“La Superintendencia Nacional de Salud había informado el pasado 21 de marzo el hallazgo de más de 6.100 unidades de fármacos retenidos en bodegas de la empresa (Audifarma) sin justificación aparente, luego de que Petro alertara sobre “medicamentos faltantes” en bodega de Audifarma en Bogotá. Supersalud había revelado que “de una lista de 22 medicamentos de mayor demanda por los usuarios, ocho de estos tenían suficientes existencias en la bodega de Audifarma, entre los que se encuentra la insulina, medicamento que está en la lista de pendientes de los usuarios que acuden a los distintos puntos de dispensación de este gestor farmacéutico”. (Ver Fuente).
Audifarma fue fundada hace 28 años por un paisa de Concordia de nombre Giovanny Mesa, pero no es la única que sigue siendo patente de discordia. Cruz Verde tampoco entrega los medicamentos completos desde hace muchos años.
EL PROBLEMA NO ES DE AHORA
En varias entrevistas que realicé durante la semana en curso, no solo pude evidenciar que Audifarma no entregaba a los pacientes los medicamentos completos; sino que esto acontece de igual manera con otros privados como Cruz Verde. No solo medicinas de la lista de las 22 presentadas por ADRES. También medicamentos para los pacientes infartados como el Metoprolol (indispensable); gotas muy costosas para quienes sufren de glaucoma como Latanoprost; medicamentos para la depresión de alto costo como el Escitalopram; y muy recientemente la Levotiroxina para pacientes que sufren de tiroides.
CONSECUENCIAS DE RETENERLOS
La ausencia del primero puede ser precipitante para un nuevo infarto; la del segundo para aumentar las cifras de suicidio (reduciendo el gasto en salud); la del tercero, para ceguera irreversible; y la del cuarto, para dolores musculares, de cabeza y descontrol emocional que puede costarle al paciente su calidad de vida, su trabajo y hasta pueden generar la disolución de su hogar por sus estados de ánimo cambiantes. Esto es susceptible de ser demandado por el deterioro de la salud, de la calidad de vida y poner en riesgo la misma vida humana. Sugiero que se organicen los pacientes de manera colectiva para entablar dichas acciones jurídicas. ¿Contra quién? Ya hablaremos del tema.
ADVERTENCIA SOBRE ESTA COLUMNA
Así como he denunciado desde esta columna paramilitares como el Turco Hilsaca (ver fuente), se ha llevado un alcalde a la Procuraduría y ha sido destituido (ver fuente); y exigí deponer a Duque como un imperativo moral (ver fuente), también he confrontado al actual Gobierno en columnas anteriores (ver columnas). Hoy debo como prensa independiente contarle a los lectores lo que veo y darle también una exhortación a Petro.
No soy un columnista prepago de banqueros a los que también he denunciado por hacerse al negocio de las pensiones en Colombia con sus congresistas prepago (ver fuente). Nadie me puede decir que he recibido contratos o dineros de ninguna casta politiquera de pícaros; y si queremos cambiar esto hay que empezar por reconocer que en todos los sectores hay corrupción. Dicho lo anterior...
ANTECEDENTES: LA LEY 100.
La Ley 100 de 1993 lleva 30 años en construcción -aunque la salud siga en deconstrucción-: El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia regula la salud, las pensiones, los riesgos profesionales y otros servicios sociales complementarios. Hoy cuenta con no pocas reformas desde su implementación en 1995. Su financiación es pública como lo fue la de su precedente el Seguro Social; otra reforma crea desde ella un Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y una Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), buscando estandarizar finalmente los precios de los medicamentos para evitar sobrecostos. No obstante, el sistema aún necesita ajustes.
En tanto somos un país metonímico y juzgamos el todo por las partes, debo decirles que he vivido la calamidad de servicios de salud, he visto cómo este sistema ha cobrado no pocas víctimas en su evolución, pero con el tiempo, y únicamente en la capital, jamás en la Provincia, ha mejorado mi calidad de vida y la de mi familia; por eso creo que no debería acabarse la ley 100; debe evolucionar desde nuevas reformas hacia mayores controles, establecer prioridad del gasto público hacia medicamentos de manera taxativa y reducir la intermediación en el pago a farmacias, IPS, clínicas y hospitales. La ley 100 que promueve una salud gratuita, se puede decir que es una ley socialista y curiosamente Uribe, cuya esposa fue dueña de Saludcoop, fue precursor de ella (no hay puntada sin dedal). No podemos entregarle el presupuesto de 29 EPS a 1101 alcaldes para que sea más difícil controlar esto con la reforma (ver fuente).
La reforma debe incluir, si no se puede desde una resolución ministerial, que el pago a los proveedores de medicamentos debería hacerse directamente desde el Ministerio de Salud para evitar que las EPS no paguen o paguen lo que quieran, tras haber priorizado ese dinero en otros asuntos.
EL CASO DE LAS 36 IPS DE PAPEL
Érika Fontalvo, directora de El Heraldo de Barranquilla, en editorial del 11 de marzo de 2025, presenta 36 IPS denunciadas ante la Fiscalía por la Adres (que depende de la ley 100), por la facturación de miles de millones de pesos a siniestrados viales sin tener ni siquiera infraestructura física. En su lugar había tiendas de barrio, ferreterías, misceláneas con venta de minutos y restaurantes.
Por qué no nos dice El Heraldo, ¿a quiénes pertenecen estas empresas? Hay 28 que son del Caribe. ¿Será que no quieren tocar a algunos cacaos con injerencia en la pauta y en política que a su vez incide en la pauta? ¿Y por qué la fiscalía en vez de prohibir al Gobierno hacer sus funciones no audita todas las empresas que entregan medicamentos en el país e IPS que prestan servicios de salud sin SOAT a los siniestrados?
EL CASO CHAR
El caso Char creo que debe investigarse.
Para condenar a Char, debe demostrarse que el contrato de Duque se dio a dedo y por fuera de estado de excepción decretado durante la Pandemia. No se puede usar una especulación de ilegalidad para no pagarle desde el Minsalud a las empresas farmacéuticas (ver fuente). No se debe matar pacientes por falta de medicamentos para hacer política y luego de no pagar, culpar a las farmacéuticas de no suministrar medicamentos que el Estado podría financiar con lo recuperado de las EPS intervenidas de forma holgada. Lo que hace Petro es como si la cónyuge en un hogar se gastara parte del sueldo en un viaje con sus amigas; y para castigarla, dejara a sus hijos sin comer, sin vestir y sin colegio poniéndoles un letrero oprobioso “POR CULPA DE MI MUJER”. No tiene sentido. Es hacer política con la crisis a costa de la calidad de vida del pueblo.
ANÁLISIS DE EXPERTOS
“El Colapso Inminente del Sistema de Salud en Colombia” publicado en La Silla Vacía por Paul Rodríguez-Lesmes el 25 de marzo no tiene desperdicio (ver fuente). La sintetizo en 7 puntos:
1. Problema de financiamiento: Financiamiento insuficiente y falta una priorización efectiva del gasto. “La brecha entre los recursos disponibles y las necesidades del sistema ha crecido a niveles insostenibles. Esta situación pone en riesgo la salud de los colombianos y exige soluciones urgentes para evitar el colapso total del sistema”.
2. Problema de política del gasto público: “Hace un par de años, el Gobierno decidió frenar el crecimiento del gasto en salud (reflejado en la UPC), lo que ha generado una brecha cada vez mayor entre los recursos disponibles y los necesarios para mantener la cobertura habitual. Esta diferencia ha alcanzado dimensiones macroeconómicas, sumando decenas de billones de pesos. La apuesta gubernamental ha sido considerar que el gasto “suficiente” era excesivo y que gran parte del dinero terminaba beneficiando a los grupos empresariales detrás de EPS, IPS y gestores farmacéuticos. Sin embargo, la realidad es clara: los recursos no alcanzan. No importa si el sistema es el propuesto por el actual gobierno (súper ADRES) o el vigente (competencia regulada), el dinero no da para cubrirlo todo, incluso sin considerar los estudios actuariales que advierten sobre el desbalance financiero”.
3. Problema de ejecución irresponsable del Ministerio: “En respuesta, el Ministerio de Salud ha adoptado estrategias propias de una empresa al borde de la quiebra: dejar cuentas sin pagar, retrasar pagos y priorizar a acreedores con mayor influencia”.
4. Problema de priorizar la campaña: “En plena época electoral, es difícil que el Gobierno decida reducir la burocracia o promover una ambiciosa reforma tributaria para financiar un sector que, en el fondo, busca transformar”.
5. Problema de no empatizar con los operadores: “Las deudas en salud no son opcionales: hay que pagarlas sí o sí. La historia del sistema ha demostrado que se puede forzar a las EPS, hospitales, talento humano e incluso gestores farmacéuticos a operar con pérdidas”.
6. Problema de que ya no les fían afuera a los operadores: “Los laboratorios farmacéuticos juegan en otra liga: Colombia no pesa lo suficiente en el mercado global para que nos “fíen” indefinidamente”.
7. Problema estructural: “El verdadero desafío radica en la interpretación actual de la Ley Estatutaria. La eliminación del POS (la lista de servicios cubiertos por el sistema) no redujo la judicialización de la salud. Al contrario, aumentó el número de tutelas y disparó los gastos imprevistos de los llamados “presupuestos máximos”. Los jueces de la República son quienes suelen decidir lo prioritario a través de la tutela, a veces teniendo en cuenta “law and economics” y otras veces el dolor de los pacientes y sus familias; y no expertos en salud (Health Technology Assessments).
SOLUCIONES POR EL EXPERTO
1. Priorizar el gasto basado en evidencia: “Colombia necesita, con urgencia, un mecanismo de priorización del gasto basado en evidencia, como la evaluación de tecnologías en salud (Health Technology Assessments). Si se va a negar un procedimiento, un medicamento o una atención, debe haber legitimidad y transparencia en la decisión, no depender de qué tan rápido se pueda madrugar para hacer una fila o a quién se conozca. Importante: la reforma a la salud no propone nada al respecto”.
2. Establecer plan de pagos: “Si queremos evitar recurrir a “amigos en el extranjero” para conseguir medicamentos, el gobierno debe: Establecer un plan de pagos creíble con los actores del sistema, evitando que nos cierren el acceso al mercado farmacéutico internacional”.
3. Restringir algunos productos: “Imponer restricciones efectivas al gasto en ciertos productos”. Especialmente los superfluos, revisar periódicamente si el paciente sigue necesitando de medicamentos que muchas veces se almacenan en la nevera o en la alacena.
4. Listas de espera priorizando la vida: “Establecer listas de espera transparentes para la distribución de medicamentos”.
Y agrega Rodríguez-Lesmes: “Sin soluciones estructurales y financiamiento suficiente, la crisis solo se profundizará”.
Yo le agregaría:
5. Revisar desde la Adres con directores de diferentes especialidades en los mejores hospitales del mundo como el John Hopkins de la Universidad de Yale, qué medicamentos novedosos podrían reducir la cronicidad y por ende el gasto en medicamentos científicamente desuetos, respaldados en artículos cientificos. Por ejemplo: en vez de tratar a los pacientes depresivos con antidepresivos serotoninérgicos, podría empezar a tratarse con ketamina (con una dosis basta para seis meses, en lugar de gastar seis meses en centenares de bloqueadores de la recaptación de serotonina en un solo paciente); promover programas de control de crónicos como fomentar rutas ecológicas seguras para pacientes cardiovasculares y ciudadanos en general.
COLOFÓN
Estamos en un mundo de cadenas discursivas para promover fanatismos y verdades a medias. Se sugiere que los pacientes entutelen al Ministerio de Salud y a las EPS para establecer: 1. Si el Gobierno giró ese recurso para medicamentos o no; 2. Si las EPS lo recibieron o no, y de haberlo recibido, en qué lo ejecutaron; 3. Si hay responsabilidad o no de las empresas farmacéuticas.
Un fallo judicial puede modificar la ley 100 estableciendo la prioridad del gasto en medicina para pacientes crónicos y de alto riesgo poniendo fin al mal uso del recurso o a la priorización de otras necesidades menos importantes a futuro.
No podemos defender a ciegas a nadie. Muchas personas morirán si no hay control eficaz y sobre todo INMEDIATO sobre esto.
Del mismo autor: Cómo tramitar su solicitud de nacionalidad española por Carta de Naturaleza
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