El Recrudecimiento del Clientelismo en la Contratación de prestación de servicios, entre la legalidad y la corrupción Democrática, en el gobierno del cambio.
Sin embargo, su naturaleza y condiciones evidencian una degradación profunda del aparato público. En Bogotá, a nivel nacional y en entidades territoriales, los contratos de prestación de servicios crecen a un ritmo exponencial, particularmente en periodos preelectorales. La oferta laboral, amplia y diversa en apariencia, responde a lógicas alejadas del mérito y la necesidad institucional.
La razón de este auge es clara: la proximidad de procesos electorales. Las funciones asignadas en muchos de estos contratos son creadas ad hoc, como mera formalidad para justificar legalmente una vinculación que, en esencia, está supeditada a una única condición: asegurar apoyos políticos y electorales. El acceso a estos contratos se convierte así en una moneda de cambio por votos, con plena tolerancia institucional y continuada con mayor fuerza en este gobierno de Petro.
Si bien estas prácticas se desarrollan bajo un ropaje de legalidad, su trasfondo ético es cuestionable. Lejos de fortalecer el sistema democrático, lo distorsionan y corrompen. Los organismos de control guardan un silencio cómplice; la sociedad civil y buena parte del sindicalismo adoptan posturas pasivas, de simulación de lucha en su contra, cuando no ambiguas, que consolidan un entorno de permisividad estructural.
La información sobre como acceder a estos "trabajos" se desarrolla en sedes políticas, oficinas de campaña, viviendas particulares, salones sociales, o cualquier otro espacio donde se puedan llevar a cabo esas transacciones político comerciales. Así, queda en evidencia que, desde hace más de dos décadas, la función pública en Colombia ha sido cooptada por una doble estructura: por un lado, funcionarios vinculados a través de mecanismos legales como el concurso de méritos o el nombramiento legal; por otro, una burocracia paralela, creada mediante contratos de prestación de servicios usados como instrumentos clientelistas.
Esta burocracia paralela ha socavado los principios constitucionales que rigen la función pública, desdibujando los valores del mérito, la transparencia y la eficiencia, y convirtiendo al Estado en una estructura onerosa e ineficaz, subordinada a intereses particulares.
Posdata: Esta práctica no responde a una ideología específica. Es reproducida indistintamente por actores políticos de todas las vertientes: desde el presidente autodenominado del "cambio" hasta el alcalde capitalino, pasando por mandatarios locales de municipios remotos. Su continuidad demuestra que el clientelismo, más que una excepción, es una constante estructural en el ejercicio del poder.
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