Recuerdo que, en los tiempos del Caguán, en medio de las frustradas conversaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, visité, en compañía de Iván Rios, al comandante Alfonso Cano, quien tenía instalado su campamento a unos cuantos minutos de la ciudad de San Vicente. Conversamos de manera amena sobre diversos temas de actualidad, entre ellos el del incremento de los cultivos de coca en el país.
Aún retengo la expresión de perplejidad de Alfonso cuando leía, ante nosotros, que, según los más recientes informes del campo internacional, las hectáreas de coca sembradas en Colombia ascendían a 120.000. No podía creer que se hubiera llegado a tanto. Y en todo caso, eso significaba un grave problema para el país. Me pregunto cuál sería su reacción hoy, cuando las noticias hablan de más de 300.000 hectáreas sembradas en coca.
Del año 2000, en que se llevaba a cabo aquel encuentro, han trascurrido 25 años. En aquella época, recién se había puesto en marcha el llamado Plan Colombia, impuesto por los norteamericanos al gobierno de Pastrana. Se suponía que los millones de dólares aportados por los Estados Unidos para la compra de aviones, helicópteros y la creación de numerosas brigadas móviles de contraguerrilla erradicarían el problema.
Fueron más de diez mil millones de dólares aportados durante la primera década de este siglo, para supuestamente combatir el flagelo de las drogas. Colombia alcanzó a tener el segundo ejército más grande de Latinoamérica, con cerca de medio millón de efectivos en pie de guerra, que penetraron a los rincones más escondidos de la geografía nacional con el objetivo de erradicar los cultivos y someter a los cultivadores. Lo de hoy es el reconocimiento del fracaso de todo eso.
Sin embargo, aquello significó la represión más cruenta de la historia de Colombia. Ese ejército, de manos del paramilitarismo, fue responsable directo del desplazamiento forzado de millones de compatriotas, de decenas de miles de colombianos desaparecidos, de la política de sangre y fuego que condujo a los llamados falsos positivos. En aquellos años Colombia destinaba 22.000 millones de pesos diarios para la guerra.
Las FARC siempre sostuvieron que el problema de las drogas era un producto inevitable de la sociedad capitalista, un enorme negocio del que se beneficiaban clanes políticos, grupos económicos y la gran banca internacional, última receptora de los centenares de miles de millones que producía el negocio. De allí que plantearan que antes de perseguir al campesino cultivador, había que dirigir los esfuerzos contra esos poderes en la sombra.
Fue con esa filosofía que se abordaron los diálogos de paz de La Habana, específicamente durante los largos meses destinados a discutir sobre el tema en mención. El punto 4 del Acuerdo Final de Paz se dedicó exclusivamente a eso, y en últimas terminó siendo un acuerdo concertado entre el Estado colombiano y la extinta insurgencia, para poner fin, de la manera más inteligente y práctica, al azote del narcotráfico que nos hacía un país con mil desgracias.
El asunto no podía dejar de lado la situación del campesinado, y por eso quedó expresamente establecido que había que aplicar de manera integral no sólo todos los puntos del Acuerdo, sino específicamente el punto 1 sobre reforma rural integral. De esa manera, podría conseguirse una sustitución voluntaria de los cultivos por parte de las decenas de miles de familias que recurrían por necesidad a esa actividad ilícita.
Desaparecidas las FARC, principal caballito de batalla de quienes atribuían a estas la responsabilidad por el narcotráfico imperante, era de esperarse, según esa lógica, que los cultivos de uso ilícito desaparecieran también. Sin embargo, desde 2017, cuando la cifra de hectáreas alcanzaba 171.000, sin las FARC alcanzan hoy el impresionante cálculo de más de 300.000.
Mentes obtusas y fanáticas insisten en responsabilizar al Acuerdo de Paz como el principal factor de la multiplicación en los cultivos y la producción de cocaína
Las mentes obtusas y fanáticas insisten en responsabilizar a la firma del Acuerdo de Paz como el principal factor de la multiplicación en los cultivos y la producción de cocaína, cuando, si se lo piensa bien, la responsabilidad de lo ocurrido recae fundamentalmente en el abierto incumplimiento estatal de los Acuerdos de La Habana. No se implementó ni la quinta parte de la reforma rural integral y mucho menos se llevó a cabo la tarea prevista en el punto 4 sobre drogas ilícitas.
Fueron la desaparición de las FARC y la ausencia del estado en los territorios, las que dieron lugar a la profusión de bandas armadas que adoptaron esa sigla para encubrir su carácter mafioso, en conexión con los grandes carteles mexicanos, sectores corruptos de las fuerzas militares y la clase política. Resulta sorprendente la coincidencia entre los territorios más extensamente sembrados en coca y la presencia dominante de esas bandas en ellos.
Como resulta evidente que fue durante el gobierno de Duque, enemigo declarado del Acuerdo de Paz, que nacieron y se reprodujeron de ese modo las bandas criminales.
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