Cielo Rusinque, depositó su confianza a la hora de ejecutar los cambios burocráticos en la entidad en una sola persona: la sicóloga Luz Marina Ulloa de Zambrano. Es la dama de hierro en la que la superintendente de Industria y Comercio,. Convocatorias a concursos, nombramientos en provisionalidad, enganches de contratistas, retiros y podas pasan por su cedazo y no hay apelaciones legales o ruegos que valgan a la hora en que se producen las más duras o injustas decisiones.
“Pégate a Dios, arrodíllate frente a tu cama y encomiéndate a la Santa Cruz porque yo no puedo ayudarte”, le aconsejó la señora Ulloa a una publicista que durante 13 años de servicio venía recibiendo las más altas calificaciones, pero tenía que irse porque la negligencia de funcionaros de talento humano, que olvidaron actualizar el manual de funciones, le impidió concursar para permanecer en su cargo.
Corría entonces la última semana de mayo de 2025 y otros funcionarios en similares condiciones -pero con mejor padrinazgo político- estaban consiguiendo quedarse en la Superintendencia como contratistas. La publicista, especializada en gerencia de proyectos y titulada en Londres en administración de negocios, buscó ser reenganchada por prestación de servicios. La respuesta volvió a ser “no”. La Coordinadora del Grupo de Trabajo de Administración de Personal le dijo esta vez que ya se le había acabado la plata para la provisión de contratistas.
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Pero la respuesta no parecía creíble porque por esos mismos días, a espaldas de un conflicto de intereses, llevó como contratista a su nuera Nery Achury Espitia, quien desde el primero de febrero de 2012 ha ido y vuelto a la entidad. Sin embargo, al responder por escrito una consulta de Las2Orillas sobre el tema su suegra asegura que, aunque su nuera está defectivamente allí, ella no participó en su proceso de contratación. “La supervisión, evaluación y autorización del contrato corresponde a otras dependencias, por lo cual ni mi rol funcional ni mi vínculo familiar tienen incidencia alguna en su celebración o ejecución”, asegura.
La psicóloga quita y pone funcionarias regida por su voluntad
Mientras los servidores más antiguos y mejor calificados presencian con sobresaltos un desfile clientelista en esta época de precampañas, los que son despedidos comprueban que no pesan tampoco las razones humanitarias pese a que, como dice uno de ellos, “este el Gobierno de la vida”. Dora Poveda Torres, secretaria de la subdirección Financiera, se quedó sin empleo pese a que exhibió la historia clínica que acreditaba que estaba recibiendo un tratamiento de inmunoterapia tras ser diagnosticada con cáncer. “Me dijeron que la historia no valía y que tenía que presentar una certificación expedida por un oncólogo. La señora Ulloa, coordinadora de Personal me prometió que me buscaría una vacante, pero al final no pude llegar a ninguno de los cargos feriados para otros”, recuerda Dora.
El caso que conmovió a los empleados de la SIC
Pero lo que sí conmovió a la Superintendencia fue una historia escrita por Miguel Ángel Zambrano Ulloa sobre documentos que certifican una posible discapacidad física vitalicia de su parte. Zambrano es hijo de quien funcionarios de la entidad denominan “la dama de hierro de la nómina”. Documentos en poder de Las2Orillas muestran que Zambrano consiguió que le certificaran esa discapacidad y consiguió su nombramiento. Ninguno de sus compañeros que, al igual que su esposa, lo han visto rotar por varias dependencias desde años anteriores había advertido jamás que presentara algún tipo de limitación física.
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La madre de Zambrano acepta el vínculo, pero asegura que tampoco en el nombramiento de su hijo tuvo injerencia porque él ha estado vinculado a la Superintendencia desde 2023, antes de que ella llegara al cargo. De todas maneras, defiende como una “acción afirmativa” prevista en la ley el hecho de que su vástago haya tenido acceso al cargo como protección por su discapacidad.
Hoy madre, hijo y nuera dibujan lo que parece ser un círculo de nepotismo, un carrusel de la felicidad con cargo a la nómina de la entidad. La señora Ulloa también niega tajantemente esa observación y responde: “No. Conforme a lo señalado por la Función Pública y a la jurisprudencia disciplinaria, no existe inhabilidad o incompatibilidad para que dos o más familiares trabajen en una misma entidad, salvo que uno de ellos tenga competencia para nombrar o contratar al otro, lo cual no se configura en este caso”.
“Para los demás funcionarios el hecho de tener una discapacidad debe equivaler prácticamente a estar en una unidad UCI, pues de otra manera nadie la acepta”, comenta un servidor que teme por su cargo pese a estar en el llamado “reten social” por su proximidad a la edad de pensión.
La SIC privilegia la interpretación de la sentencia SU-003 DE 2018 Y T-421/24 que permite el retiro de prepensionados para darles prioridad a los discapacitados. “Por lo pronto existen muchas dudas sobre el señor Zambrano, tratándose justamente del hijo de una de las personas que está a cargo de la lista de elegibles de la entidad y que no se haya declarado impedida de hacer este trabajo”, señala un dirigente sindical.
Cielo Rusinque manda hacia afuera pero internamente delega
Las quejas no escalan hasta el despacho la superintendente Rusinque. Ella ha hecho saber que la instancia válida para darles trámite la representa su Coordinadora del Grupo de Trabajo de Administración de Personal. El secretario general, Gabriel Turbay Velandia, no respondió las quejas documentadas por la publicista que no pudo seguir en su cargo porque el manual de estilo decía que sus funciones tenían un núcleo básico de conocimiento asociado a la creatividad y no a un ejercicio de carácter comercial. Turbay, dicen sus funcionarios de confianza, ya está de salida y no quiere generarse complicaciones.
Mientras tanto, los funcionarios nombrados a dedo reflejan falta de preparación y se ven desbordados por sus obligaciones. Por eso no pocos despedidos han regresado para trabajar como contratistas.
El asunto queda ahora en manos de los órganos de control.
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