El jueves 11 de septiembre de 2025, el mundo conoció la sentencia impuesta al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, quien lo halló culpable por el delito de intento de golpe de Estado, que orquestó junto a un grupo de colaboradores, tras perder las elecciones del año 2022, que se disputó con Luiz Inácio Lula da Silva.
A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump, y su secretario de estado, Marco Rubio, quienes defienden al expresidente golpista, cuatro de los cinco jueces que estudiaron el caso de Jair Bolsonaro, votaron a favor de condenar al exmandatario. Los togados brasileros, al igual que el gobierno de Lula da Silva, hicieron respetar la autodeterminación de los pueblos, sin importar las medidas comerciales impuestas sobre los productos brasileros, como las sanciones con las que amenaza los Estados Unidos, a los funcionarios judiciales, que investigaron y dictaron la sentencia.
Es una clara injerencia en los asuntos internos de Brasil, la intromisión de la administración Trump, lo que ha reafirmado la postura firme, del gigante del sur, que ha respondido fortaleciendo su alianza con el grupo de los países, BRICS, al que también hacen parte como miembro fundador.
La sentencia en contra de Jair Bolsonaro, no obedece a una cacería de brujas, como lo afirma Donald Trump. A Bolsonaro lo sentenciaron por un delito grave, que pretendía la muerte de su rival, el hoy presidente de Brasil, y entregarles el poder a los militares en un intento de golpe de Estado.
Hay quienes han cruzado la raya e irresponsablemente afirman que los juicios en los que se han visto envueltos algunas figuras representativas de la derecha latinoamericana, obedecen a una persecución política.
Tal es como el caso del expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, quien fue sentenciado a 12 años de prisión luego de un juicio que duró más de 10 años, quien el pasado 28 de julio una jueza lo declaró culpable por la comisión de delitos de, soborno a testigo en actuación penal, y fraude procesal. Al expresidente de Colombia, lo sentenciaron por un delito común, más no, por un delito político. Por lo tanto, se desmiente los comentarios y queda sin fundamento alguno la persecución política.
No son las ideologías, ni los partidos y movimientos políticos, quienes cometen los delitos; son los individuos. Así que, en ese orden de ideas, cada quien debe responder por sus actuaciones.
La condena proferida en contra de Jair Bolsonaro, como también la que se dictó en contra de Álvaro Uribe, despejan el lóbrego panorama de la justicia en Latinoamérica. No es un tema novedoso en la región, lo mismo ocurrió en Venezuela en el año 1994, con Carlos Andrés Pérez, por malversación de fondos, Alberto Fujimori en Perú, condenado por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción, Alan García, Carlos Menem en la Argentina. En fin, Uribe Vélez y Bolsonaro no son los únicos expresidentes condenados, pero si son los más recientes que fueron hallados culpables; lo que reafirma que en estos países del continente, nadie está por encima de sus constituciones y de su sistema judicial, sin importar las presiones e injerencias, vengan de donde vengan.
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