siendo un eslogan electoral. Requiere compromisos concretos de toda la sociedad para que se respalden las sanciones reales y sin privilegios, y se concrete independencia judicial efectiva, la transparencia en la contratación y el control ciudadano constante. Pero sobre todo exige un cambio cultural: dejar de normalizar el “todo el mundo roba”, dejar de justificar el atajo, dejar de premiar al vivo que se enriquece a costa de lo público.
La corrupción es un cáncer que corroe la democracia desde adentro; derrotarla no depende solo de leyes más duras, - que las necesitamos urgentemente -, sino de una ciudadanía que exija cuentas, que se indigne con razón y que actúe con coherencia, porque mientras la justicia sea un negocio y la política un mercado, la democracia será apenas un escenario de apariencias. En estos asuntos no hay que distraerse, toca ver las prácticas y ocuparnos de aplicar alternativas sin contemplación, porque lo que está en juego no es otra cosa que la posibilidad de tener un país digno y de proyectar nuestra confianza en el futuro.
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