No quiero llover sobre lo mojado, ni referirme a la profunda crisis que atraviesa el sector de la salud en Colombia que, lógicamente, incide e impacta en el departamento de Nariño. EPS en quiebra, IPS insolventes y endeudadas hasta el cuello. Deudas que sobrepasan los 32 billones de pesos y una creciente emergencia que afecta a cientos y miles de usuarios.
El análisis de esta crisis obliga a retomar un aspecto que prácticamente pasó desapercibido para analistas, medios de comunicación y funcionarios del sector salud. Fueron pocas las voces que elevamos nuestro temor ante unas medidas del gobierno nacional que afectaba la prestación del servicio de salud para millones de colombianos. Temores que hoy se vuelven realidad y que obligan a reconsiderar el impacto económico en esta profunda crisis.
Para la doctora Ana Belen Arteaga Torres es imperativo que nuestros congresistas "eleven su voz ante el gobierno nacional en la brevedad del tiempo con el fin de establecer la insuficiencia de la UPC...". Es decir, que se debe determinar la cantidad real de recursos que el Estado gira a las EPS por cuanto se ha demostrado hasta la saciedad que "la siniestralidad está en el 110%, lo que significa que a las EPS la atención a los usuarios le está costando 10% más de los recursos que están recibiendo."
Lógicamente, se incumplen pagos, se desfinancia el sector salud y se incrementan las obligaciones con acreedores y la red hospitalaria de Colombia. Esto lleva, consecuentemente, a parálisis, quiebra y cierre de clínicas y centros clínicos. Los grandes afectados: los pacientes, enfermos y usuarios.
En tal sentido, la Corte Constitucional solicitó al Ministerio de Salud que se revise la suficiencia de la UPC que ha demostrado ser insuficiente y de gran riesgo para los colombianos. En el mismo sentido, se pronunció la Contraloría General de la República y destaca que la deuda de las EPS con los prestadores supera los 32 billones de pesos, haciéndose necesario un exhaustivo análisis de la situación por cuanto vamos a una debacle de proporciones inmensas e insospechadas. En su expresión con voz de alerta y urgencia, advierten a las EPS les espera una agonía rápida y tortuosa que se extiende como una gangrena a IPS y redes hospitalarias de Colombia entera.
En el mes de marzo del presente año el IDSN realizó la presentación de un informe en el recinto de la Asamblea Departamental de Nariño en el cual se expone la delicada y crítica situación que se atraviesa en el sector de la salud. El informe que presentó el IDSN en la Asamblea Departamental, señala que, para las EPS la cartera reportada a 30 de septiembre de 2024, supera los $800 mil millones, mientras que para los prestadores de servicios es de 1.7 billones de pesos.
El 50% de la cartera es superior a 360 días, lo que dificulta aún más su recuperación. El informe indica que aún persisten preocupaciones frente a la cartera que tienen las entidades, que se encuentra en aumento y envejecimiento. “Una de las causas probables se debe a la directriz emitida por la Contraloría en donde se indica que con la Unidad de Pago por Capitación no se puede pagar deudas anteriores”.
Para la doctora Ana Belén Torres, la solución está en manos del ministerio, de inyectar fuentes de financiación al sistema que impidan esta parálisis y esta dificultad de acceso a todos sus servicios. Igualmente, y de una forma vehemente, hace un llamado a nuestros congresistas para que eleven esta voz al gobierno nacional y en la brevedad del tiempo se establezca esta insuficiencia de la UPC. Únicamente así se puede mejorar el flujo de recursos y se solvente esta dificultad que ya es crítica en regiones como Nariño.
Destacamos la labor de la doctora Ana Belén Arteaga Torres al frente de Instituto Departamental de Salud de Nariño, su valor cívico y social al elevar su voz y su indignación frente a una crisis del sector salud que ya toma visos dramáticos por sus implicaciones. Su llamado nos obliga a una seria reconsideración de los recursos que el Estado colombiano destina como UPC y que demuestran ser insuficientes y el detonante de una serie de implicaciones que nos llevan a una crisis profunda y dolorosa.
Les corresponde a nuestros legisladores tomar cartas en el asunto. Ser los voceros de esta petición y hacer del recinto del congreso el escenario natural de este tipo de diálogos y debates que implican a los colombianos sin distingo alguno.
La fórmula pactada por el actual gobierno nacional en referencia a la UPC ha demostrado graves errores. No se puede de esta manera desconocer un clamor que ya es un grito nacional. Los recursos de los colombianos deben destinarse a aspectos tan esenciales como la salud.
Invitamos a leer el análisis detallado sobre el lamentable estado del sector salud en nuestra región.
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