Mirados cronológicamente, los resultados de las investigaciones de la Policía Nacional sobre el atentado que cobró la vida del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay han representado un récord: dos meses después del atentado, ya están identificados todos los miembros de la red criminal que se encargó de su
ejecución.
La revisión técnica de las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad dispuestas en el sector del barrio Modelia de Bogotá, donde e 7 de junio de 2025 ocurrió el ataque criminal, permitieron individualizar -como dicen las actas de las pesquisas- e identificar tanto al adolescente que disparó como a todos los cómplices.
Un despliegue de inteligencia, que ha incluido seguimientos satelitales y rastreos de teléfonos, correos y otros recursos digitales, les ha permitido a los investigadores judiciales de la Policía Nacional capturar, primero, al adolescente de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay con una pistola Glock 9
milímetros y que fue herido en una pierna mientras buscaba huir de la escena. Después, a quienes apoyaron logísticamente la misión criminal.
Ha sido estratégica la detención de Carlos Eduardo Mora, alias ‘venezolano’ o ‘Veneco’, conductor del vehículo Chevrolet Spark gris que transportó al menor sicario y a otros implicados hasta el lugar del atentado. Mora confesaría que recibió una oferta de cinco millones de pesos por participar como voz de alerta en el punto del ataque, aunque que no sabía quién era el objetivo.
Los rastros no tardaron en conducir a los investigadores hasta Katherine Andrea Martínez (‘Gabriela’), de 19 años, encargada de entregarle el arma al menor sicario y participante en la planeación del crimen. Dos días después del atentado, ella fue detenida en Florencia, Caquetá, mientras esperaba aparentemente la
protección de una red disidente de la guerrilla.
El largo brazo de las pesquisas alcanzó también a William Fernando González Cruz, ‘El Hermano’ o ‘El Viejo’, detenido el 19 de junio. Los videos del día del atentado lo muestran mientras esperaba en otro vehículo en una zona cercana al barrio Modelia para facilitar la fuga de los implicados.
A medida que los agentes de policía judicial escalaban en los niveles de responsabilidad, llegaron a Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, el objetivo de mayor valor hasta ahora porque se trata del encargado de la planeación del complot criminal. Fue capturado el 5 de julio en Engativá y tiene un historial delictivo que incluye condenas por homicidio, tráfico de armas y narcotráfico.
Con ellos ha ido a parar también a la cárcel Cristian Camilo González Ardila, acompañante y escolta del adolescente pistolero. Las cámaras de seguridad lo muestran en el área del atentado a bordo de una motocicleta, minutos antes y después del ataque.
La dificultad de la investigación radica ahora en llegar hasta los determinadores del magnicidio. La información acopiada hasta hoy les sugiere a la Policía Nacional y a la Policía que el senador Uribe Turbay era “objetivo” de las disidencias de las Farc denominadas la Segunda Marquetalia. Si es así y si es
cierto lo que dijo esa estructura armada en un reciente comunicado, José Aldinever Sierra Sabogal ‘Él Zarco’, posible determinador del crimen, murió a comienzos de agosto durante una emboscada tendida por el ELN mientras él y sus hombres se dirigían a una reunión en territorio venezolano.
‘El Zarco’ era -o es- el hombre de confianza de Iván Márquez, jefe de la organización disidente y registra un amplio prontuario delictivo durante los 34 años de militancia en las antiguas Farc y luego entre las facciones que se marginaron del Acuerdo de Paz de La Habana.
¿Por qué interviene ahora la Comisión Interamericana? Porque el abogado Víctor Mosquera, asesor jurídico de la familia Uribe Turbay tocó a las puertas de ese organismo con varios propósitos. El primero fue pedir medidas cautelares de protección para el dirigente político, mientras él aún vivía. A su juicio, el joven político era objeto de “discursos de odio” del presidente Gustavo Petro.
El apoderado de la familia también denunció una posible injerencia indebida del gobierno colombiano en la investigación. Esa intervención se habría dado mediante la divulgación de información no corroborada y señalando a grupos armados ilegales sin pruebas concluyentes, “lo que ha generado estigmatización
contra la oposición.
*Petición para calificar el ataque como terrorismo
Mosquera espera que el ataque sea procesado como un acto de terrorismo y no solo como un homicidio y como un porte ilegal de armas, para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar sanciones más severas.
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