Colombia necesitaba sin lugar a dudas una reforma pensional, ya que el pésimo diseño de la Ley 100 estableció un sistema donde en vez de haber unificado todos los regímenes especiales en uno solo creó dos modelos compitiendo entre sí: el de prima media (Colpensiones) y el de ahorro individual (Fondos privados). Al establecer ese modelo de fondos privados, no solo hizo casi imposible el obtener una pensión digna, sino que además, generó un hueco fiscal enorme.
Tal hueco se produce porque los regímenes de ahorro individual en cabeza de los fondos privados, disminuyen la cantidad de cotizantes que en el de prima media deben garantizar las pensiones de quienes están ya jubilados. Por tanto, al ser mayor el número de jubilados al de cotizantes, sumado a la existencia de megapensiones, llevó a que esa diferencia monetaria tuviera que ser cubierta con dinero del presupuesto. Es decir, la Ley 100 en vez de haber corregido los errores del modelo previo, lo que hizo fue agravarlos. Un régimen único de prima media con prestación definida hubiera evitado esto, pero en su momento no se hizo.
Para corregir estos errores, lo lógico de cualquier reforma pensional sería eliminar lo negativo de la Ley 100, es decir, los fondos privados, creando un sistema único de seguridad social bajo el modelo de prima media con prestación definida (el administrado por Colpensiones). Sin embargo, esto no se hizo con la reforma actual.
Por ello, en momentos en los cuales la Corte Constitucional discute sobre la reforma pensional y hay ponencia negativa respecto a su aprobación, originada en vicios de trámite, se debiera mencionar que la inconstitucionalidad debería darse no solo por esto, sino por vicios de fondo. En especial, por arrebatarle el sueño de una vejez digna a millones de colombianos menores de 40 años.
La reforma pensional fue una traición de Petro y el Pacto Histórico a los jóvenes y menores de 40 años que lo apoyamos de forma masiva. En un momento en el que los Fondos Privados de Pensiones estaban extinguiéndose debido a que los cotizantes se dieron cuenta de la estafa que éstos representan y de manera masiva estaban migrando al régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones, llegó el actual gobierno a salvarlos.
Sin la reforma pensional actual, los Fondos Privados se hubiesen extinguido en menos de una década, lo que aumentaría la base pensional de Colpensiones y haría que este sistema se volviera viable financieramente.
Votamos por Petro para que acabara de una vez por todas con los fondos privados de pensiones y dejara un único sistema público de prima media. En varios de sus discursos de campaña, el actual Presidente fue crítico de los fondos privados, lo cual para cualquier persona enterada de cómo funciona el sistema de seguridad social, es lo lógico.
Sin embargo, luego empezó a hablar del sistema de pilares, propuesto por la banca financiera internacional. Aun así, siempre afirmaba que sería obligatorio que en el primer pilar se cotizara a Colpensiones (eso se cumplió) pero que fuera de libre escogencia a donde se cotizaba en el segundo pilar.
Es decir, se dio a entender que podríamos escoger entre cotizar en ese segundo pilar al fondo privado o seguir cotizando al sistema de prima media de Colpensiones y así preservar las expectativas de una única pensión liquidada sobre el total de aportes bajo las reglas del modelo de prima media con prestación definida.
Sin embargo, esa promesa de campaña NO se cumplió. Con la reforma aprobada, Colpensiones solo reconocerá pensiones sobre el máximo el 80 % de 2.3 Salarios. Quien gane más de eso debe cotizar a fondos privados, dónde las probabilidades de obtener un segundo ingreso no solo son mínimas sino prácticamente inexistentes.
Esto se agrava en el caso de aquellos que llevan varios años cotizando al sistema de Colpensiones y que no alcanzan las 750 semanas si son mujeres, o las 900 semanas sin son hombres, ya que al carecer de aportes en fondos privados, es imposible lograr que éstos reconozcan monto alguno al momento de la jubilación. Por tanto, a lo máximo que se podrá aspirar será a una pensión de alrededor de 1.800.000 pesos. Una miseria para lograr sobrevivir en ciudades como Bogotá, donde el valor de un arriendo está incluso por encima de ese precio la media.
Pero lo grave de esto, es que la reforma actual no garantiza una pensión a personas de escasos recursos e históricamente excluidas, ya que al no acabar con los fondos privados, el aumento de la base poblacional cotizante a Colpensiones será mínima, por lo que los problemas financieros de esta entidad seguirán existiendo. Aun así, se disfraza como "pensión" un subsidio de 240.000 a mayores de 80 años, mientras que a los menores de eso, será de míseros 84.000 pesos. Eso es prorrogar la miseria, no es ninguna “pensión”.
Si realmente se quería una reforma que pudiera dar una pensión digna de al menos 1 salario mínimo a las personas de escasos recursos y un ingreso digno a quienes han cotizado toda la vida, esto se hubiera podido hacer. Solo se necesitaba voluntad política para ello. Solo se necesitaba acabar de una vez por todas el pésimo sistema de ahorro individual con solidaridad en cabeza de los fondos privados y haber aumentado la edad de jubilación hasta encontrar un punto de equilibro, de manera tal que la base poblacional cotizante pudiese financiar las pensiones de los ya jubilados.
Para esto, no importa que la nueva edad de pensiones fuese los 65 o a los 70 años. Cualquier edad es positiva siempre y cuando se garantice una pensión digna. De nada sirve mantener la edad actual (62 y 57) si esto implica que a partir de ese momento, el destino va a ser la calle y la miseria. Además de la unificación del sistema pensional en un modelo único de prima media (actualmente administrado por Colpensiones) y el aumento de la edad de jubilización, también era imprescindible establecer porcentajes diferenciados y progresivos de aporte pensional en los cotizantes, de manera tal que quienes ganen más deberían cotizar de manera progresiva un porcentaje mayor a seguridad social.
Finalmente, sí se necesitaba un tope a las megapensiones, pero este no puede ser del 80% de 2.3 salarios, lo que ni siquiera vale un arriendo en ciudades colombianas. Un tope es disminuir megapensiones a congresistas y altos cargos burocráticos, los cuales tienen privilegios que no han sido tocados por el actual Gobierno. Justicia social sería obligar a comerciantes y a empresarios “independientes” que no cotizan a seguridad social o lo hacen sobre un salario mínimo a que cotizasen sobre lo que realmente ganan.
Pero nada de eso se hizo con la reforma actual. Lo que se hizo fue aplicar recomendaciones neoliberales puras y duras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, destinadas a salvar a los fondos privados. Esto NO es justicia social. Esto NO es por lo que la verdadera izquierda ha luchado toda la vida.
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