La cifra no es despreciable porque puede ser comparable al 0,56 por ciento del presupuesto general de la Nación y al diez por ciento del de una ciudad como Bogotá. Recuperar $3,1 billones no es tarea fácil en un país como el nuestro, donde quienes le han arrebatado recursos al Estado se declaran insolventes cuando son sorprendidos o envían al exterior sus recursos mal habidos.
Seguir la ruta del dinero y localizar bienes que puedan ser embargables bien puede convertirse en una tarea titánica porque quienes meten mano al Erario para saquearlo, por ejemplo, prefieren ir a la cárcel y guardar silencio para siempre sobre los lugares donde escondieron su botín.
La misión está cargo del Unidad de Cobro Coactivo Fiscal de la Contraloría General, un equipo que esta a cargo de la abogada Natalia Zuluaga Duque, docente universitaria, directora de centros de conciliación en universidades y exasesora del Ministerio del Interior.
La cifra representa una marca en el campo del control fiscal y se produce en menos de tres años de gestión del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, según se destaca en un informe de gestión enviado al Congreso de la República. La meta inicial fijada por el propio órgano de control ha sido triplicada.
Uno de los principales ejemplos de recuperación de recursos está relacionado con el proyecto de producción de etanol a escala industrial en la planta El Alcaraván, en el Meta, del cual regresaron a las arcas del Estado $588.853 millones
El Alcaraván, en Puerto Gaitán Meta, ha estado a cargo de Bioenergy, filial de Ecopetrol. La planta no logró producir etanol de manera eficiente por la falta de un paquete tecnológico adecuando y a la equivocada elección de variedades de caña de azúcar no aptas para el clima y las condiciones de suelo de la región. Su gerente y seis miembros de la junta directiva fueron vinculados al proceso de responsabilidad fiscal.
El dinero recuperado fue pagado por las aseguradoras y corresponden al componente agrícola de un proyecto inicialmente estimado en 140 millones de dólares que terminaría costando 750 millones de dólares.
El equipo de cobro, con probada eficacia, está siendo reforzado por 43 peritos avaluadores y 36 secuestros que se pondrán la camiseta de cazadores de recursos públicos que hoy están en manos equivocadas.
Su tarea consiste en ayudarle a la Contraloría a determinar, dentro de sus procesos de cobro coactivo, en valor de bienes y propiedades objeto de embargos. Con ellos trabajará un grupo de secuestres que participarán en el perfeccionamiento del proceso de intervención de bienes que garantizarán los pagos de las deudas. Será la primera vez que la Contraloría tendrá su propio equipo de auxiliares de justicia para ejecutar por cuenta propia las medidas cautelares.
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