La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nació con una promesa monumental: ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano. Pero lo que ha terminado fomentando, en la práctica, es una desigualdad económica cada vez más difícil de justificar.
El presupuesto total de la JEP para 2025 asciende a más de 750 mil millones de pesos, una cifra colosal para un país con enormes brechas sociales y múltiples necesidades insatisfechas. Y, sin embargo, de todo ese dinero, ni un solo peso se destina directamente a la reparación económica de las víctimas.
El grueso del presupuesto se evapora en mantener una costosa infraestructura burocrática, anclada en el corazón de Chapinero, Bogotá. El edificio donde opera la JEP es más parecido a una sede diplomática de una potencia europea que a una entidad concebida para la reparación en un país con más de 9 millones de víctimas reconocidas. Arriendos millonarios, parqueaderos amplios, cafeterías con barista y oficinas que parecen vitrinas de diseño escandinavo.
A eso se suman los generosos salarios de una élite de profesionales de clase media alta. Juristas, asesores, consultores y contratistas que, sin duda, tienen hojas de vida envidiables, pero que rara vez han pisado un corregimiento o una vereda golpeada por la guerra. La mayoría de ellos construyen sus carreras desde el centro del país, mientras las víctimas siguen esperando respuestas en los márgenes.
¿Y los resultados? Algunos hay. Pero ninguno a la altura de la cifra astronómica gastada. La verdad ha comenzado a emerger para algunos, sí, pero todavía no se traduce en transformaciones tangibles para los directamente afectados. La justicia parece más preocupada por asegurar su comodidad que por transformar realidades.
Es urgente repensar el modelo. La JEP debe descentralizarse hacia las regiones. Llevar sus operaciones, sus equipos y su presupuesto a los municipios. Allí hay miles de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y defensores que conocen las realidades del conflicto de primera mano, que han vivido su crudeza en carne propia. Darles la oportunidad de participar no solo haría más eficaz la justicia transicional, sino que contribuiría a algo igualmente necesario: la movilidad social de regiones históricamente marginadas.
Porque justicia que se administra desde el mármol, pero no se siente en la tierra, no es justicia: es simulacro. La paz —como la justicia— debe construirse desde abajo. No en edificios altos, sino en los territorios donde la guerra se vivió de verdad. La pregunta es si queremos una JEP que sirva a las víctimas… o una que siga sirviendo a sí misma.
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