La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de formular su primera sentencia contra los miembros del último Secretariado de las FARC-EP. Se trata de la condena por el macrocaso 01, correspondiente al delito de secuestro, denominado como Toma de Rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc. Cabe anotar que los condenados habían admitido plenamente su responsabilidad en fases previas del proceso.
Según lo expuesto por el magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, de la Sección de Reconocimiento de la Verdad, el haber reconocido su responsabilidad en los hechos investigados, así como el haber suministrado verdad exhaustiva y detallada, hizo que los condenados, de conformidad con el Acuerdo Final de Paz del 2016, pudieran acceder a lo que se denominó sanciones propias del sistema, en este caso una pena máxima de ocho años.
La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición pactado en el punto cinco del mencionado Acuerdo, y no se trata de la clásica justicia punitiva, sino de un tipo de justicia transicional encaminada a poner fin al conflicto armado, contribuir a la construcción de la paz, la justicia, verdad y la reparación de las víctimas. Parte de que los hechos que juzga se dieron en medio de una grave confrontación armada.
Que desde luego tuvo un carácter político. Una lucha que enfrentaba dos alternativas, o la derrota total de uno de los bandos enfrentados y la victoria del otro, o una solución dialogada, incruenta, producto de conversaciones de paz y acuerdos definitivos. Tras más de medio siglo de desangre, en los que la primera de las alternativas descritas nunca pudo conseguirse, las partes enfrentadas hallaron un punto de encuentro que puso fin a su enfrentamiento.
Un Acuerdo que no se limitó a la voluntad de las dos partes, sino que obtuvo toda legitimidad internacional, de conformidad con los principios y normas del derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nada de lo pactado desconocía o contrariaba esa legalidad inviolable. Fue lo que ratificaron las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
Con participación permanente en las conversaciones de un delegado oficial del gobierno de los Estados Unidos, que dio su visto bueno final. El Estado colombiano y la organización insurgente más antigua del continente sellaron un pacto de paz, encaminado a dar solución a las causas que habían originado y alimentado el conflicto, la tierra, la falta de democracia, el narcotráfico, el abandono estatal. E idearon un marco para administrar justicia por los crímenes de las dos partes.
Lo que seguía era la implementación de ese Acuerdo, compromiso solemne que suscribió el Estado colombiano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No estamos hablando de ningún pacto callejero, sino de uno de los más serios y formales jamás suscritos. Los enemigos de ese Acuerdo de Paz, con todo el ruido mediático que pudieran hacer, no pasaban de ser extravagantes fanáticos del odio y la violencia.
La paz, la reconciliación y la reparación valían más que todo su veneno
La paz, la reconciliación y la reparación valían más que todo su veneno. Ese fue el reto asumido por las antiguas FARC. Poner en una balanza las posibilidades de transformación económica, política y social del país, sobre la base de acabar para siempre los enfrentamientos armados que destruían nuestro futuro como nación, contra los intereses de un sector minoritario, pero muy poderoso económicamente, que defendía un orden de cosas abiertamente atrasado e injusto.
Desde la firma del Acuerdo ha sido intenso y en gran parte desigual ese pulso. Un sector de los grupos económicos y políticos que dominaron centenariamente en la vida del país, entendió la importancia de lo acordado y lo que valía cumplirlo. Pero otro, incrustado en múltiples entidades oficiales de las tres ramas del poder, se empecinó en sabotear e impedir su implementación. Lo cual incluye una inmensa campaña de falsedades y difamación.
Que se pone hoy al orden del día con la sentencia de la JEP. Lo único que demuestra este fallo es que las antiguas FARC no solamente dejaron las armas, se reincorporaron a la vida civil, se dedicaron a la reincorporación política, económica y social en medio de enormes dificultades, sino que, además, comparecieron ante la justicia, reconocieron sus responsabilidades, pidieron perdón por sus crímenes y aceptan serena y dignamente los fallos en su contra.
Es decir, que son las antiguas FARC las que están cumpliendo al pie de la letra con el Acuerdo, que absolutamente nada se les puede reprochar en ese sentido. Por lo que tienen plena autoridad para exigir del Estado que cumpla también su parte. Que los actores estatales y privados del conflicto comparezcan y confiesen sus culpas, que no dejen a sus millones de víctimas a la espera. Que se implementen todos y cada uno de los puntos pactados.
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