La Nueva EPS fue autorizada para operar el 3 de abril de 2008 con un enfoque inicial en el régimen contributivo, atendiendo a poblaciones mayores y con enfermedades crónicas. Durante este período, su modelo de salud, a pesar de las dificultades inherentes al sistema, funcionó, permitiéndole conocer y caracterizar a sus afiliados para un mejor control sobre los resultados en salud.
No obstante, el panorama cambió drásticamente cuando se convirtió en una EPS de afiliación mixta. La integración del régimen subsidiado introdujo una población heterogénea cuyas características no conocían, lo que afectó significativamente su modelo operativo, la contratación de servicios y la gestión integral del riesgo. Hoy, la Nueva EPS es la más grande del país, con más de 11.7 millones de afiliados, de los cuales la mayoría pertenece al régimen subsidiado. El conocimiento de su población, que antes era una fortaleza, ha dejado de serlo.
La silla caliente de la dirección
Los últimos dos años han sido de gran inestabilidad para la EPS. En enero de 2024, el Dr. José Fernando Cardona Uribe dejó la presidencia después de más de una década. Fue reemplazado por el Dr. Aldo Cadena, quien duró menos de tres meses antes de la intervención.
La intervención de la Superintendencia de Salud, el 3 de abril de 2024, inició una serie de cambios en la dirección que no han cesado. El primer interventor, Jesús Alberto Rincón, no completó siete meses en el cargo. En noviembre de 2024, asumió Bernardo Armando Camacho Rodríguez, cuya gestión también fue breve, ya que fue reemplazado el 19 de agosto de 2025 por la Dra. Gloria Libia Polanía Aguillón, la actual interventora. En menos de dos años, la EPS ha tenido cinco líderes, lo que evidencia una notable inestabilidad en su organización.
El "Jineteo de Cuentas": una deuda que crece sin control
Los registros oficiales muestran que las deudas de la EPS han seguido creciendo tanto antes como después de la intervención. Las deudas con los prestadores de servicios han aumentado, y las entrevistas con estos revelan que las prácticas irregulares continúan. El llamado "jineteo de cuentas" persiste, donde la EPS dificulta la radicación de facturas, realiza glosas y devoluciones sin justificación, y retrasa los pagos, afectando gravemente los estados financieros de los prestadores.
Se ha afirmado en mesas de concertación que la EPS no adeudaba, e incluso que ha pagado de más, lo que implicaría que el prestador le adeudara, lo que es una falacia. Hoy se conocen miles de facturas sin procesar y pagos sin legalizar. La Contraloría ha descrito con cifras billonarias los problemas de los estados financieros de los últimos años, íntimamente relacionados con la facturación y los pagos anticipados. Este fenómeno ha continuado después de la intervención, lo que indica que las carteras invisibles y los pagos sin legalizar siguen en aumento.
Afiliados desamparados y servicios al límite
La percepción de los afiliados es que la situación ha empeorado. Se reporta un aumento en el gasto de bolsillo, incumplimientos normativos y dificultades en la entrega de medicamentos. A pesar de ser la EPS más grande del país y de estar intervenida, la esperada mejora no se ha materializado.
Actualmente, se han presentado cierres temporales de servicios por la falta de flujo de recursos, lo que genera interrupciones en la atención. Esta situación demuestra una gestión discrecional de los pagos, donde la EPS decide a quién pagar primero en lugar de seguir un criterio claro. Regiones como Risaralda y el Valle del Cauca se encuentran entre las más afectadas.
La estabilización de giros y el fantasma de la liquidación
Una de las estrategias gubernamentales para mejorar el flujo de recursos a los hospitales públicos es la "estabilización de giros", que busca devolver la capacidad adquisitiva de la UPC a más de 520 ESE de primer nivel. Aunque esta iniciativa es un gran paso, presenta riesgos importantes:
- Inconsistencias en la contratación: La contratación con la Nueva EPS no es homogénea, lo que puede generar problemas con los giros y la liquidación de contratos. Girar sin legalizar contrataciones es incurrir en el mismo error de pagos.
- Diferencias entre regímenes y tecnologías: La estrategia no considera las marcadas diferencias en las tecnologías y CUPS entre los prestadores de los regímenes subsidiado y contributivo.
- Gestión de la UPC y resolutividad: La entrega de una UPC más alta a la baja complejidad es un reto, ya que se espera que los hospitales sean más resolutivos y no desvíen la atención a servicios de mediana y alta complejidad. La UPC también es diferencial en algunos territorios, un factor que no parece ser considerado.
Los cambios estatutarios autorizados recientemente mediante la Resolución 7064 del 21 de agosto de 2025, que autoriza una reforma estatutaria. Estos cambios, poco socializados, generan incertidumbre. Entre lo aprobado se encuentra la disminución del porcentaje de voto favorable para la emisión y colocación de acciones, la competencia de la asamblea en la oferta de acciones, la naturaleza, e identidad de los accionistas y el artículo de causales de disolución.
La deuda acumulada, la falta de reservas técnicas, la ausencia de un modelo integral de gestión de riesgo y el incumplimiento de los requisitos de funcionamiento, sumado a las cifras negativas de la intervención, despejan el camino para una posible liquidación. El gobierno nacional se ha propuesto no liquidar, ya que los antecedentes muestran la pérdida de las carteras al hacerlo. Sin embargo, no se puede permitir que las deudas sigan aumentando. Al aplazar la liquidación, también se estimula un mayor endeudamiento. Lo ideal sería no liquidar y encontrar una salida a la cartera sin que esta siga aumentando, aunque la complejidad del sistema y la falta de capacidad de otras EPS para recibir usuarios hacen que la liquidación sea, técnicamente, muy difícil.
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