Lo que más le duele hoy al pueblo no es si la EPS se llama Sanitas, Nueva EPS o cualquier otra. Lo que verdaderamente le duele a la gente es no tener una cita médica, no recibir sus medicamentos, o no encontrar un especialista cuando lo necesita.
Cada vez hay más filas, más excusas, más vueltas… y menos soluciones. Lo que antes demoraba días, ahora toma meses. Y mientras tanto, la enfermedad avanza y el paciente sufre.
¿Quién tiene la culpa?
El presidente Gustavo Petro, su exministra Carolina Corcho y su actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Dijeron que iban a cambiar el sistema para “salvarlo”. Pero no lo planearon. No consultaron a los expertos. No escucharon a los médicos ni a los pacientes.
Sacaron a quienes manejaban las EPS más grandes y pusieron fichas políticas, muchas sin experiencia ni conocimiento técnico. El resultado no fue una mejora. Fue un colapso en cámara lenta.
Prometieron salvar y hundieron
Sanitas, una EPS que atendía bien a más de 5,7 millones de usuarios, fue intervenida sin pruebas suficientes. La Corte Constitucional declaró esa intervención ilegal, y ahora el Estado colombiano podría enfrentar una demanda por más de $3 billones y se vendrán algunas EPS de las 9 intervenidas.
¿Quién pagará si se pierde? Usted. Nosotros. Los contribuyentes. Así de irresponsable fue esa decisión.
El enfermo es el ciudadano
En 2024 se registraron más de 1,6 millones de quejas en salud. La mayoría no son por procedimientos complejos: son por una cita, una autorización, un medicamento básico.
Y si no hay respuesta, toca acudir a los jueces. En 2020 hubo 60.000 tutelas por salud. En 2024, ya vamos en 175.000. ¿Qué sistema serio obliga a los pacientes a demandar al Estado para poder ser atendidos?
Los centros de atención sin medicamentos: ¿prevención de qué?
El Gobierno ha insistido en que está apostando por la atención primaria preventiva como gran bandera del nuevo modelo. Pero esa narrativa no se sostiene cuando los centros de atención carecen de medicamentos básicos, de insumos clínicos y de personal capacitado.
En varias regiones del país, las personas llegan a los puntos de atención “territorializados” para un control médico, y les dan una fórmula que no pueden surtir, porque la farmacia no tiene el medicamento o no hay convenio con ninguna droguería cercana.
Lo llaman prevención, pero en realidad es abandono.
La plata sí está, pero se despilfarra
En 2024 el gobierno gestionó 48 billones de pesos en salud. Pero ADRES, que ahora gira los recursos directamente a clínicas y hospitales, lo hizo sin auditorías ni filtros. Antes, las EPS verificaban. Hoy, se paga sin control.
El resultado: corrupción, malgasto, clínicas sin recursos y pacientes sin atención.
Los escándalos, como los pacientes, se acumulan
La esposa del ministro Jaramillo fue denunciada por contratos inflados y opacos en hospitales públicos.
Informaron que el exsuperintendente Luis Carlos Leal denunció este esquema en Coosalud, señalando irregularidades en los giros de ADRES y en el favorecimiento de IPS vinculadas institucionalmente a funcionarios del gobierno, incluyendo menciones a Laura Sarabia
El desabastecimiento de medicamentos llegó a niveles críticos: escasean insulina, anticonvulsivos y antibióticos.
Interventores sin requisitos fueron nombrados en EPS intervenidas. No tenían formación ni experiencia.
Y uno de los escándalos más graves: la salida del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien quiso hacer lo correcto.
El caso Leal: castigar la honestidad
Luis Carlos Leal fue nombrado como superintendente de Salud con el compromiso de ejercer un control riguroso y técnico. Sin embargo, cuando intentó denunciar irregularidades en los giros de ADRES y en la intervención de EPS sin fundamentos técnicos, se convirtió en una piedra en el zapato.
Leal cuestionó la politización del sistema, los nombramientos irregulares y la opacidad en los contratos. También se opuso al uso de un software sin trazabilidad que validaba facturas sin soporte. Cuando advirtió que la salud estaba en riesgo, fue removido del cargo sin explicación clara.
Su pecado: decir la verdad. Su castigo: ser apartado por un gobierno que prefiere leales antes que íntegros.
Petro, Corcho y Jaramillo deben responder
Esto no fue un accidente. Fue una política. Una línea de mando con nombres propios.
Carolina Corcho justificó “romper el sistema” para forzar una reforma. Petro se burló con su famoso “chuchuchú”, como si el sufrimiento de millones fuera un meme. Y Jaramillo, lejos de corregir, siguió el camino del daño ideológico.
¿Y mi cita, doctor?
Eso es lo que pregunta el colombiano común. No quiere ideología, ni retórica, ni excusas. Solo quiere que lo atiendan.
La salud es vida. Y jugar con eso no es solo negligencia: es una traición. Hoy, más de 24 millones de colombianos están pagando con dolor, espera y angustia los errores de un gobierno que prometió salvar la salud… y la dejó en cuidados intensivos.
La crisis de salud en Colombia no es un accidente: es el resultado de malas decisiones, corrupción, improvisación y soberbia política.
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