Olga Lucía Claros Osorio, viceministra de Política Criminal, encarna la más alta cuota del Caquetá en los círculos del poder gubernamental. Antes de cumplir su primer mes en el cargo, esta exfiscal delegada ante dos Tribunales Superiores de Distrito ya ha cobrado notoriedad por haber liderado dos de los procesos -uno fallido y el otro controvertido- que encabezan la agenda de su jefe y mentor, el ministro Eduardo Montealegre.
Especialista en Derecho Público, aún antes de su posesión en el cargo se dedicó con desvelo a reconfigurar una interpretación de la Constitución colombiana para sacar adelante la idea de que sí sería posible convocar por decreto presidencial una consulta popular, sin pasar por el cedazo del Congreso y sin observar el procedimiento contemplado en la Ley Estatutaria de los Mecanismos de Participación Ciudad. Así, fue artífice detrás de bambalinas del llamado “decretazo” que naufragó en los estrados del Consejo de Estado.
Graduada con distinción en la especialidad de Ciencias Penales y Criminológicas, la hoy viceministra se desveló al lado de su equipo para darle forma al proyecto de ley de sometimiento que fue entregado a primera hora del 20 de julio al Congreso y que ahora representa el instrumento más importante para interpretar la partitura de la paz total.
Le podría interesar: La barrida de Eduardo Montealegre en el Ministerio de Justicia para rodearse de gente de su confianza
Se ha jugado a fondo por Montealegre desde los tiempos en que fue asesora de su despacho como fiscal general de la Nación. En marzo de 2016, cuando éste se encontraba en la recta final para terminar su período, ella se puso el traje de lobista y quiso convencer a los senadores que le daban el último debate a ley de administración de justicia para incluir un articulo que levantaría la inhabilidad del fiscal para trabajar como abogado litigante dentro del año siguiente a la salida de su cargo.
Aquella fue una pela que se dio sin protestar porque los entonces senadores Luis Fernando Velasco y Claudia López hicieron causa común para reprocharle al hoy ministro de Justicia que le faltara al respeto al Congreso enviándole emisarios interesados para tratar de incidir, con intereses personales, en los textos legales.
Hoy conserva su posición de mano derecha de Montealegre, pero consolida su propio poder y sus influencias políticas. Según varios de sus paisanos caqueteños ella movió sus fichas para conseguir que una sus ahijadas, la también abogada Tatiana Torres Ortiz, llegara al cargo de sustanciadora de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Una posición que no es menor porque es allí donde cursan las investigaciones contra el presidente de la República, magistrados de las cortes y otros funcionarios con fuero especial.
Por ese mismo sendero de poder es consultada sobre movimientos en la nómina de la gobernación de su departamento. Su cuota allí Martha Patricia Ortiz Vega, quien desde la Secretaría de Hacienda coordina el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET). Esta también es un cargo crítico porque el gobernador, Luis Francisco Ruiz Aguilar, llamado a juicio por presuntas actuaciones ilegales en el sector de la salud, también ha estado cuestionado por el manejo de los recursos provenientes del desahorro del fondo. Ya hay varias reclamaciones de pensionados que dicen no haber recibido sus bonos que, en total, pasan de los 50.000 millones de pesos.
l Le recomendamos: La mansión que el ministro Montealegre le compró al empresario dueño de una pirámide condenado a 17 años
En el campo de la política proselitista hay quienes advierten una cercanía con James Urrego, alguien que se ha situado en los partidores para llegar al Congreso de la República y para convertirse en el próximo gobernador del departamento. James pertenece a la cuerda política del excongresista Luis Fernando Almario, envuelto en varios problemas judiciales y alguien que estaría interesado en acogerse a los beneficios contemplados en el proyecto de ley de sometimiento que plantea penas alternativas de no más de ocho años y saneamiento de un 12 por ciento de las fortunas mas habidas.
La hoy viceministra es cercana a Elsa Piedad Ramírez, esposa de Almario. Ambas coincidieron en la Fiscalía como delegadas ante tribunales superiores. También pasaron por la Unidad Antiterrorismo donde investigaron a varios de los potenciales interesados en los beneficios de la ley de paz total.
Anuncios.
Anuncios.
