Humberto de la Calle Lombana, el hombre que dirigió las negociaciones de paz con que desembocaron en la firma del Acuerdo de Paz de la Habana, en 2016, pide abrir un compás de espera a la aclimatación del proyecto con el que el presidente de Gustavo Petro busca consolidar su “paz total”.
Por eso el experimentado exvicepresidente y exministro no ha entrado todavía a hacer calificaciones de fondo sobre los perfiles de los capos de la delincuencia organizada que serían beneficiarios de la iniciativa. Su actitud contrasta con la de su jefe en el proceso con la Farc, el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, para quien la nueva iniciativa no tiene futuro porque está atada a una cadena de improvisaciones. Según Santos, serán convocados a la mesa 18 organizaciones de alto impacto en el mundo de la delincuencia, sin que el gobierno tenga claro quiénes serán sus interlocutores.
Mientras el uno pide una oportunidad para la decantación de la iniciativa, el otro no le ve futuro y considera que su concepción es tan anárquica que equivale a “ponerse primero los zapatos y luego los calcetines”. En medio de esos dos enfoques, reacciona el ministro de Justicia, exfiscal y exmagistrado Eduardo Montealegre -considerado el padre del proyecto- con una analogía coloquial que resume su postura: “¿Quién dijo que las llaves de la paz fueron botadas al fondo del mar en La Habana? ¿Quién dijo que ahora nadie podrá volver a abrir la paz a un proceso con un enfoque mucho más integral?”.
El proyecto, radicado en el Congreso el mismo día en que se abrió la nueva legislatura, tiene por ahora un respaldo que no es menor: el del Consejo Nacional de Política Criminal, del cual hacen parte la Fiscal General y el Procurador General de la Nación. La única voz disidente es la de la Corte Suprema Justicia. La magistrada Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal, ha advertido que la propuesta requiere un análisis más profundo y carece de justificación técnica en aspectos como viabilidad operativa e impacto fiscal. Advierte también sobre una mezcla entre la justicia transicional y la justicia ordinaria, hecho que genera tensiones normativas difíciles de resolver.
Beneficios para los desertores de los anteriores Procesos de paz
Los puntos más críticos para quienes miran con reserva el proyecto son los relativos a los beneficios a los desertores de anteriores acuerdos y el de la imposición de penas alternativas de entre cinco y ocho años de prisión para grandes capos del narcotráfico y otras formas de criminalidad. Eso implicaría que entre sus beneficiarios podrían estar ‘Iván Márquez’ y ‘El Zarco’, señalados por la inteligencia del propio gobierno como posibles determinadores de acciones delictivas como el atentado contra el senador Miguel Uribe.
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Ahora el Gobierno ha emprendido una campaña con enfoque pedagógico con el que espera ambientar el debate parlamentario. Las2Orillas conoció un documento en el que un equipo de asesores en materia de paz perfila una especie de abecé de la iniciativa.
El ABC del proyecto de ley del exfiscal y ahora ministro Montealegre
El documento recaba en el que proyecto está enfocado en el sometimiento y desarme de bandas criminales organizadas, incluyendo a desertores de acuerdos de paz previos, como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Y perfila los elementos principales contenidos en sus 57 artículos. Destaca la creación de un marco jurídico especial para el sometimiento de bandas criminales y desertores, con penas punitivas y beneficios para quienes colaboren con la justicia, entreguen bienes, liberen menores y aporten verdad y reparación.
Como “población objetivo” incluye a jefes, cabecillas, mandos medios, integrantes rasos, civiles colaboradores y algunos agentes del Estado vinculados a esas estructuras. Luego precisa el racero de las penas: para dirigentes y responsables de graves crímenes, castigos de 5 a 8 años en “colonias agrícolas” o espacios de armonización, seguidas de libertad vigilada y programas de reparación. Aquellos miembros sin capacidad de decisión purgarían penas de entre dos y cinco años.
Está prevista la posibilidad de terminación anticipada para delitos de “mera pertenencia al grupo criminal”, en tanto que para los reincidentes están previstas penas hasta de ocho a 10 años. El Clan del Golfo podría recibir un tratamiento diferenciado, con enfoque transicional, dado su control territorial y mando unificado. La decisión sobre quién accede a beneficios recaerá exclusivamente en el presidente de la República.
En relación con otro aspecto tórrido, como lo es la posibilidad de que los capos conserven una parte de sus fortunas mal habidas, está contemplado que haya una conservación de hasta un 12 por ciento de los bienes entregados. Se trata, según los autores, del reconocimiento de un esquema de segundas oportunidades para personas excluidas en procesos anteriores ventilados en Justicia y Paz y en la JEP.
El procedimiento judicial estaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en particular la Dirección Especializada de Justicia Transicional. Por eso no habría creación de jurisdicciones nuevas como la JEP.
Este es el Proyecto de Ley por medio del cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana, presentado por el Ministro de justicia Eduardo Montealegre al Congreso el 20 de julio:
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