En un fallo de segunda instancia emitido el 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, reubicar de forma urgente e inmediata a la comunidad Emberá ubicada en la unidad de protección integral (UPI) la Rioja. En el fallo, el Tribunal otorga un plazo de 3 meses al Gobierno Distrital, para que traslade a los indígenas asentados en este albergue.
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Según el alto Tribunal, en ese lapso de tiempo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, debe dar una solución duradera y sostenible en el tiempo para la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población Emberá en Bogotá.
Durante 6 meses la Administración Distrital, estuvo analizando y evaluando con un equipo de 7 entidades los posibles escenarios para el traslado de los Emberá a otro lugar de la ciudad en condiciones dignas, los cuales revisaron 70 inmuebles de propiedad del Distrito y tuvieron en cuenta que, dicho inmueble que iba a hacer seleccionado debía contar con los espacios suficientes, entornos seguros para los menores de edad, con alojamientos adecuados, redes eléctricas en perfecto estado, baterías de baño funcionando y que se pueda implementar un puesto de mando unificado de forma permanente desde inicio.
De esos 70 predios revisados, seleccionaron 21 y presentaron una propuesta ante un comité de emergencia del cual hacen parte la Personería de Bogotá, la Onic y los Emberá, todo ese proceso significó para la Alcaldía de Galán una serie de reuniones interadministrativas y muchos diálogos con los representantes de los indígenas hasta lograr unanimidad entre las partes para tomar la decisión que, hoy se ha convertido en una polémica porque los residentes del barrio el salitre no quieren a los Emberá en esa zona.
De acuerdo con el Secretario de Gobierno de Bogotá Gustavo Quintero, el comité tomó la determinación de escoger entre los 21 inmuebles, la sede principal del IDEPAC como una alternativa viable, con condiciones dignas para el traslado de la población indígena albergada en la Rioja y los alrededores del parque nacional. La sede principal del Instituto de Participación y Acción Comunal, está ubicada en la avenida calle 22 # 68C – 51 en barrio el salitre al occidente de Bogotá.
Ante el anuncio que, llegarían los indígenas Emberá a vivir en la sede del IDPAC, las protestas no se hicieron esperar de parte de los residentes del barrio el salitre y en tiempo record recogieron más de 10 mil firmas entre la comunidad para presentarle al Alcalde Galán, indicando que ni por nada del mundo quieren a la población Emberá en su barrio.
Según los lideres comunales, el temor es legítimo teniendo en cuenta los antecedentes de los indígenas que están asentados en los alrededores del parque nacional y la UPI la Rioja, todos los problemas y escándalos que han protagonizado los miembros de esta comunidad indígena, los cuales han sido denunciados por la Secretaria de Integración Social. Por esta razón no permitirán que traigan a la población indígena, a vivir en la sede del IDEPAC porque más de 40 mil personas del barrio el salitre verían perjudicadas.
Quintero Ardila aseguró que, la decisión no ha sido tomada todavía y en caso de adoptarse esa determinación de forma definitiva, la Administración adelantará los diálogos necesarios con los residentes del barrio el salitre y trasladarían a los funcionarios de la entidad a otro inmueble para que continúen realizando sus funciones.
En ese sentido el funcionario afirmó que sería una medida transitoria, mientras la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional da una solución definitiva a la comunidad Emberá que, lleva 3 años que, el Gobierno Nacional soluciones de una vez por todas su problema de desplazamiento o los regrese a su lugar de origen en condiciones dignas y con las garantías necesarias para permanecer en su lugar de origen.
La tutela que motivo el fallo del Tribunal, fue interpuesta por la personería de Bogotá, teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento, insalubridad y un sin número de necesidades básicas que no han sido solucionadas para esta comunidad indígena albergada en la UPI la Rioja, lo cual es un riesgo para la vida y la integridad de los miembros de la comunidad Emberá según el organismo de control. Cabe recordar que, en septiembre de 2024, después un acuerdo con el Gobierno Nacional y de estar asentados por un año en este lugar, dejaron el parque y retornaron a su territorio de origen en Risaralda y Chocó tras acuerdos condicionados que se hicieron con la Administración Distrital con ayudas económicas entregadas por la Secretaria de Integración Social, para su manutención en su lugar de origen. El traslado de los 800 indígenas se realizó en 20 buses, pero la dicha duro muy poco porque se devolvieron de nuevo a Bogotá y el pasado mes de mayo por segunda vez invadieron los alrededores del parque Nacional.
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